Gobierno retiró el proyecto que afectaba directamente a las aplicaciones de transporte y sancionaba a los usuarios

El Gobierno nacional anunció el retiro del Proyecto de Ley 347 de 2026, que pretendía fortalecer los mecanismos de inspección, vigilancia y control en el sector transporte. La decisión se produce tras las críticas de diversos gremios y actores del sector, que advirtieron sobre posibles efectos negativos para plataformas digitales de movilidad como Didi, Uber y Yango.

La iniciativa, presentada por el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte, proponía un régimen sancionatorio más estricto frente al transporte informal.

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Entre las medidas contempladas se encontraban sanciones económicas, inmovilización de vehículos y restricciones que podrían afectar a las aplicaciones de transporte, generando preocupación en conductores y usuarios por igual.

Luis Gabriel Serna, jefe jurídico de la Superintendencia de Transporte, explicó que el retiro responde a la necesidad de ajustar ciertos artículos del proyecto para brindar mayor claridad a la opinión pública: “Considerando las múltiples y sincrónicas, erradas interpretaciones de algunos artículos del Proyecto de Ley 347 del 2026, recientemente erradicado en el Congreso, conocido más como régimen sancionatorio del sector transporte”.

“El Gobierno nacional decidió retirarlo para hacer algunos ajustes al articulado, de tal manera que transmita mayor claridad a la opinión pública y sea el reflejo de las mesas de negociación que se han venido adelantando con los gremios de carga”, señaló Serna.

Y es que gremios del sector transporte habían señalado que algunas disposiciones del proyecto podían impactar negativamente tanto en los conductores como en los usuarios de aplicaciones digitales de movilidad. Las críticas se centraban en la posible afectación de la operación de plataformas como Didi, Uber y Yango, y en la falta de claridad sobre cómo se aplicarían las sanciones frente al transporte informal.

Ante la controversia, el Gobierno decidió suspender temporalmente el trámite legislativo para revisar el articulado y garantizar que las medidas reflejen los acuerdos alcanzados con los gremios. La intención es lograr un equilibrio entre la regulación del transporte ilegal y la protección de la movilidad digital, evitando afectaciones desproporcionadas.

Hasta el momento, no se anunció una nueva fecha para la presentación del proyecto ajustado; sin embargo, las autoridades aseguraron que mantendrán el diálogo con los diferentes actores del sector para construir una propuesta que combine control efectivo con seguridad jurídica para las plataformas de transporte y sus usuarios.

La decisión del Gobierno provocó expectativa entre conductores y empresas de movilidad, que habían mostrado preocupación por la rigidez de algunas de las medidas propuestas.

De qué se trata el polémico proyecto que puso en ‘jaque’ al Gobierno en términos de movilidad

El Proyecto de Ley 347 de 2026, anteriormente conocido como el régimen sancionatorio del transporte, tiene como objetivo principal actualizar las normas de inspección, vigilancia y control del sector transporte, que el Gobierno considera obsoletas.

El proyecto se enfoca en tres aspectos: combatir la ilegalidad del transporte informal, proteger a los usuarios frente a abusos y mejorar la seguridad vial mediante controles técnicos más estrictos.

No obstante, los puntos más controversiales fueron las medidas que afectaban a las plataformas digitales de movilidad como Uber, Didi, Yango y Cabify. El proyecto original proponía sanciones severas, como el bloqueo de aplicaciones, multas de hasta $4,7 millones para los usuarios de estos servicios y la inmovilización de vehículos de conductores por hasta 120 días.

Tras las críticas de gremios, conductores y sectores políticos, el Gobierno decidió retirar el proyecto para ajustar el articulado y evitar interpretaciones erróneas. El Ministerio de Transporte se comprometió a socializar el proyecto en mesas de trabajo para lograr un consenso que regule el sector sin ser percibido como una “persecución” a los trabajadores del transporte.

Aunque el proyecto fue suspendido temporalmente, el Gobierno dejó claro que volverá a presentarlo con modificaciones que busquen equilibrar la regulación y no prohibir de forma tajante.