El Gobierno del presidente Gustavo Petro firmó un nuevo contrato por $185.374 millones para la producción y personalización de pasaportes, un acuerdo que ha comenzado a generar cuestionamientos debido a su monto, su objeto y los antecedentes recientes en este proceso.
El contrato fue suscrito en enero y se convierte en el tercer convenio firmado durante esta administración con el mismo propósito, en medio de una fuerte vigilancia por parte de los organismos de control.
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La existencia del contrato se conoce en un contexto en el que El Tiempo reveló que, en menos de 30 días, el Ejecutivo realizó 9.282 nombramientos y suscribió 213 contratos con distintas firmas, por un valor que alcanza 1,3 billones de pesos. Aunque muchos de estos procesos se adelantaron antes de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías, el contrato de pasaportes no estaba sujeto a esa restricción legal. No obstante, su cuantía y los antecedentes administrativos llaman la atención.
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Objeto contractual y publicación en el Secop
El contrato fue publicado en el Secop II el jueves 29 de enero a las 7:30 de la noche. De acuerdo con el documento oficial, su objeto es “producir y prestar el servicio de personalización, custodia y distribución de libretas de pasaportes, así como el servicio de impresión, almacenamiento y entrega de etiquetas de visa colombiana con zona de lectura mecánica”, bajo precios unitarios para el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Este nuevo acuerdo resulta particularmente relevante porque es el tercer contrato firmado con el mismo objeto durante el actual gobierno, lo que incrementa las dudas sobre la planeación y la estrategia adoptada por el Ejecutivo en un proceso considerado clave para la administración pública y la seguridad del Estado.
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Antecedentes bajo investigación de la Procuraduría
La firma del nuevo contrato se produce tres meses después de que la Procuraduría General de la Nación revelara presuntas irregularidades en el convenio suscrito entre la Cancillería, la Casa de la Moneda de Portugal y la Imprenta Nacional. En octubre pasado, el ente de control presentó una demanda solicitando la nulidad absoluta del contrato, argumentando inconsistencias de fondo.
Actualmente, está pendiente una medida cautelar que podría ordenar la suspensión inmediata de dicho convenio, lo que ha llevado a distintos sectores a considerar que el nuevo contrato podría operar como un mecanismo alternativo en caso de que prospere la decisión judicial.
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Quiénes firmaron y cuánto cuesta el contrato
Según la minuta contractual, el acuerdo fue firmado por Elvira Sanabria, en representación del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, y por Viviana León, directora de la Imprenta Nacional. El documento no establece una fecha de inicio específica, pero fija como plazo de ejecución hasta diciembre de 2026.
El valor total del contrato asciende a $185.374.493.464, suma que incluye IVA y otros impuestos. Con este nuevo compromiso, el monto acumulado de los contratos de pasaportes firmados durante el Gobierno Petro supera los $1,49 billones, una cifra que ha generado cuestionamientos frente a los anuncios oficiales de austeridad y eficiencia en el gasto público.
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Promesas de economía y realidad contractual
La situación resulta aún más controvertida si se tiene en cuenta que, tras declarar desierta la licitación que había sido adjudicada a Thomas Greg & Sons, el Gobierno señaló que buscaba mayor economía, transparencia y control del proceso. Sin embargo, ante las dificultades operativas y la falta de preparación, el Ejecutivo tuvo que volver a contratar a la misma empresa en dos ocasiones, bajo la figura de urgencia manifiesta.
Con la firma del nuevo contrato, se abre nuevamente la posibilidad de subcontrataciones, especialmente cuando el contrato actualmente vigente expire en abril próximo, lo que mantiene la incertidumbre sobre la continuidad del servicio y el esquema definitivo de producción de pasaportes en el país.
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