El presidente Gustavo Petro se pronunció sobre la decisión de la Corte Constitucional de suspender provisionalmente el decreto de emergencia económica que expidió el Gobierno nacional (Decreto Legislativo 1390 del 22 de diciembre de 2025). La medida aplicará mientras el alto tribunal toma una determinación de fondo sobre el cuestionado decreto.
El primer mandatario rechazó el accionar de los magistrados de la Corte, advirtiendo sobre serias consecuencias que podrían presentarse en el país debido a la suspensión del decreto. Aseguró que de esta manera se está protegiendo la economía de las personas más adineradas de Colombia y que, por eso, la crisis fiscal empeorará.
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“Ahora vendrán las consecuencias de hundir el decreto de emergencia. Por salvar el impuesto a los megarricos, se trasladará y socializará una crisis mayor, con pago de la crisis, que intentarán en el nuevo congreso que sea de la sociedad, y nosotros buscaremos siempre impedirlo”, señaló el jefe de Estado en su cuenta de X.
Afirmó que la población colombiana definirá más adelante quiénes tuvieron que enfrentar el impacto de este tipo de decisiones. “En el fondo, la sociedad colombiana decidirá quien pagó los efectos de la tasa de interés del Banco de la República y de la especulación de frack del país, solo basta esperar”, aseveró.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, también se pronunció sobre la decisión de la Corte, advirtiendo que supone un problema grave, teniendo en cuenta que el decreto surgió como respuesta a la crisis fiscal y a una situación de riesgo porque “no hay con qué pagar” la deuda que tiene el país actualmente.
“Entonces, ¿qué sucede? Al acabar la emergencia social, la Corte Constitucional hoy está protegiendo a los más ricos, a los que tienen, entre 3.000 y 104.000 millones de pesos. No hay derecho a que esto haya pasado”, señaló.
Las razones por las que el Gobierno declaró emergencia económica
El Gobierno nacional expidió el decreto bajo el argumento de que la situación fiscal del país no da espera y de que se requieren recursos adicionales para atender temas prioritarios. Los presupuestos fácticos que presentó la administración como justificación para la declaratoria de emergencia son:
- Cumplimiento del auto de la Corte Constitucional relacionado con la UPC de salud.
- Garantía de seguridad por alteraciones del orden público y agravamiento.
- No aprobación por parte del Congreso del proyecto de ley de financiamiento (reforma tributaria).
- Desastres naturales causados por la actual ola invernal.
- Sentencias judiciales ejecutoriadas pendientes de pago.
- Obligaciones atrasadas de origen legal y contractual pendientes de pago.
- Agotamiento de las alternativas de endeudamiento (Regla Fiscal) y cláusulas derivadas de medidas tomadas por el Gobierno de Estados Unidos.
- Restricciones en la caja de la Tesorería General de la Nación.
El Gobierno argumentó que la Nación está enfrentando una “coyuntura fiscal excepcional” que empeoró debido a “hechos concurrentes y sensibles” que ponen en riesgo la protección de los derechos de los ciudadanos.
“La situación grave e inminente que hoy enfrenta la Nación consiste en la incapacidad material y jurídica de garantizar, de manera continua, oportuna y suficiente, el goce efectivo de algunos derechos fundamentales y la prestación de unos servicios públicos esenciales, debido a una situación fiscal que adquirió el carácter de grave, por la ocurrencia de varios hechos económicos sobrevinientes y concurrentes que afectan de manera extraordinaria la situación actual de las finanzas de la nación”, se lee en el decreto en cuestión.
Sin embargo, de acuerdo con políticos y gremios, no hay ninguna razón válida que justifique la declaratoria de la emergencia económica. Advierten que los puntos expuestos por la Presidencia en el documento no son sobrevivientes ni extraordinarios.
Aunado a ello, han cuestionado el hecho de que se haya responsabilizado al Congreso de la República por haber hundido en dos ocasiones las leyes de financiamiento que propuso el Gobierno, a través de las cuales esperaba completar los presupuestos de 2025 y 2026.
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