En la tarde del miércoles 28 de enero, se conoció que el Consejo Nacional Electoral (CNE) decidió no adoptar una decisión sobre la posible inhabilidad de Iván Cepeda para participar en la consulta interpartidista de la izquierda prevista para el 8 de marzo.
La sala plena del tribunal electoral resolvió conformar una comisión especial encargada de estudiar el caso, la cual estará integrada por los magistrados Fabiola Márquez, Alba Lucía Velásquez y Álvaro Echeverry, que analizarán los argumentos y antecedentes relacionados con la aspiración presidencial de Cepeda.
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La creación de este grupo de trabajo responde a la necesidad de evaluar con mayor profundidad los elementos jurídicos presentados ante el CNE.
Se informó que la decisión final sobre la participación de Cepeda en la consulta será adoptada el próximo viernes 30 de enero, una vez la comisión eleve sus conclusiones al pleno del tribunal.
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La decisión del CNE de aplazar el pronunciamiento sobre la participación de Iván Cepeda en la consulta presidencial se produce en respuesta a una serie de solicitudes de aclaración presentadas por la Registraduría Nacional, la Procuraduría y la Contraloría, así como a varias demandas contra la inscripción del senador, radicadas tras la jornada del martes 27 de enero.
Los tres magistrados, seleccionados al azar, mantendrían vínculos con el sector del petrismo: Márquez y Velásquez fueron propuestas por el Pacto Histórico en el Congreso en 2022, mientras que Echeverry, aunque nominado por Colombia Justa y Libres, asesoró la estrategia de testigos electorales de la coalición de izquierda y posteriormente fue director de democracia en el Ministerio del Interior.
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Corresponderá a este grupo determinar la ponencia que definirá si Cepeda puede ser candidato en la consulta del llamado Frente por la Vida, debido a que el plazo de inscripción finaliza el 6 de febrero.
La composición de la comisión levantó expectativas en algunos sectores sobre la posibilidad de que se avale la aspiración de Cepeda, pero se recuerda que la sala plena ha tomado decisiones contrarias al Pacto Histórico. Entre ellas, la sanción impuesta a la campaña Petro Presidente por superar los topes electorales en $3.500 millones y las condiciones impuestas a la fusión de movimientos aliados, que ahora alimentan el debate sobre la habilitación de Cepeda para la consulta.
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Además, la sala plena admitió varias demandas contra listas a la Cámara del Pacto Histórico, que también deberán resolverse antes de los comicios legislativos de 2026.
Denuncias por la supuesta inhabilidad de Iván Cepeda
En los últimos días, el CNE ha recibido múltiples solicitudes para revocar la inscripción de Iván Cepeda. Los argumentos centrales sostienen que estaría inhabilitado por haber sido elegido previamente como candidato único del Pacto Histórico y otros movimientos en la consulta de octubre.
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El exregistrador delegado Nicolás Farfán alegó que, tras ese proceso, la única vía para Cepeda sería la primera vuelta presidencial y que permitirle participar en una nueva consulta implicaría desconocer el resultado obligatorio del mecanismo anterior. Farfán criticó que la Registraduría no negara la inscripción, como sí ocurrió con Daniel Quintero, lo que según él constituye un “trato desigual injustificado”.
A estas acciones se sumó la demanda de la representante Katherine Miranda, que pidió a los magistrados que revoquen la inscripción de Cepeda, argumentando que la ley debe cumplirse en todos los casos y que no se pueden flexibilizar las normas para favorecer candidaturas.
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El senador Iván Cepeda anunció que, en caso de no ser autorizado para participar en la consulta del Frente por la Vida, presentará una acción de tutela para defender sus derechos políticos y los de los más de 2,7 millones de ciudadanos que respaldaron su candidatura. Durante un acto en Cúcuta, Cepeda denunció interpretaciones jurídicas que, a su juicio, buscan impedir su participación y la de sus seguidores en las próximas elecciones.
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