Gobierno de Gustavo Petro firmó 85.826 contratos por $5,1 billones en 27 días, denuncia Daniel Briceño: “La crisis no existe para la burocracia”

El gobierno de Gustavo Petro comprometió más de $5,1 billones de pesos en apenas 27 días mediante contratos de prestación de servicios, según denunció el candidato a la Cámara de Representante por el Centro Democrático, Daniel Briceño.

La cifra equivale al presupuesto anual completo de Cartagena, duplica el de la Gobernación de Santander y casi alcanza el costo de una de las principales troncales del Transmilenio en Bogotá.

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El análisis presentado por Briceño detalla que entre el 2 y el 28 de enero de 2026 se firmaron 85.826 contratos OPS, con un promedio diario superior a 3.100 contratos y un valor que supera los $188 mil millones por día.

En el mismo periodo de 2025, se habían registrado 28.382 contratos por $1,8 billones, lo que evidencia un incremento del 183 % en este tipo de gasto en tan solo un año.

Además del alto monto comprometido, se destaca la creación de más de 8.000 nuevos empleos estatales en un mes: Colpensiones sumó 800 cargos, el Ministerio del Trabajo 1.141 y el Ministerio del Interior, a través de la UNP, estableció 6.879 empleos.

Briceño alertó sobre las implicaciones de este fenómeno: “Están quebrando el país para sostener su proyecto electoral, mientras a los colombianos les dicen que se aprieten el cinturón”.

Según el representante, el Estado estaría funcionando como “caja personal para las elecciones” y advirtió que este uso masivo de recursos públicos podría tener un impacto negativo en las finanzas nacionales si no se detiene.

Briceño ha sido ireiterativo con los contratos del Gobierno

Briceño presentó un informe el pasado 20 de enero en el que denunció un incremento sustancial en la contratación estatal bajo la administración de Gustavo Petro, calificando el reciente “decreto de austeridad” como una maniobra mediática sin fundamento en la realidad presupuestal.

Según este informe, durante el periodo de gobierno actual, la suma total de los contratos de prestación de servicios alcanzó 9,14 billones de pesos, lo que evidencia la expansión de la nómina estatal y contradice los anuncios oficiales sobre austeridad.

En su transmisión en vivo por YouTube, el concejal destacó que la gestión contractual durante el año 2024 marcó un récord: el Gobierno Nacional adjudicó 4,83 billones de pesos en contratos de prestación de servicios, la cifra más alta reportada en los últimos años.

Este monto representa un 23,7 % de incremento respecto a 2023 y, en términos cuantitativos, el número de contratos aumentó en 51 % desde 2022. Estas cifras equivalen, según el informe presentado el 20 de enero, a la firma de 253 contratos diarios y superan en tres veces el presupuesto anual del Valle del Cauca en este tipo de contratación.

Entre las entidades más activas en este esquema de gasto, Briceño señaló a la Agencia Nacional de Tierras como la mayor responsable, con 714 mil millones de pesos ejecutados mediante 17.174 contratos. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) ocupa el segundo lugar, destinando más de 417 mil millones de pesos a cerca de 4.000 contratos de prestación de servicios.

Durante su intervención, el candidato cuestionó las prioridades del Gobierno Nacional y la consistencia de sus anuncios. Refiriéndose a la política de austeridad, afirmó: “El decreto de austeridad que tanto publicitan no es más que otro show mediático para distraer a los colombianos. La realidad es que estamos ante un gobierno que gasta sin medida y sin priorizar el bienestar del país, acá los únicos que están viviendo sabroso son ellos”.

Briceño también enfatizó que la eliminación de las llamadas “cuotas burocráticas” y de las “corbatas” ineficientes debió implementarse desde el inicio de la administración, no aparecer como una promesa rezagada al tercer año de mandato. Subrayó: “Mientras prometen acabar con las cuotas burocráticas, la verdad es que el Estado se ha vuelto más grande y derrochador que nunca”.

Finalmente, hizo un llamado para que el Gobierno revise sus prioridades, defienda un Estado eficiente y reduzca la presión fiscal sobre la ciudadanía.