Por qué el Ministerio del Trabajo no se ha pronunciado sobre los despidos masivos en el Dapre y la Cancillería: “Puede generar sospechas”

El reciente despido de más de 80 funcionarios en la Cancillería y el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) avivó el debate sobre la función y las competencias del Ministerio del Trabajo en el control de desvinculaciones dentro del sector público.

Estos movimientos se ejecutaron pocos días antes de la entrada en vigor de la Ley de Garantías, lo que ha generado preocupación en diversos sectores por las posibles motivaciones y consecuencias futuras de estas decisiones, especialmente en el contexto de procesos electorales próximos.

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Desde la Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular (Unidiplo) se expresó que, en la Cancillería, las desvinculaciones recientes corresponden a un “número significativo” e incluyen personas con entre 18 y 30 años de trayectoria.

La presidenta de Unidiplo, Ana María Moreno, puntualizó: “Funcionarios de carrera, que llevan hasta 15 años vinculados, nos dicen que no habían visto una oleada tan alta en tan poco tiempo”.

El sindicato cuestionó que la Cancillería no hubiera comunicado un plan de contingencia ni el fundamento técnico detrás de las decisiones y mostró inquietud por el momento en que se efectúan las salidas, justo al inicio del año electoral y a la espera de la aplicación de la Ley de Garantías.

Estos despidos tampoco han pasado inadvertidos en el Dapre, donde al menos 30 funcionarios fueron declarados insubsistentes el lunes 26 de enero, a escasos días de que entre en vigencia la regulación que impide la movilidad laboral en el sector público durante el periodo preelectoral.

De acuerdo con el recuento sindical, la Cancillería dispone actualmente de 620 cargos de libre nombramiento y remoción, 252 de carrera administrativa y 866 de carrera diplomática y consular, pero se tienen registradas al menos 52 personas desvinculadas en las últimas semanas, incluidas varias con amplia experiencia profesional.

El carácter repentino y la proximidad a fechas clave han aumentado la preocupación por un eventual uso político de los cargos públicos.

Iván Jiménez, investigador del Observatorio Laboral de la Universidad Javeriana, analizó que estas desvinculaciones podrían obedecer a un ajuste anticipado de la planta de personal, enfocado en adelantar nombramientos provisionales antes de que la Ley de Garantías restrinja cualquier incorporación o salida. En sus palabras, esta práctica “puede generar sospechas claras de fines electorales”.

Respecto al papel que podría desempeñar el Ministerio del Trabajo, la entidad no ha emitido una posición oficial sobre el caso. Este silencio contrasta con la premura con la que el organismo actuó ante despidos masivos en el sector privado, como en el caso de Caracol Radio y La W en noviembre de 2025, donde el Ministerio desplegó acciones inmediatas de inspección y vigilancia, o las inspecciones ordenadas al Club El Nogal de Bogotá por la salida de más de 130 trabajadores presuntamente forzados a firmar “retiros voluntarios”.

En palabras de Iván Jiménez, “probablemente no lo hará porque eso es como pegarse un tiro en el pie”, dijo el investigador a El Colombiano aludiendo a la dificultad política de investigar despidos dentro del propio sector estatal.

Para determinar si el Ministerio del Trabajo tiene competencias claras sobre este tipo de desvinculaciones en entidades públicas, los expertos coinciden en que el criterio fundamental radica en el tipo de vínculo laboral.

Álvaro Jiménez, exdirector seccional de la Territorial del Ministerio en Caldas, explicó que el Ministerio puede intervenir en casos de trabajadores oficiales con contratos laborales y posibles vulneraciones de derechos.

En contraste, el personal vinculado por actos administrativos, como los de carrera administrativa o provisionalidad, debe acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa para litigar sus causas, pues quedan por fuera de la competencia directa de la cartera laboral. “Ya tendrían que ir ante los juzgados o tribunales contencioso-administrativos”, afirmó a El Colombiano.

El alcance de la vigilancia del Ministerio del Trabajo, según el abogado Darío Ramírez —socio de la firma Serrano Martínez CMA—, se restringe, con carácter general, al sector privado y asuntos colectivos. Cuando el Estado actúa como empleador, las controversias deben ser atendidas por otras entidades, como la Procuraduría General de la Nación, la Comisión Nacional del Servicio Civil o los correspondientes juzgados contencioso-administrativos. “Es viable considerar la presentación de acciones de tutela ante una eventual vulneración de derechos fundamentales”, detalló Ramírez al medio citado.

Para quienes están sindicalizados, existe la posibilidad de que los sindicatos interpongan quejas ante el Ministerio del Trabajo en busca de vigilancia y pronunciamiento. “El sindicato tiene la posibilidad de interponer una queja ante el Ministerio del Trabajo para que vigile. Y en general también individualmente”, explicó Iván Jiménez, investigador del Observatorio Laboral de la Universidad Javeriana.

La proximidad de los despidos a la activación de la Ley de Garantías reforzó las advertencias de posibles efectos en el calendario electoral, especialmente por la salida de experimentados funcionarios consulares, encargados de apoyar la logística y capacitación de personal para elecciones en el exterior.

El ingreso de nuevos trabajadores sin esta preparación, en un periodo ajustado, podría afectar la operación electoral prevista en 2025. Los principales sindicatos insisten en que estos movimientos debieron realizarse después de las elecciones legislativas y presidenciales, no en plena antesala.

Ante una desvinculación, los funcionarios vinculados por carrera administrativa o provisionalidad deben presentar sus reclamaciones ante la jurisdicción contencioso-administrativa, mientras que los trabajadores oficiales pueden recurrir al Ministerio del Trabajo en caso de vulneración de derechos laborales.