Gustavo Petro ordenó la extradición de ‘Pipe Tuluá’ y dio ultimátum a ‘Araña’ sobre erradicación de coca

El ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, confirmó que el gobierno del presidente Gustavo Petro autorizó la extradición de Andrés Felipe Marín Silva, conocido como “Pipe Tuluá”.

Esta medida permitirá que Marín Silva comparezca ante la Corte Distrital del Distrito de Texas, en Estados Unidos, para responder por los cargos que se le imputan en esa jurisdicción.

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Al respecto, el presidente Petro se pronunció en su cuenta oficial de X, en la que confirmó que ha dado la orden de extradición de alias “Pipe Tuluá”.

“Hace meses firmé la extradición de alias ‘Pipe Tuluá”, jefe del narco en el Valle del Cauca, y ante su reposición a la Corte Suprema, negada por ella, hace semanas he dado la orden de su envío a EEUU (sic)“, señaló el jefe de Estado.

En su publicación, el mandatario colombiano dio un ultimátum a Geovany Andrés Rojas, alias Araña, para que demuestre la erradicación de varias hectáreas de cultivos de hoja de coca en Putumayo.

“El señor alias “Araña” tiene 10 días para demostrar que el compromiso de erradicar 15.000 hectáreas de cultivos de hoja de Coca en el Putumayo, se cumple (sic)“, señaló el jefe de Estado.

Detalles de la extradición

La extradición de Andrés Felipe Marín Silva, conocido como alias Pipe Tuluá, avanzó tras la negativa oficial del Ministerio de Justicia al recurso de reposición presentado por su equipo legal.

Esta acción judicial buscaba frenar la Resolución Ejecutiva N.º 440, la cual habilita la entrega del procesado a las autoridades estadounidenses por solicitud de ese país.

El ministro de Justicia, Andrés Idárraga, informó que, tras agotar todas las instancias administrativas, Colombia queda en condiciones de coordinar los pasos finales para materializar la extradición con Estados Unidos.

Con la resolución administrativa, se elimina el último impedimento legal que bloqueaba la entrega de Marín Silva, señalado líder de la organización criminal La Inmaculada.

Estados Unidos lo requiere por delitos asociados al narcotráfico. El Ministerio de Justicia argumentó que la negativa al recurso confirma tanto la validez del procedimiento como la potestad del Ejecutivo para conceder extradiciones, amparándose en la legislación penal colombiana.

Según las autoridades, el hecho de que existan procesos judiciales o sentencias vigentes en Colombia no obliga a suspender el envío del reo, dado que se trata de una decisión soberana respaldada por la Constitución.

La ratificación administrativa llegó después de que la Corte Suprema de Justicia desestimara una tutela de la defensa, que pretendía detener la extradición. El alto tribunal precisó que, aunque la Corte avaló el trámite, la decisión final corresponde al Gobierno mientras la resolución no adquiera firmeza.

Actualmente, Marín Silva permanece bajo custodia en una estación de Policía de Bogotá, ya que el Inpec considera que no existen garantías para su seguridad en una cárcel común. A pesar de su detención, las autoridades sostienen que mantiene control sobre La Inmaculada, una organización criminal con actividades en el norte del Valle del Cauca.

En el país, Marín Silva cumple una pena de 30 años de prisión por 46 homicidios, además de sentencias por extorsión, secuestro y homicidio agravado. Además, enfrenta dos procesos judiciales adicionales y al menos once investigaciones en curso.

No obstante, el Gobierno colombiano ha reiterado que ninguna de estas causas se relaciona con los delitos de narcotráfico que motivan la solicitud de extradición, por lo que, a su juicio, no se vulnera el principio de non bis in ídem ni el debido proceso.

Las acusaciones en Estados Unidos se basan en una imputación presentada el 11 de septiembre de 2024 ante la Corte del Distrito Este de Texas, donde se le señala por concierto para distribuir y poseer cocaína, conspiración para traficar y distribuir la sustancia hacia Estados Unidos, y por fabricar y distribuir cantidades significativas de cocaína sabiendo que el destino era el mercado estadounidense.

La defensa de Marín Silva alegó que la decisión del Ejecutivo carecía de suficiente fundamentación y que no se consideraron adecuadamente sus procesos penales vigentes en Colombia.