Empresa colombiana expropiada por Hugo Chávez regresaría a Venezuela tras la captura de Maduro: estos serían sus planes

Durante años, Venezuela dejó de ser una opción para las empresas colombianas y pasó a convertirse en un riesgo imposible de asumir. Expropiaciones, controles estatales y una profunda crisis económica alejaron a inversionistas que alguna vez vieron en ese país un mercado natural. Hoy, con un nuevo escenario político, la pregunta vuelve a surgir: ¿es momento de regresar?

Esa incógnita empieza a tomar forma en los planes de Grupo Argos, uno de los mayores conglomerados de infraestructura y cemento de Colombia, que analiza un eventual retorno a Venezuela tras haber sido expropiado durante el gobierno de Hugo Chávez. Así lo señaló su presidente, Jorge Mario Velásquez, en una entrevista concedida a Bloomberg en Medellín.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El interés surge luego de la salida de Nicolás Maduro del poder, un hecho que ha despertado expectativas entre empresas extranjeras que perdieron activos en Venezuela sin recibir compensación.

Sin embargo, el propio directivo advirtió que cualquier proceso de normalización será lento y estará condicionado a que se reconozcan los derechos de los inversionistas afectados.

Una planta que nunca fue compensada

El caso de Argos se remonta a 2006, cuando el gobierno de Chávez expropió una planta de Cementos Argos en Venezuela sin pagar indemnización alguna. Según explicó Velásquez a Bloomberg, la compañía nunca recibió compensación por una inversión realizada años antes bajo reglas de mercado y con respaldo legal.

Cementos Argos había ingresado al país vecino en 1997, tras adquirir mediante una subasta internacional la Corporación Cemento Andino, una planta ubicada en el estado Trujillo. La operación implicó una inversión cercana a los 350 millones de dólares y le permitió al grupo operar con una capacidad instalada de 750.000 toneladas métricas anuales.

Para la empresa, no se trató de una apuesta marginal. En su momento, Venezuela era un mercado clave para la industria cementera y para la expansión regional de compañías colombianas. La expropiación no solo frenó ese crecimiento, sino que dejó una deuda que, según el grupo, supera los 300 millones de dólares y sigue siendo un punto central en cualquier eventual negociación.

Del auge comercial al desplome

La historia de Argos es reflejo de una relación comercial mucho más amplia entre Colombia y Venezuela. Durante años, el país vecino fue uno de los principales destinos de las exportaciones colombianas y un socio estratégico para sectores como alimentos, comercio e industria.

De acuerdo con cifras del Fondo Monetario Internacional, las exportaciones de Colombia a Venezuela alcanzaron un máximo de 6.100 millones de dólares. Sin embargo, el deterioro económico y la intervención estatal provocaron un colapso abrupto. Para 2017, las ventas externas habían caído hasta apenas 320 millones de dólares.

Ese desplome marcó el retiro de numerosas empresas y profundizó la desconfianza frente al mercado venezolano. La crisis no solo afectó el comercio bilateral, sino que convirtió cualquier inversión en una decisión de alto riesgo.

Expectativa, pero con cautela

Pese al nuevo escenario político, Grupo Argos no ha tomado decisiones definitivas. Velásquez señaló que los ejecutivos del grupo aún no han viajado a Caracas, aunque existe la intención de hacerlo en el futuro. Persisten preocupaciones relacionadas con la seguridad y con la ausencia de un marco jurídico sólido que garantice la inversión privada.

El directivo también dijo observar con optimismo la postura del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha defendido los derechos de compañías extranjeras expropiadas en Venezuela, especialmente en el sector petrolero, y espera que ese mensaje se extienda a otras industrias.

Aun así, el recuerdo de experiencias pasadas pesa. Empresas colombianas como Grupo Éxito y el ingenio azucarero Ciamsa también sufrieron expropiaciones que golpearon la confianza empresarial. Por eso, aunque la posibilidad de volver a Venezuela empieza a discutirse, la decisión final dependerá de algo más que un cambio político: de si esta vez existen garantías reales para no repetir la historia.