Petro defendió la emergencia económica y lanzó dardo a los ‘megarricos’ “Tienen que devolverle la plata al pueblo”

El presidente Gustavo Petro volvió a justificar la declaratoria de emergencia económica y rechazó los cuestionamientos sobre su constitucionalidad, al asegurar que la medida responde a la obligación de que los más ricos del país paguen más impuestos para devolver recursos que, según dijo, pertenecen al pueblo.

Durante su intervención, el mandatario sostuvo que la emergencia se decreta ante el riesgo financiero que enfrenta el Estado si no se incrementa el recaudo entre los sectores de mayores ingresos. “Por lo cual, se decreta la emergencia. Es que nos van a quebrar. Si los ricos no pagan más impuesto. Que ordena la Constitución”, afirmó.

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Petro cuestionó de manera directa las críticas que señalan que el decreto sería inconstitucional y atribuyó esos señalamientos a presiones de los sectores económicos más poderosos. “Entonces, ¿de dónde sale que es inconstitucional el decreto de emergencia? ¿De dónde? Si no es de la presión de los más ricos de Colombia”, dijo.

En su discurso, el jefe de Estado fue más allá y acusó a esos sectores de negarse a aportar recursos por intereses económicos y animadversión política. “Que les cuesta por codicia y odio. Sacar cinco centavos del bolsillo. Y devolverlos”, expresó. El presidente insistió en que no se trata de una expropiación ni de un nuevo despojo, sino de una devolución de recursos públicos. “No es que se los sacamos, es que tienen que devolverlos al pueblo”, señaló.

Petro también hizo referencia al manejo de recursos públicos durante el gobierno anterior para respaldar su argumento. “Porque en el gobierno de Duque hubo billones, billones de dinero. Público”, afirmó. La defensa del mandatario se produce en medio del debate político y jurídico que generó la declaratoria de emergencia económica, mientras distintos sectores analizan sus alcances y eventuales demandas ante las altas cortes.

La oposición a la emergencia

La legalidad del decreto de emergencia económica firmado por el Gobierno quedó en entredicho tras una solicitud formal que ya llegó a la Corte Constitucional y que busca dejar sin efectos la medida adoptada por el presidente Gustavo Petro a finales de 2025.

El 26 de enero, el Consejo Gremial Nacional elevó una petición dirigida al magistrado Carlos Camargo Assis en la que pidió declarar inexequible el decreto de emergencia económica expedido en la noche del 22 de diciembre. La solicitud fue presentada por la presidenta y representante legal del gremio, Natalia Gutiérrez Jaramillo.

Uno de los ejes del reclamo está relacionado con la forma en la que el Gobierno sustentó la declaratoria. Según el documento, “el presidente de la República incurrió en vicios sustanciales en la valoración de los hechos invocados como fundamento de la declaratoria”, al considerar que estos fueron calificados de manera equivocada frente a su gravedad e inminencia.

El Consejo Gremial también cuestionó que el Ejecutivo haya acudido a una emergencia económica pese a la existencia de herramientas jurídicas ordinarias para enfrentar las dificultades señaladas por el Gobierno. En ese sentido, el escrito advierte que se desconocieron mecanismos legales distintos que habrían permitido atender la situación sin recurrir a una medida excepcional.

Otro de los argumentos centrales apunta a la validez de una de las firmas que acompañó el decreto. De acuerdo con la petición, una de las personas que lo suscribió “carecía de la competencia constitucional y legal necesaria para hacerlo, al no encontrarse válidamente investida del empleo de Ministro del Despacho al momento de su firma”.

La referencia corresponde a Irene Vélez Torres, que para esa fecha se desempeñaba como ministra encargada de Ambiente y Desarrollo Sostenible. El gremio recordó que, según la legislación vigente, un encargo ministerial tiene una duración máxima de tres meses, prorrogables por un periodo igual únicamente mediante un nuevo decreto.

Según el análisis del Consejo Gremial Nacional, el encargo de Vélez Torres se habría vencido el 5 de diciembre, es decir, tres semanas antes de la firma del decreto de emergencia económica. Además, indicó que para ese momento la Presidencia de la República no había expedido un acto administrativo que prorrogara formalmente dicho encargo.

Con esta actuación ante la Corte Constitucional, la agremiación empresarial busca que se declare la inexequibilidad del decreto y, en consecuencia, se caiga la emergencia económica decretada por el presidente Gustavo Petro.