Directora del Jardín Botánico de Medellín denunció a funcionarios de la administración Quintero: “Me estaban pidiendo un delito”

Claudia García, directora del Jardín Botánico de Medellín, fue una de las voces clave en el inicio del juicio oral por los presuntos hechos de corrupción de la administración del exalcalde Daniel Quintero Calle.

Su testimonio, rendido ante el Juzgado 10 Penal del Circuito, permitió reconstruir cómo, en medio de decisiones administrativas adoptadas en 2020, se habrían ejercido presiones indebidas para modificar la contratación del mantenimiento de las zonas verdes de la ciudad, un contrato que históricamente había estado a cargo del Jardín Botánico Joaquín Antonio Uribe.

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Según expuso García en estrados, los hechos se remontan a mayo de 2020, cuando desde la Secretaría de Infraestructura Física comenzaron a presentarse acercamientos que, en su criterio, desbordaban cualquier procedimiento regular.

La funcionaria relató que recibió una llamada de la entonces subsecretaria Jennifer Quinceno, quien le manifestó la necesidad de incluir personas específicas en la ejecución del contrato de zonas verdes.

Posteriormente, dijo haber sido contactada por la supervisora Astrid Helena Barrera, quien insistió en que se debía favorecer a terceros bajo el argumento de que “esta gente está muy endeudada y necesita poner unas personas en ese contrato”.

Ante estas solicitudes, la directora del Jardín Botánico afirmó que su respuesta fue tajante. De acuerdo con su testimonio, advirtió a sus interlocutoras que acceder a ese tipo de pedidos constituía un delito y reiteró que cualquier vinculación de personal debía realizarse por los canales institucionales y conforme a la ley.

“Eso que me estaban pidiendo es un delito en este país”, declaró García, subrayando que el Jardín Botánico no podía ser utilizado como un mecanismo para pagar favores políticos ni para beneficiar intereses particulares.

Dos días después de estos episodios, la situación dio un giro que hoy es clave para la Fiscalía. García explicó que recibió una comunicación oficial de la Secretaría de Infraestructura Física, entonces liderada por Natalia Urrego, en la que se informaba una reducción sustancial del presupuesto del contrato de mantenimiento de zonas verdes.

El monto pasó de 12.000 millones de pesos a 7.000 millones, con el argumento de que los recursos restantes serían redirigidos para atender necesidades derivadas de la emergencia sanitaria por la Covid-19.

Para la Fiscalía General de la Nación, y según lo expuesto en la audiencia, esta decisión no respondió a criterios técnicos ni a un análisis real de prioridades en medio de la pandemia.

La investigación sostiene que los cerca de 5.000 millones de pesos recortados al Jardín Botánico terminaron siendo canalizados hacia la empresa privada Reforestadora El Líbano S.A.S., a través de esquemas de contratación que hoy son objeto de juzgamiento por presunto direccionamiento y violación de los principios de transparencia y selección objetiva.

El testimonio de García resultó especialmente relevante para sustentar esta tesis. La directora sostuvo que, tras la reducción presupuestal, el Jardín Botánico perdió la capacidad operativa para mantener adecuadamente las zonas verdes de Medellín, una labor que había desempeñado durante años.

En contraste, la ejecución fue entregada a un operador privado sin la experiencia ni el arraigo institucional del ente público, lo que —según denuncias ciudadanas posteriores— derivó en un visible deterioro del estado de parques, separadores viales y áreas arborizadas de la ciudad.

En este proceso están vinculados Natalia Urrego Arias, exsecretaria de Infraestructura Física; Jorge Enrique Liévano Ospina, exgerente de Metroparques; y Luz Eliana Henao Rodríguez, representante legal de Reforestadora El Líbano.

Todos se declararon inocentes de los cargos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos, en una causa cuyo monto supera los 5.250 millones de pesos.

No obstante, para el ente acusador, las declaraciones de la directora del Jardín Botánico permiten establecer una secuencia clara entre las presiones iniciales, la negativa de la funcionaria y el posterior recorte presupuestal.

A su juicio, la afectación al contrato de zonas verdes no solo tuvo un impacto financiero, sino también ambiental y urbano, al comprometer el cuidado de espacios esenciales para la calidad de vida en la ciudad.

El juicio oral continuará con la práctica de nuevas pruebas y testimonios, pero desde ya la intervención de Claudia García se perfila como una de las piezas clave del proceso.