Ya hay fecha para la imputación de cargos contra el coronel Carlos Feria, implicado en prueba de polígrafo a la niñera Marelbys Meza

El proceso judicial contra el coronel Carlos Alberto Feria Buitrago, exjefe de la Oficina de Protección Presidencial, volverá a avanzar con la audiencia programada para el 18 de febrero en el juzgado 14 Penal del Circuito de Bogotá.

La Fiscalía General de la Nación lo acusa de peculado por uso, abuso de función pública y constreñimiento ilegal tras la presunta aplicación irregular de una prueba de polígrafo a Marelbys Meza, exniñera de Laura Sarabia, relacionada con la desaparición de una maleta con dinero y documentos oficiales del presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez.

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El proceso judicial se reanudará tras un extenso debate jurisdiccional, marcando el retorno a juicio de un exfuncionario clave de la seguridad presidencial.

Según la Fiscalía General de la Nación, Feria habría ordenado el traslado de Meza desde Soacha hasta el centro de Bogotá el 30 de enero de 2023. Policías bajo su mando habrían llevado a la exniñera a la Casa Galán y sometieron a Meza a la prueba de polígrafo sin autorización judicial, argumentando la necesidad de esclarecer el paradero de la maleta que contenía materiales confidenciales.

Los otros inculpados en el caso son el mayor Duván Andrés Muñoz Hernández, el capitán Elkin Augusto Gómez Gutiérrez y el intendente John Alexander Sacristán Bohórquez.

Antes de la evaluación, los agentes quitaron el teléfono móvil de Meza. Tras concluir la diligencia, de acuerdo con su denuncia, uno de los policías le retiró de nuevo el teléfono por la fuerza con el objetivo de acceder a información personal.

La Fiscalía destaca que esta actuación constituye un abuso de poder, ya que la prueba de polígrafo está reservada para personal vinculado al Gobierno, condición que Meza no cumplía. Además, los policías deberán responder por actuar al margen de los protocolos y someter a un civil a procedimientos reservados exclusivamente para funcionarios estatales.

El expediente ha estado marcado por un conflicto de jurisdicción entre la justicia ordinaria y la penal militar. El 12 de julio de 2024, el Tribunal Superior de Bogotá resolvió que el caso debía seguir en la jurisdicción ordinaria, rechazando la petición de la defensa para trasladarlo a la justicia penal militar.

El tribunal precisó en su fallo: “No es una maniobra dilatoria pedir que se defina la competencia de jurisdicciones en este caso”. La controversia se mantuvo hasta marzo de 2025, cuando la Corte Constitucional determinó que las acciones del coronel Feria se realizaron fuera de sus funciones de seguridad presidencial, por lo que no correspondían a actos de servicio.

La audiencia de formulación de acusación tendrá lugar el 18 de febrero a las 8:00 a. m. La reactivación de la causa ocurre tras dos años de recursos y recesos. Con las recientes determinaciones de la Corte Constitucional y el tribunal, la Fiscalía está en posición de continuar el proceso penal contra Feria y los demás policías implicados. La defensa conserva la facultad de presentar recursos, pero la causa permanece bajo jurisdicción ordinaria.

El caso recopila los testimonios de Marelbys Meza y otros agentes que han suscrito acuerdos de colaboración con la Fiscalía, corroborando la cadena de hechos bajo presuntas instrucciones directas de Feria y la participación de sus subalternos, según información conocida por la revista Semana.

Elementos centrales de la acusación son el traslado forzoso, la prueba de polígrafo aplicada fuera de protocolo y la manipulación indebida del teléfono de la víctima. La persistente falta de información sobre el destino final de la maleta y la naturaleza confidencial de los documentos motivaron la urgencia de la investigación, aunque permanecen sin aclarar detalles como el motivo de su traslado o la gestión interna de su custodia.

Tres años después, no se ha esclarecido el destino de la maleta extraviada ni el manejo de su contenido. Esta incertidumbre mantiene interrogantes abiertos sobre las prácticas de protección presidencial en Colombia.