En un claro intento para evitar su participación en el debate de la reforma pensional, la Presidencia de la República presentó el lunes 26 de enero de 2026 una nueva recusación contra el titular de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez. El motivo: sus declaraciones públicas sobre la iniciativa que, según el Gobierno, fue aprobada de manera íntegra en el Congreso, pese a que existen denuncias sobre aparente ilegalidad en su trámite en su paso por la Cámara.
Con una solicitud firmada por el secretario jurídico de la dependencia estatal, Augusto Ocampo, se dejó en firme que el magistrado se aparte del análisis de la Ley 2381 de 2024, bajo el argumento de que ya manifestó una postura sobre el tema en una entrevista concedida al diario El Tiempo, el 18 de enero. “Desde junio de 2025 advertimos que la ley de pensiones tenía un vicio de trámite subsanable, pero no se subsanó”, expresó el togado en uno de los apartes.
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En la argumentación de Ocampo, la recusación se fundamenta en que Ibáñez habría opinado sobre la constitucionalidad de la reforma durante su diálogo con la periodista María Isabel Rueda. En ese orden de ideas, insistió en que una de las respuestas del togado sería suficiente para activar la causal de recusación prevista en el artículo 25 del decreto 2067, y de esta manera impedir que esté en la discusión de la referida ley.
“No puede pasarse por alto que las declaraciones del magistrado se producen en un contexto institucional particularmente sensible, en el que decisiones recientes y pronunciamientos públicos provenientes de la Corte han sido percibidos por amplios sectores de la ciudadanía como sistemáticamente adversos a las políticas, reformas y decisiones del Gobierno democráticamente elegido por el presidente Gustavo Petro Urrego”, se leyó en la solicitud.
Esta petición del Ejecutivo no pasó desapercibida, pues es actualmente el ponente del expediente sobre la reforma pensional, un proceso que se encuentra en fase de revisión tras la demanda presentada por la senadora y candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia. La reforma, considerada una de las iniciativas legislativas de mayor impacto económico y social del último año, está bajo estudio de los nueve integrantes de la Sala Plena de la Corte.
Un nuevo intento de recusación contra el magistrado Jorge Ibáñez, esta vez por la reforma pensional
Esta no es la primera vez que el Ejecutivo interpone una recusación contra el magistrado Ibáñez. En días recientes, el secretario jurídico de la Presidencia ya había solicitado que el magistrado se abstuviera de participar en la discusión sobre el decreto de emergencia económica y los impuestos a licores y tabaco, también por manifestaciones públicas consideradas incompatibles con la imparcialidad requerida; aunque el mismo Ibáñez se declaró impedido en este asunto.
Este nuevo recurso se suma a la controversia generada por las recientes intervenciones mediáticas del presidente de la Corte Constitucional. Según el Gobierno, la difusión de opiniones sobre la reforma pensional podría interpretarse como un prejuzgamiento, lo que pondría en duda su objetividad en un debate de alta sensibilidad para las finanzas públicas y la seguridad social, motivos que sustentaron la petición de que el togado no esté en la discusión.
Durante las sesiones de noviembre de 2025, la Sala Plena de la Corte Constitucional registró un empate de cuatro votos a favor y cuatro en contra respecto a la constitucionalidad de la ley, lo que llevó a la designación del abogado Carlos Pablo Márquez como conjuez. En ese sentido, solicitó recientemente la práctica de nuevas pruebas y una prórroga antes de definir su voto, cuya decisión será determinante en el caso.
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