La Gobernación del Atlántico emitió una alerta institucional tras recibir denuncias relacionadas con hechos de violencia política que estarían afectando a ciudadanos, conductores de motocarros y campañas de distintos candidatos en Barranquilla y otros municipios del departamento.
La situación llevó a la administración departamental a convocar con carácter urgente un comité de seguimiento electoral extraordinario.
De acuerdo con la información divulgada por Blu Radio, la decisión se adoptó luego de conocerse reportes sobre amenazas dirigidas a residentes de varios sectores, quienes habrían sido presionados para borrar o cubrir propaganda política instalada en las fachadas de sus viviendas.
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Los hechos se habrían concentrado en al menos cinco barrios del suroccidente de Barranquilla.
Las denuncias también incluyen intimidaciones a conductores de motocarros que transportan publicidad política en sus vehículos. Según lo reportado, los propietarios habrían recibido advertencias para retirar el material gráfico, pese a contar con permisos para su circulación.
El secretario del Interior del Atlántico, José Antonio Luque, explicó que la Gobernación tuvo conocimiento de los casos y decidió activar los mecanismos institucionales previstos para el seguimiento de procesos electorales. El funcionario señaló que la situación no se limita a un solo tipo de afectación, sino que involucra distintos actores vinculados a la difusión de propaganda política.
“Lo que hicimos fue inmediatamente solicitar un comité de seguimiento electoral extraordinario para poner al tanto a las autoridades. Como lo vimos la fiscalía tomó ya hoy la bandera y está liderando las investigaciones para dar con los responsables de todos estos atropellos que se están dando en contra de ciertos candidatos que teniendo sus permisos para tener su publicidad, están amenazando a las personas para que la borren o peor aún es sobrepintada con insultos y otro tipo de de pinturas. también hay motocarros que también están siendo amenazados cuando cargan publicidad política”, puntualizó Luque.
Aunque en la convocatoria inicial se mencionó a la Fiscalía, la Gobernación precisó que el caso fue puesto en conocimiento de las autoridades judiciales competentes, con el fin de que se adelanten las actuaciones correspondientes frente a las denuncias recibidas y se identifique a los responsables de los hechos reportados.
La alerta institucional también fue trasladada a la Fuerza Pública, incluyendo a la Policía Nacional y al Ejército, para reforzar el seguimiento territorial y prevenir nuevos episodios de intimidación. La administración departamental indicó que el acompañamiento de estas entidades es parte de los protocolos establecidos para garantizar el normal desarrollo de las actividades electorales.
Además, la información fue compartida con otros organismos de control del Estado, como la Contraloría y la Procuraduría, con el objetivo de asegurar que las investigaciones cuenten con articulación interinstitucional y se desarrollen dentro del marco legal vigente.
Los reportes ciudadanos conocidos por la Gobernación dan cuenta de fachadas pintadas nuevamente para ocultar avisos políticos que habían sido instalados de manera legal. En algunos casos, según las denuncias, la propaganda habría sido cubierta con mensajes ofensivos, situación que motivó la intervención de las autoridades locales.
Desde la Secretaría del Interior se indicó que el comité de seguimiento electoral extraordinario tiene como finalidad poner en conocimiento de las entidades competentes los hechos denunciados, evaluar los riesgos y definir acciones de prevención y control en las zonas afectadas.
La Gobernación del Atlántico recordó que la publicidad política autorizada hace parte del ejercicio democrático y que cualquier presión o amenaza contra ciudadanos o campañas debe ser investigada por las instancias correspondientes. En ese sentido, reiteró el llamado a que los afectados formalicen las denuncias para facilitar las actuaciones judiciales.
El proceso de seguimiento se mantendrá activo mientras se recopila información adicional sobre los casos reportados en Barranquilla y municipios del departamento. Las autoridades departamentales señalaron que el objetivo es preservar las garantías electorales y la seguridad de quienes participan directa o indirectamente en las actividades de campaña.
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