José Antonio Ocampo y Jorge Iván González desmontaron la emergencia económica de Petro en conceptos enviados a la Corte Constitucional

La declaratoria de emergencia económica contenida en el Decreto 1390 de 2025 enfrenta fuertes cuestionamientos desde distintos frentes académicos y técnicos. Dos economistas con amplio recorrido en el diseño y análisis de la política fiscal —José Antonio Ocampo y Jorge Iván González— coincidieron en que las razones expuestas por el Gobierno no cumplen con los requisitos constitucionales de excepcionalidad, imprevisibilidad y sobreviniencia que exige un estado de excepción.

En sus conceptos remitidos a la Corte Constitucional, ambos expertos plantearon que los problemas señalados por el Ejecutivo no surgieron de manera repentina ni inesperada, sino que corresponden a desequilibrios estructurales que fueron advertidos durante años en los debates presupuestales, en los marcos fiscales de mediano plazo y en los informes de organismos de control fiscal.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Desde la perspectiva de José Antonio Ocampo, exministro de Hacienda y profesor de la Universidad de Columbia, la declaratoria de emergencia parte de un diagnóstico equivocado. A su juicio, el decreto no logra identificar un hecho extraordinario que haya alterado de manera abrupta el funcionamiento de la economía o las finanzas públicas. Por el contrario, lo que se presenta como justificación son presiones fiscales conocidas, compromisos permanentes del Estado, acumulación de pasivos, rigideces del gasto y tensiones en sectores como salud, energía, seguridad, atención de desastres y cumplimiento de sentencias judiciales.

Para Ocampo, estos factores no pueden considerarse choques imprevistos. Se trata, más bien, de riesgos fiscales que fueron advertidos con antelación y que debieron ser gestionados dentro del marco ordinario de la política fiscal. En esa línea, sostiene que la falta de recursos o el fracaso de reformas tributarias no constituyen una situación excepcional, sino una posibilidad inherente al proceso democrático y a la deliberación legislativa.

Uno de los puntos más sensibles del debate es la relación entre el Ejecutivo y el Congreso. Ocampo advirtió que la negativa del Legislativo a aprobar leyes de financiamiento no puede interpretarse como una disfunción institucional. Al contrario, forma parte del equilibrio de poderes y de la reserva de ley en materia tributaria. Convertir una derrota legislativa en el fundamento para asumir facultades extraordinarias, señaló, distorsiona el sentido del estado de emergencia y genera riesgos tanto institucionales como macroeconómicos.

Desde su visión, este tipo de precedentes debilita la democracia fiscal, afecta la credibilidad de las reglas del juego y crea incentivos inadecuados para la gestión responsable de las finanzas públicas. En lugar de acudir a mecanismos excepcionales, Ocampo planteó que el Gobierno debería enfrentar la situación mediante un ajuste fiscal ordenado, basado en la priorización del gasto, la corrección de ineficiencias y el uso responsable de los instrumentos presupuestales existentes.

El análisis de Jorge Iván González, exdirector del DNP y académico, llegó a conclusiones similares desde otro ángulo. En su evaluación del decreto, revisó una por una las ocho razones invocadas por el Gobierno para justificar la emergencia y concluyó que ninguna cumple la condición de ser un hecho sobreviniente.

Sobre la situación del sistema de salud, González reconoció que la Unidad de Pago por Capitación es insuficiente y que existe un déficit evidente. Sin embargo, advirtió que este problema no es nuevo y que fue ampliamente discutido durante años, agravado además por la falta de información clara y sistemática que permita un consenso sobre el verdadero tamaño del faltante.

En materia de seguridad, González señaló que el incremento de la violencia fue progresivo y visible, con dinámicas complejas asociadas al narcotráfico y la minería ilegal. Estos fenómenos, señaló, ya estaban diagnosticados incluso en el Plan Nacional de Desarrollo, por lo que no pueden considerarse una ruptura inesperada del orden público que habilite un estado de excepción económica.

Respecto a la crisis fiscal, el economista fue enfático en que las dificultades de las finanzas públicas fueron advertidas tanto en los intentos fallidos de reforma tributaria como en los marcos fiscales presentados por el propio Gobierno. A esto se suman los llamados de atención del Comité Autónomo de la Regla Fiscal y del Fondo Monetario Internacional, que insistieron en la necesidad de un manejo prudente del gasto y el endeudamiento.

González también cuestionó que se utilicen como justificación los desastres naturales, las sentencias judiciales pendientes de pago o las obligaciones atrasadas en servicios públicos y subsidios. Todos estos pasivos, explica, han sido incluidos históricamente en los ejercicios de planeación fiscal y no constituyen eventos inesperados. Lo mismo ocurrió con las restricciones de caja y los errores de estimación en el recaudo, que hacen parte de los riesgos normales del proceso presupuestal.

En cuanto a la regla fiscal, recordó que el endeudamiento público viene aumentando de manera sostenida desde su implementación y que los debates sobre su cumplimiento no son nuevos. En ese contexto, advirtió que las dificultades actuales no pueden presentarse como una sorpresa que justifique la concentración de facultades excepcionales.

Tanto Ocampo como González coincidieron en que la emergencia económica decretada por el Gobierno no se sostiene ni en términos económicos ni institucionales. Para ambos, la salida a los problemas fiscales pasa por decisiones de política pública adoptadas dentro del marco constitucional ordinario, con disciplina fiscal, reglas claras y responsabilidad en el manejo del gasto, y no por el uso de mecanismos excepcionales que, lejos de resolver los desequilibrios, pueden profundizar la incertidumbre y la fragilidad institucional.