Sistema judicial colombiano está siendo usado para hostigar a periodistas y medios de comunicación, alerta la Sociedad Interamericana de Prensa

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) alertó sobre el aumento de acciones judiciales promovidas recientemente contra periodistas y medios de comunicación en Colombia, una situación que, según la organización, está afectando el ejercicio del periodismo y el acceso de la ciudadanía a información de interés público, en un contexto marcado por denuncias de acoso legal reiterado contra comunicadores.

En un pronunciamiento público, la SIP señaló que los casos más recientes involucran a la periodista Lorena Beltrán y a la columnista Ana Bejarano Ricaurte, que enfrentan procesos judiciales derivados de su labor informativa y de opinión.

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La SIP manifestó que este tipo de acciones no se limita a controversias aisladas, sino que responde a un patrón que busca intimidar, censurar o dificultar el trabajo de periodistas y medios de comunicación. En ese sentido, advirtió que el uso reiterado de demandas y procesos judiciales genera un impacto directo en la libertad de prensa y en el derecho de la sociedad a recibir información plural y oportuna.

Caso de la periodista Lorena Beltrán

Uno de los episodios señalados por la SIP corresponde a la situación de la periodista Lorena Beltrán, quien actualmente se encuentra exiliada. Según informó la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), Beltrán enfrenta un nuevo proceso judicial que se ha extendido incluso al país donde reside actualmente.

La periodista investigó a cirujanos plásticos que presuntamente ejercían sin cumplir los requisitos legales exigidos. A raíz de esas investigaciones, ya había sido objeto de cuatro acciones de tutela interpuestas por los médicos mencionados en sus reportajes. De acuerdo con la información divulgada, el 31 de diciembre de 2025 Beltrán fue notificada de un nuevo proceso en su contra en el lugar donde reside, pese a que esa información no era de conocimiento público.

Este hecho, según se ha indicado, incrementó el temor de la periodista por su seguridad personal. La SIP incluyó este caso como un ejemplo de cómo las acciones judiciales reiteradas pueden trascender fronteras y generar un impacto prolongado en la vida y el trabajo de los comunicadores.

Acciones contra Ana Bejarano Ricaurte

Otro de los casos mencionados corresponde a la columnista Ana Bejarano Ricaurte. El candidato presidencial Abelardo de la Espriella anunció el inicio de acciones judiciales en su contra, luego de la publicación de una columna de opinión el 11 de enero.

En dicho texto, Bejarano Ricaurte cuestionó la trayectoria profesional y el discurso político del candidato, con énfasis en su relación con Alex Saab, señalado como presunto testaferro del presidente venezolano Nicolás Maduro y actualmente detenido en Estados Unidos. La SIP señaló que este anuncio se enmarca en el mismo contexto de utilización de mecanismos judiciales frente a contenidos periodísticos y de opinión sobre asuntos de interés público.

Al referirse a estos casos, el presidente de la SIP, Pierre Manigault, afirmó que “este tipo de acciones reiteradas constituyen un uso abusivo del sistema judicial con el propósito de castigar y silenciar voces críticas, así como de desalentar investigaciones y opiniones de evidente interés público”.

Manigault advirtió que “el hostigamiento judicial no solo vulnera el derecho de los periodistas a ejercer su labor sin presiones indebidas, sino que también restringe el derecho de la ciudadanía a acceder a información plural y oportuna”.

Llamado de la SIP a al sistema judicial colombiano

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Martha Ramos, se refirió a las implicaciones institucionales de este tipo de prácticas. Según señaló, “la instrumentalización del aparato judicial como mecanismo de intimidación resulta incompatible con los principios democráticos y con los estándares interamericanos en materia de libertad de expresión”.

Ramos, directora editorial de la Organización Editorial Mexicana (OEM), instó a las autoridades colombianas “a garantizar que el sistema judicial no sea utilizado para perseguir o amedrentar a periodistas, a promover salvaguardas efectivas contra el acoso judicial y a asegurar un entorno seguro y libre para el ejercicio del periodismo”. Asimismo, exhortó a jueces y fiscales “a actuar con estricto apego a los estándares internacionales sobre libertad de expresión y libertad de prensa”.

La SIP reiteró que estas acciones legales abusivas son conocidas como SLAPPs (Strategic Lawsuits Against Public Participation, por sus siglas en inglés), y que su finalidad no es la reparación de un daño legítimo, sino el desgaste emocional y económico de los periodistas, la generación de autocensura y la desincentivación de investigaciones sobre temas de interés público.

La organización recordó que la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos establece que “las presiones directas e indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales son incompatibles con la libertad de expresión”. De igual forma, la Declaración de Chapultepec de la SIP señala en su décimo principio que “ningún medio de comunicación o periodista debe ser sancionado por difundir la verdad o formular críticas o denuncias contra el poder público”.