La Corte Constitucional decidió suspender de manera provisional el decreto de emergencia económica, una determinación que reconfigura el escenario político colombiano a meses de las próximas elecciones y sitúa en el centro del debate las acciones recientes del Gobierno y su impacto institucional.
“PRIMERO. SUSPENDER PROVISIONALMENTE el Decreto Legislativo 1390 del 22 de diciembre de 2025, “[p]or el cual se declara el Estado de Emergencia Económica y Social en todo el territorio nacional”, hasta tanto la Sala Plena de la Corte Constitucional profiera una decisión de fondo”.
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La votación, con una mayoría de seis magistrados frente a dos, pone en pausa la medida impulsada por el presidente de la República, Gustavo Petro, que criticó públicamente la decisión y anticipó posibles consecuencias.
“Ahora vendrán las consecuencias de hundir el decreto de emergencia. Por salvar el impuesto a los megarricos, se trasladará y socializará una crisis mayor, con pago de la crisis, que intentarán en el nuevo congreso que sea de la sociedad, y nosotros buscaremos siempre impedirlo. En el fondo, la sociedad colombiana decidirá quien pagó los efectos de la tasa de interés del Banco de la República y de la especulación de frack del país, solo basta esperar”, expuso el mandatario en su cuenta de X.
En las repercusiones posteriores al fallo, Katherine Miranda, representante a la Cámara por la Alianza Verde, señaló que estas decisiones del Ejecutivo deberían generar alarma sobre el rumbo del proceso electoral venidero, en el que se definirá al sucesor de Petro. La congresista aseguró que ya existen indicios sobre el supuesto uso de recursos públicos para favorecer causas afines al Pacto Histórico, advirtiendo: “Hoy la democracia está en riesgo, hoy no hay libertad de elección porque hay muchas denuncias de contratistas diciendo que los están obligando a llevar hojas con nombres de personas que van a traer a cambio de renovarles el contrato”.
En paralelo, Miranda condenó el enfoque del Gobierno, calificándolo como “discurso populista y mentiroso”. Recordó que fue el propio Ejecutivo quien planteó un presupuesto desfinanciado, y subrayó que los movimientos actuales –firmas masivas de contratos incluidos– solo pretenden “aceitar las maquinarias para la campaña política”.
Para Miranda, el problema va más allá del ámbito económico: “Acá, el problema ni siquiera es el tema económico, sino la forma en la que se están saltando la Constitución, cómo están usurpando las funciones del Congreso”. La aspirante al Senado también reiteró que el proceder de la actual administración vulnera tanto la Carta Magna como los principios democráticos básicos, alertando sobre la profundidad de las consecuencias de cara a los comicios presidenciales.
Las críticas hacia la suspensión del decreto y el trasfondo de su expedición no se limitaron a sectores políticos. Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), en entrevista con Semana, sostuvo que el Gobierno tenía pleno conocimiento de la inconstitucionalidad del decreto. “El Gobierno sabía que esto era inconstitucional, por lo que yo me pregunto hasta qué punto todo esto era un libreto organizado. Yo creo que muchas voces le dijeron al presidente que esto era inconstitucional”, afirmó Mac Master.
Para el líder gremial, el decreto implicaba que los colombianos pagaran más impuestos mientras el Ejecutivo contaba con mayores recursos en un contexto preelectoral. Según Mac Master, la iniciativa está ligada a una estrategia cuidadosamente diseñada, con roles y discursos definidos: “Eso no es responsable con los hogares colombianos”, sentenció.
Mac Master, además, advirtió sobre el riesgo de fomentar desorden social deliberadamente: “Lo que quieren básicamente es un levantamiento, un desorden y que haya heridos, porque al final a lo que terminan conduciendo es a eso. Hay que ser mucho más responsables con Colombia y pensar más en la gente”.
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