Radicado escrito de acusación contra Carlos Ramón González por presunto lavado de activos: el exdirector de la DNI apareció en audiencia virtual

La audiencia de acusación contra Carlos Ramón González, exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), comenzó este jueves 29 de enero a las 8:00 a. m., bajo modalidad virtual.

En el proceso, que incluyó la radicación del escrito de acusación por parte de la Fiscalía General de la Nación, se formalizaron cargos por su presunta participación en un esquema de corrupción vinculado a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), situándolo como figura clave en el presunto desvío de fondos públicos destinados a responder a emergencias.

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La diligencia es dirigida por la magistrada Blanca Nélida Barreto Ardila, con González conectado desde Nicaragua, país al que se trasladó tras la explosión del caso en donde se mantiene resguardado pese a las solicitudes de extradición por parte de Colombia.

La fiscal María Cristina Patiño expuso los argumentos de la acusación, mientras que el abogado Iván Cancino asumió la defensa del exdirector de la DNI. La conexión remota respondió a la condición de González, quien permanece fuera del país tras los primeros señalamientos en su contra.

González, descrito como uno de los colaboradores más cercanos al presidente Gustavo Petro, tenía su oficina junto a la del mandatario en la Casa de Nariño. Desde esa posición, y según la investigación, habría dado instrucciones para autorizar pagos irregulares y gestionar contratos señalados por la fiscalía como ilegales.

Se le imputan los delitos de cohecho, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos. De acuerdo con la acusación, González habría facilitado la aprobación de proyectos del Ejecutivo en el Congreso a través del pago de sobornos a funcionarios legislativos, lo que implica a los parlamentarios Iván Name y Andrés Calle, expresidentes del Senado y la Cámara, actualmente detenidos por su implicación en estos hechos.

El expediente elaborado por la fiscal Patiño, de 60 páginas, detalla que González habría dispuesto pagos ilegales superiores a COP 60.000 millones, cifra que habría disminuido posteriormente a cerca de COP 4.000 millones. Tanto la ruta del dinero como la identificación de los beneficiados son aspectos centrales en la investigación de la fiscalía.

La Ungrd, la Contraloría General de la República y las comunidades indígenas wayúu de La Guajira fueron acreditadas como víctimas directas en la audiencia. Presentaron sus argumentos para ser reconocidas como afectadas por el presunto desvío de recursos relacionados con la gestión del riesgo de desastres.

Por su parte, el abogado Cancino cuestionó la solidez de las pruebas y la validez de la acreditación como víctimas en este proceso. El defensor señaló que es indispensable que las acusaciones se apoyen en fundamentos probatorios firmes y no únicamente en declaraciones.

La última aparición pública del exfuncionario ocurrió el 11 de diciembre, cuando fue visto en una fiesta en el Teatro Nacional Rubén Darío, en Managua, acompañado de servidores públicos colombianos. Un video divulgado por La W Radio mostró a González bailando vallenato en el evento, cuya invitación portaba el logo de la Cancillería colombiana. Esta situación llevó a la Procuraduría a abrir una indagación previa para establecer si hubo irregularidades en la conducta de los funcionarios presentes.

Durante la audiencia, la defensa de González solicitó que no se le refiriera como “prófugo de la justicia”. La jueza accedió, pidiendo evitar términos peyorativos en el desarrollo del proceso: “No vamos a emplear ningún término peyorativo, por favor. Eso los guardamos para los momentos pertinentes…”, indicó la magistrada.

La condición de asilado político de González en Nicaragua surgió el mismo día en que la Fiscalía formalizó su imputación. La embajada de Colombia en Managua tramitó la renovación de la residencia del exdirector del Dapre, aunque, según lo declarado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Presidencia, esto se realizó sin autorización previa. Posteriormente, el Gobierno colombiano solicitó formalmente la extradición, pero la Cancillería nicaragüense la negó tras conceder el asilo.