
Un audio en manos de inteligencia militar ha puesto en tela de juicio la gestión de los gastos reservados en el Ejército colombiano. En la grabación aparecen oficiales y suboficiales discutiendo el manejo de fondos que, según el medio, deberían destinarse a enfrentar acciones del ELN y disidencias de las Farc en Arauca.
Frases como “si hay alguno que no, entonces no se hace, es mejor así”, serían advertencia colectiva que resalta la gravedad y desencadena investigaciones oficiales, detalló Semana.
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Este caso mediático del 17 de enero del 2026 denuncia el hecho de que el dinero dado al Ejército Nacional para combatir a los grupos insurgentes en el Catatumbo se ha usado para la compra de objetos como pocillos, tabletas gráficas y actividades no bélicas con las comunidades. Además, abarcaría otros hechos de presunta corrupción.
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El diálogo divulgado muestra a integrantes de la inteligencia militar que buscaban evitar fisuras que pudieran exponer un presunto esquema de desvío de recursos. La conversación gira en torno a posibles prácticas irregulares en el uso de los fondos reservados, considerados esenciales en la lucha contra el terrorismo.

Entre los casos revelados resalta el de una recompensa de más de 500 millones de pesos por la muerte de alias Paisa Duber, identificado como mano derecha de alias Iván Mordisco.
Este pago fue justificado por la supuesta colaboración de una fuente, la cual había sido ya asesinada antes de aportar información. De acuerdo con la investigación, se utilizó una identidad falsa para reclamar el dinero.
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En otro episodio, oficiales y suboficiales en Arauca habrían construido una misión adulterando reportes oficiales para apropiarse de recursos asignados a operaciones contra ataques armados. Este periodo coincidió con el asalto del ELN a la base militar de Puerto Jordán, que causó tres soldados muertos y más de 20 heridos.
El tercer caso vincula al general Federico Mejía, entonces comandante del Cauca. Según el medio mencionado, habría autorizado el uso de gastos reservados para fines no permitidos por la normativa sobre este tipo de fondos, lo que pone en cuestión los mecanismos de control interno en las finanzas militares.
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Tras las denuncias, el Ejército Nacional comunicó la apertura de investigaciones penales, administrativas y disciplinarias.

La institución afirmó que las irregularidades informadas fueron notificadas a la Fiscalía General de la Nación y a los organismos de control. Añadió que se facilitó acceso a la información requerida, y que cada unidad militar afectada activó procesos internos para determinar responsabilidades individuales.
El contexto se agrava por la crisis humanitaria en el Catatumbo y varios municipios del Cesar. El conflicto armado llevó al Gobierno a decretar el estado de conmoción interior el 4 de enero de 2025. Desde entonces, se han registrado más de 100.000 desplazamientos, más de 130 asesinatos y al menos 160 capturas relacionadas con la violencia y la presencia de grupos ilegales, de acuerdo con Semana.
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Documentos citados por el medio indican que el Ejército Nacional recibió alrededor de $443.444 millones en fondos para fortalecer acciones en la zona. El uso de estos recursos incluyó gastos convencionales y adquisiciones no militares, como más de $1.200 millones invertidos en utensilios, camisetas, gorras, material de oficina y tecnología gráfica.
Según explicó la cúpula militar, la compra de productos como camisetas, gorras y mugs buscaba mejorar la interacción con la comunidad, en el marco de campañas para prevenir el reclutamiento forzado y la desinformación. Así se procuraba fortalecer la confianza local y facilitar el acceso a servicios sociales en Catatumbo.
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En cuanto a equipamiento militar, los datos recogidos refieren la adquisición de 1.000 drones por $24.000 millones y ocho sistemas antidrones por $54.000 millones.

La compra de armamento, munición y blindaje absorbió partidas de $140.000 millones, a lo que se suman 2.542 fusiles ACE 5.56 y 8.6 millones de cartuchos calibre 5.56, con una inversión adicional de más de $49.000 millones.
Los gastos de mando y control ascendieron a $60.000 millones, contemplando vehículos, ambulancias y una casa prefabricada para atender a desmovilizados. El rubro de gastos reservados llegó a $11.000 millones, destinados sobre todo a recompensas e inteligencia. La adquisición de radios y el alquiler de helicópteros MI-17 añadieron más de $44.000 millones al presupuesto.
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A la par de las acciones armadas, la Fuerza Armada implementó estrategias de reconstrucción social mediante operaciones humanitarias, programas educativos y alianzas interinstitucionales. Voceros citados por Semana señalaron que el objetivo fue restablecer el tejido social y mitigar el impacto de la violencia en comunidades vulnerables, a través de la entrega de ayudas, formación y actividades culturales.
Al cierre de 2025, sin embargo, persistían focos de riesgo: se registraron más de 800 nuevos desplazamientos y 1.500 personas seguían confinadas por el clima de inseguridad que afecta la región.
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