
Las manifestaciones de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), que se llevaron a cabo el miércoles 28 de enero en el centro de Bogotá, concentrándose frente al Palacio de Justicia, buscaron mostrar su respaldo al aumento del salario mínimo definido por el Gobierno nacional para 2026.
La CUT indicó que la protesta tuvo alcance nacional y buscó defender el salario mínimo vital decretado por el presidente Gustavo Petro. Para las organizaciones convocantes, la cifra fijada responde a una demanda histórica del movimiento obrero y refleja una decisión de carácter social, pero esto no es lo mismo que piensan otros sectores debido al impacto fiscal en Colombia.
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El salario mínimo quedó establecido en $2.000.000 millones, resultado de un salario base de $1.750.905 y un subsidio de transporte de $249.095. El Gobierno presentó esta estructura como una fórmula orientada a garantizar ingresos suficientes para cubrir gastos esenciales de las familias colombianas; el Gobierno llamó a este incremento ‘salario vital’.

El incremento del 23% frente al monto del año anterior generó reacciones en distintos frentes. Mientras los sindicatos lo celebraron como un avance, sectores económicos y políticos expresaron reparos y acudieron a instancias jurídicas para controvertir el decreto presidencial.
Ministro de Trabajo se unió a las manifestaciones a favor del salario mínimo 2026
En ese escenario, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, llegó al Palacio de Justicia y tomó la palabra ante los asistentes que estaban en el lugar manifestándose. Su intervención se centró en el sustento constitucional y laboral del aumento y en el respaldo que recibe desde normas nacionales e internacionales.
“El ‘salario vital’, que es una conquista producto de la lucha de los trabajadores de Colombia, que fue acogida por el presidente de la República, en cumplimiento del artículo 53 de la Constitución Nacional, que establece el ‘salario vital’, como también lo acoge y lo recomienda y lo solicita y lo exige la Organización Internacional del Trabajo”, afirmó Sanguino frente a los medios de comunicación.

Con micrófono en mano y frente a los manifestantes concentrados en el centro de Bogotá, el ministro del Trabajo elevó el tono de su mensaje y dirigió fuertes cuestionamientos a las altas cortes por su postura frente a varias decisiones del Gobierno. Sus palabras apuntaron a lo que considera choques institucionales que afectan derechos sociales ya reconocidos.
Durante su intervención, Sanguino expresó su rechazo a las objeciones judiciales sobre la reforma pensional y afirmó: “No es posible que la Corte Constitucional, nos parece inconcebible que así ocurra, se ponga en contravía de una reforma pensional que garantiza una vejez en dignidad para todos los colombianos y colombianas”.
“No es posible que el Consejo de Estado vaya a colocarse en contravía de una emergencia económica que no solo busca resolver las urgencias fiscales del estado colombiano para no sacrificar los programas sociales del gobierno del cambio y que además busca gravar a los que más ganan en favor de esos programas que transforman la vida y le dan dignidad a los millones y millones de colombianos”, agregó el alto funcionario.
Sanguino recalcó el carácter histórico de esta medida salarial y la definió como un logro del movimiento obrero. Aseguró que se trata de “una conquista de los trabajadores y trabajadoras, una lucha de años, de décadas, y que además ya es un derecho adquirido por los trabajadores y trabajadoras que ya a esta altura han recibido su primera quincena del salario vital inaugurado por el presidente Gustavo Petro”.

Esta es la razón de las manifestaciones a nivel nacional
Las declaraciones del ministro se dieron en medio de las movilizaciones nacionales que se dieron tras el trámite de una demanda de nulidad presentada ante el Consejo de Estado. Esta acción quedó admitida por la Sección Segunda del alto tribunal y permanece en estudio por parte del magistrado designado, hecho que avivó el debate público alrededor del salario mínimo.
Las centrales sindicales recordaron que la ley faculta al Gobierno para definir el salario cuando no existe acuerdo entre trabajadores y empresarios. Este argumento apareció de forma reiterada en los comunicados difundidos por las organizaciones que impulsaron la movilización.
A mediados de enero, el Comando Nacional Unitario, integrado por CUT, CTC y CGT, junto con las Confederaciones de Pensionados CDP y CPC, emitió un pronunciamiento conjunto en el que rechazaron los cuestionamientos al salario mínimo de 2026 y defendieron la actuación del Ejecutivo.

Para los sindicatos, la decisión presidencial se ajusta al ordenamiento jurídico y responde a la necesidad de proteger el poder adquisitivo de los trabajadores. La concentración frente al Palacio de Justicia buscó enviar un mensaje directo a las autoridades judiciales y a la opinión pública.
La presencia de Antonio Sanguino en el lugar de la protesta reforzó el respaldo del Gobierno a la política salarial. Sus palabras apuntaron a consolidar la idea del salario vital como un derecho y como resultado de un proceso de lucha social reconocido por el Estado.
La jornada cerró con llamados a mantener la defensa del aumento y a seguir atentos al desarrollo del proceso judicial. Las organizaciones participantes reiteraron que el ‘salario mínimo vital’ representa una herramienta clave para la estabilidad económica de millones de hogares en el país.
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