La compañía colombiana que desarrolla una estación remota para defensa antidrones: sería clave en lucha contra grupos armados ilegales

La empresa MVO Defense Systems de Colombia ha iniciado el desarrollo de una nueva estación remota de armas destinada a integrar ametralladoras de cañones rotativos.

¿El objetivo? Está pensada para reforzar la defensa contra drones mediante el uso de sistemas hard-kill de corto alcance.

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De acuerdo con la compañía, la comercialización de estas estaciones remotas y sistemas coheteros se orienta principalmente a América y Europa Oriental, destacó el portal especializado Infodefensa.

Dentro de sus productos se encuentra el sistema múltiple de lanzamiento de cohetes Cóndor SLT 70/12-II, que permite el uso de munición de 70 mm con cabeza de guerra HE (alto explosivo, por sus siglas en inglés) o AT (antitanque).

Además cuenta con la posibilidad de operar con munición guiada por láser mediante designadores compatibles, y con ello aumenta la precisión y flexibilidad de las operaciones.

El desarrollo de la nueva estación remota de armas está liderado por el ingeniero Anderson Valencia, jefe de diseño, y aprovecha la experiencia previa de MVO en este segmento, con estaciones propias desplegadas en las Armadas de Colombia y Brasil.

Entre los modelos anteriores diseñados y fabricados por la firma —que incluyen las RWS T-12, T-20, T-25 y la Thor-Manual-Turret, esta última ideada para vehículos MRAP (resistente a minas y emboscadas) y APC (vehículo blindado de transporte de tropas)—, la empresa asegura contar con las patentes respectivas y capacidades para integrarlas en plataformas terrestres, navales y montajes tanto manuales como remotos.

Esta tecnología podría ser clave en medio de las ofensivas militares que realiza el gobierno colombiano en contra de las estructuras criminales, como por ejemplo las disidencias de las Farc que realizan atentados en departamentos como Cauca, donde el modus operandi más recurrente son los ataques con drones.

En otras zonas como Valle del Cauca y el norte del país (como en el Catatumbo, Norte de Santander) esta clase de embestidas que también copiaron el Clan del Golfo (Ejército Gaitanista de Colombia —EGC—) y ELN (Ejército de Liberación Nacional), ha llevado a que desde la administración de Gustavo Petro y desde el Ministerio de Defensa, liderado por Pedro Arnulfo Sánchez, se tomen cambios en la estrategia para dar con los máximos cabecillas que tienen bajo su tutela a los brazos armados que ejecutan dichos irrupciones.

Las disidencias de las Farc y el ELN, con los drones de aliados

La brecha tecnológica entre la fuerza pública colombiana y los grupos armados ilegales se acentúa tras la incorporación de drones operados con tecnología de fibra óptica por parte del ELN y las disidencias de las Farc.

Esto ha dejado obsoletos los sistemas antidrones adquiridos por las autoridades, dado que al no requerir de señales de radio convencionales, estos dispositivos burlan los bloqueadores implementados por Ejército y Policía, comprometiendo así la seguridad en regiones sensibles y obligando a un replanteamiento urgente de las estrategias de defensa.

Fuentes le indicaron a Infobae Colombia sobre la facilidad con la que estos grupos acceden a tecnología de fibra óptica.

Se trata de un recurso relativamente económico, cuya adquisición está sujeta a restricciones de comercialización notablemente bajas, y facilita la rápida expansión de su uso entre organizaciones armadas.

Esta realidad inquieta a los organismos estatales, que advierten sobre un inminente aumento en la capacidad operativa de los actores ilegales.

Los reportes consultados por este medio confirman que el ELN encabeza el proceso de compra de estos equipos, presuntamente importados desde Europa.

Las operaciones de adquisición estarían a cargo de alias Caballo de Guerra, señalado como líder del frente Juan Fernando Porras Martínez, con el propósito de potenciar ataques en zonas como Catatumbo, Cauca y Arauca.

Asimismo, alias Drácula, capturado a fines de 2025, habría gestionado la logística tecnológica, una muestra de cómo la innovación criminal supera las capacidades estatales disponibles.

Una evidencia del uso reciente de este sistema la constituyen los restos de fibra óptica hallados en las copas de árboles de áreas selváticas, según revelaron las fuentes.

Este hallazgo provoca preocupación, no solo desde el punto de vista de la seguridad, sino también ambiental, debido al riesgo que implica la acumulación de materiales no degradables en ecosistemas ya vulnerables.

En el ataque del 16 de enero en la vereda Palmeras, municipio de Tibú, Norte de Santander, un dron cargado con explosivos cayó sobre posiciones del Batallón de Despliegue Rápido N° 9, provocando la muerte del soldado profesional Juan Esteban González Sánchez y lesiones a otros cuatro militares.

El hecho fue atribuido al frente Juan Fernando Porras Martínez del ELN y derivó en el inmediato rechazo del Ejército, que lo calificó como una violación de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario y anunció apoyo a la familia del fallecido.

Los heridos fueron trasladados de urgencia a un centro asistencial en Cúcuta.

En qué consiste esta tecnología de los drones que usan las disidencias de las Farc y el ELN

El avance de los drones controlados por fibra óptica reside en su capacidad para modificar el canal de comunicación durante el vuelo, evadiendo así los bloqueadores tradicionales, que solo afectan una frecuencia cada vez.

Además, esta tecnología permite que los operadores remotos cambien de ubicación, dificultando la detección de quienes están a cargo del dispositivo y ampliando su área de acción.

Esto lo que representa una ventaja especialmente grave en zonas rurales y selváticas donde la presencia estatal es limitada.

En consecuencia, las actuales soluciones antidrones, diseñadas para neutralizar ataques con artefactos transportados por aeronaves no tripuladas mediante interferencia de señales, resultan ineficaces ante esta modalidad.

Mientras no se logre una actualización tecnológica inmediata, los dispositivos de la fuerza pública permanecerán obsoletos ante los recursos empleados por los grupos ilegales, consolidando así un desequilibrio operativo que favorece a estructuras como el ELN y las disidencias de las Farc.