Santiago Uribe, hermano del expresidente Álvaro Uribe, se entregó a las autoridades por su condena por el caso de ‘Los doce apóstoles’

Santiago Uribe Vélez, ganadero y hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez, se presentó voluntariamente ante las autoridades para cumplir la orden de captura emitida en su contra tras quedar en firme la condena de 28 años y tres meses de prisión por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir agravado, por el caso de “Los doce apóstoles”.

La información fue confirmada por el expresidente a través de su cuenta en la red social X, en la que informó que su hermano acudió por sus propios medios ante las autoridades para atender el requerimiento judicial.

“Santiago Uribe, mi hermano, llegó por sus medios a una Comisaría de Policía para cumplir con la orden de captura”, escribió Álvaro Uribe Vélez en la red social.

La entrega se produjo después de que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ratificara la condena impuesta por el Tribunal Superior de Antioquia, decisión que puso fin a uno de los procesos judiciales más extensos y controvertidos relacionados con el paramilitarismo en Colombia.

La presentación voluntaria de Santiago Uribe ante las autoridades se produjo después de que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia rechazara por improcedente el recurso extraordinario de casación interpuesto por su defensa. Con esa decisión, el alto tribunal cerró una de las últimas alternativas jurídicas disponibles para controvertir la condena impuesta en su contra dentro del proceso por el caso de “Los doce apóstoles”.

Al considerar que el recurso no cumplía los requisitos para ser estudiado de fondo y que la garantía de doble conformidad ya había sido satisfecha durante el trámite judicial, la Corte dejó en firme la sentencia. Tras agotarse las vías ordinarias de impugnación y quedar ejecutoriada la condena, Santiago Uribe acudió por sus propios medios ante las autoridades para cumplir la orden de captura.

La relación de Santiago Uribe con grupos paramilitares en Antioquia

Según las conclusiones de la investigación, la organización habría estado involucrada en una serie de homicidios selectivos contra personas señaladas de mantener supuestos nexos o simpatías con grupos insurgentes. Para los jueces, estos hechos hicieron parte de un patrón sistemático de persecución en varias zonas del norte de Antioquia.

Por esa razón, la Corte mantuvo la tesis de que los delitos investigados constituyen crímenes de lesa humanidad, una condición jurídica que evitó la prescripción del proceso a pesar del tiempo transcurrido. Aunque las primeras actuaciones judiciales comenzaron en 1995, el caso fue archivado cuatro años después por falta de elementos probatorios suficientes y permaneció prácticamente inactivo durante más de una década.

El testimonio que reactivó el expediente

La investigación recobró impulso en 2010 luego de las declaraciones entregadas por el mayor retirado de la Policía Juan Carlos Meneses. El exoficial aseguró que Santiago Uribe habría tenido un papel de liderazgo dentro de la organización y señaló que la hacienda La Carolina habría servido como centro de operaciones para el grupo.

A partir de esos testimonios, la Fiscalía General de la Nación reabrió varias líneas investigativas y, años más tarde, ordenó la captura del ganadero. En 2016, Santiago Uribe fue privado de la libertad y permaneció detenido cerca de dos años, hasta recuperar la libertad por vencimiento de términos mientras continuaba el proceso judicial.

Cuando el caso parecía acercarse a su desenlace, un juzgado especializado de Medellín emitió en noviembre de 2024 una sentencia absolutoria en primera instancia; el despacho concluyó que persistían interrogantes sobre la credibilidad y alcance de algunos testimonios fundamentales dentro de la acusación.

No obstante, la decisión fue apelada por la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y los representantes de las víctimas. Tras revisar el expediente, el Tribunal Superior de Antioquia revocó la absolución en 2025 y concluyó que existían suficientes elementos probatorios para establecer la responsabilidad penal de Santiago Uribe.

En consecuencia, el alto tribunal impuso una condena superior a los 28 años de prisión, pues el homicidio que sirvió como base principal para la sentencia corresponde al asesinato de Camilo Barrientos, conductor de transporte intermunicipal que fue ultimado en Yarumal, Antioquia, en 1994.