La Fiscalía General de la Nación judicializó a María Belsir Cubillos Durán y Carlos Arturo Ortiz Álvarez como presuntos responsables de la desaparición forzada de dos ciudadanos franceses en Francia, un caso que expone la complejidad del delito trasnacional y la coordinación internacional entre Colombia y Europa.
Ambos detenidos integrarían una red dedicada al hurto, con operaciones documentadas en Francia, España y otros países, y fueron capturados tras seis años de investigaciones conjuntas.
La desaparición que detonó este proceso ocurrió en septiembre de 2019 en Vanxains, una zona rural en la región francesa de Dordoña. Testimonios y pruebas sitúan a Cubillos Durán y Ortiz Álvarez como las últimas personas que vieron con vida a las víctimas, una pareja de nacionalidad francesa que se hospedaba en una finca agrícola.
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Las autoridades francesas reconstruyeron los hechos y, tras compartir información con sus pares colombianos, establecieron indicios sólidos sobre la participación de los procesados.
El expediente señala que los implicados, tras el posible crimen, se apropiaron de un computador portátil, tarjetas bancarias y realizaron compras de joyas, electrodomésticos y ropa por más de 15.000 euros. Buena parte de estos artículos aparece vinculada con movimientos y adquisiciones ejecutadas por los ahora capturados, lo que robusteció la hipótesis de un delito planificado y ejecutado en colaboración.
La detención de Cubillos Durán y Ortiz Álvarez tuvo lugar en el barrio El Carmen, en Tunjuelito (Bogotá), mediante un operativo conjunto entre la Fiscalía y la Dijin de la Policía Nacional.
En estos allanamientos fueron decomisados teléfonos móviles, dispositivos digitales de almacenamiento, textos de identidad extranjeros, equipos de informática y diversas tarjetas bancarias, todos elementos que serán examinados para profundizar en la red criminal que, según la investigación, rebasa ampliamente el caso puntual de la desaparición.
El proceso penal incluye cargos formales por concierto para delinquir agravado, desaparición forzada agravada y hurto calificado y agravado. Con base en la evidencia presentada, el juez de control de garantías aprobó la solicitud de enviar a los detenidos a centro carcelario, una decisión que marca una etapa clave en la cooperación judicial internacional.
Según señaló la Fiscalía, la judicialización en territorio colombiano responde a los protocolos de la Convención de Palermo de 2000 (Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional) y a la ausencia de un tratado de extradición vigente con Francia.
Detalles del día del crimen
Durante septiembre de 2019, en Vanxains, un municipio de alrededor de 700 habitantes cerca de Périgueux, se produjo un doble crimen que impactó a la población local. El 9 de ese mes, un hombre francés de aproximadamente sesenta años y una mujer colombiana de cuarenta desaparecieron en circunstancias consideradas sospechosas.
Las autoridades identificaron rápidamente a personas con las que ambos habían sido vistos por última vez como sospechosos principales.
De acuerdo con la información suministrada por El Diario Bogotano, las pruebas revelaron que no hubo salida voluntaria de los desaparecidos y se detectaron señales de violencia, aunque la falta de cuerpos dificultó las tareas investigativas. Los habitantes describían a las víctimas como personas integradas en el pueblo, sin antecedentes problemáticos. La fiscalía local lideró la investigación, apoyada por equipos especializados.
Los sospechosos se llevaron el auto de una de las víctimas, así como tarjetas bancarias y documentos, que usaron durante su fuga. Estos movimientos ayudaron a los investigadores a rastrear a los responsables. La hipótesis principal giró en torno a un móvil económico, descartándose otras posibles motivaciones ligadas a delitos organizados.
La judicialización de los implicados representa un avance en la persecución de delitos trasnacionales y evidencia el alcance de la cooperación judicial entre Colombia y Europa. El caso refuerza la importancia de los protocolos internacionales para enfrentar redes criminales y demuestra el impacto de las investigaciones conjuntas en la identificación y sanción de los responsables.
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