Quedó en firme la extradición de alias Pipe Tuluá a Estados Unidos por narcotráfico, tras agotar recursos legales

El Gobierno negó el recurso de reposición presentado por la defensa de Andrés Felipe Marín Silva y dejó lista su entrega a Norteamérica

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Su nombre volvió a ser
Su nombre volvió a ser coyuntural en los medios de comunicación por el anuncio de la extradición a Estados Unidos al ser pedido por delitos relacionados con el narcotráfico - crédito redes sociales/X

La extradición de Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá, quedó en firme luego de que el Ministerio de Justicia negara el recurso de reposición presentado por su defensa contra la Resolución Ejecutiva N.º 440, mediante la cual el Gobierno nacional autorizó su entrega a Estados Unidos.

Así lo confirmó el ministro de Justicia Andrés Idarraga, al señalar que, agotado el trámite administrativo, Colombia queda habilitada para coordinar con las autoridades estadounidenses la ejecución de la extradición.

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Con esta decisión se cierra el último obstáculo jurídico que impedía la entrega del cabecilla de la organización criminal La Inmaculada, requerida por la justicia de Estados Unidos por delitos relacionados con narcotráfico.

Último obstáculo jurídico superado

El ministro de Justicia explicó que la negativa del recurso ratifica la legalidad del procedimiento y la facultad discrecional del Ejecutivo para conceder la extradición, de conformidad con el artículo 560 del Código de Procedimiento Penal.

Según el Gobierno, la existencia de procesos judiciales o condenas en Colombia no obliga a suspender la entrega, pues se trata de una decisión política amparada por la Constitución y las leyes.

La confirmación administrativa se produce luego de que la Corte Suprema de Justicia rechazara una acción de tutela presentada por la defensa de Marín Silva, con la que se pretendía frenar la extradición.

En ese pronunciamiento, el alto tribunal dejó claro que, aunque la Corte había avalado el trámite, la última palabra correspondía al Ejecutivo mientras la resolución no estuviera en firme.

Alias Pipe Tuluá permanece detenido en la estación de Policía de Los Mártires, en Bogotá, debido a que el Inpec aseguró no contar con garantías suficientes para su seguridad en un establecimiento carcelario ordinario.

El presidente Gustavo Petro firmó
El presidente Gustavo Petro firmó la Resolución Ejecutiva N.º 440 que autoriza la extradición de Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá, a Estados Unidos - crédito red social X y Presidencia

A pesar de estar privado de la libertad, las autoridades sostienen que mantiene influencia directa sobre La Inmaculada, estructura criminal que opera principalmente en el norte del Valle del Cauca.

En Colombia, Marín Silva cumple una condena de 30 años de prisión por 46 homicidios, además de sentencias por extorsión, secuestro y homicidio agravado. A esto se suman dos procesos en etapa de juzgamiento y al menos 11 investigaciones adicionales. No obstante, el Gobierno ha reiterado que ninguno de estos casos corresponde a los delitos de narcotráfico por los cuales es solicitado en extradición, por lo que no se vulnera el principio de non bis in ídem ni el debido proceso.

Los cargos en Estados Unidos

Los cargos en Estados Unidos se derivan de una acusación federal presentada el 11 de septiembre de 2024 ante la Corte del Distrito Este de Texas. Allí se le imputan delitos de concierto para distribuir y poseer cocaína, conspiración para traficar y distribuir la sustancia con destino a Estados Unidos y fabricación y distribución de cinco kilogramos o más de cocaína con conocimiento de su importación ilegal.

La defensa había argumentado que la decisión del Ejecutivo carecía de una motivación suficiente y que no se ponderaron adecuadamente las condenas vigentes en Colombia.

En Estados Unidos, Marín Silva
En Estados Unidos, Marín Silva enfrenta cargos federales por narcotráfico, incluyendo conspiración para distribuir cocaína y fabricación de cinco kilos o más con destino a ese país - crédito Stock

También sostuvo que la extradición debía condicionarse al cumplimiento previo de las sanciones nacionales y que la entrega desconocía principios de proporcionalidad y coordinación estatal, además de afectar los objetivos de la política de “paz total”. Asimismo, alegó que la permanencia de Marín Silva en el país podría facilitar aportes a la verdad y a la pacificación del sistema penitenciario.

Frente a ello, el Gobierno respondió que todos los actos administrativos han estado debidamente motivados y que tanto la Corte Suprema como la Corte Constitucional avalaron la legalidad integral del proceso.

Además, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz confirmó que Marín Silva no tiene ningún rol reconocido en mesas de diálogo ni en espacios sociojurídicos, por lo que su eventual voluntad de participar no constituye un impedimento legal para la extradición.

La extradición de Pipe Tuluá queda así lista para ejecutarse, marcando un nuevo paso en la cooperación internacional contra el narcotráfico.

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