Habló arrendador que cobró casi 100 millones de pesos por un Airbnb en Medellín

La llegada de Bad Bunny a Medellín para 3 conciertos consecutivos no solo ha significado el reencuentro del artista con miles de seguidores, sino que ha desencadenado una controversia por el aumento desmedido en los precios de alojamiento turístico en la ciudad.

La gira DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour ha convertido a la capital antioqueña en epicentro de una problemática que involucra tanto a turistas como a autoridades locales.

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El inicio de los recitales el viernes 23 de enero marcó el comienzo de un fin de semana agitado para quienes buscaban hospedaje. La demanda provocó que algunos anfitriones de plataformas como Airbnb cancelaran reservas hechas con mucha antelación y publicaran nuevas ofertas a precios nunca antes vistos en el mercado local.

Uno de los casos más llamativos ocurrió en el Parque Lleras, donde un hospedaje se ofertó por más de 98.000.000 de pesos (alrededor de USD 27.000) por cuatro noches.

El propietario, Sebastián Barrada, sostuvo ante cámaras de Telemedellín que su estrategia consistía en elevar el precio de modo “exagerado” para evitar que alguien lo reservara, sin tener que bloquear la fecha y así no arriesgarse a sanciones de la plataforma. Según sus palabras: “Lo que yo hago es que le subo el precio exageradamente para que nadie me reserve”.

La explicación del arrendador no convenció a todos. Los términos de Airbnb aclaran que el anfitrión puede bloquear fechas sin necesidad de inflar precios y que la manipulación artificial de tarifas podría acarrear sanciones.

“Como anfitrión, puede marcar como disponible cualquier fecha de su calendario, excepto aquellas correspondientes a reservaciones que haya cancelado (...) o las fechas que se encuentren bloqueadas por motivos legales o normativos”, expone la plataforma en sus políticas.

Mientras tanto, las redes sociales se inundaron de denuncias de turistas que, tras haber asegurado su estancia con meses de anticipación, vieron canceladas sus reservas y enfrentaron nuevas ofertas hasta diez veces más costosas. No solo se trató del caso de Barrada: medios locales reportaron que al menos 30 arrendadores realizaron cancelaciones de último minuto para colocar los mismos apartamentos con tarifas elevadas.

El descontento llegó rápidamente a la administración municipal. El alcalde Fico Gutiérrez fue enfático: “Esas personas que incurrieron en esas irregularidades pues aquí también de parte de la Alcaldía, una vez avancen las investigaciones, se van a dar las sanciones, lo mismo lo dijo la Superintendencia, lo mismo también lo están haciendo otras autoridades y las mismas plataformas”.

Además, precisó que la llegada de Bad Bunny representa “una oportunidad inmensa” para la economía de la ciudad, pero recalcó que la Administración de Medellín no permitirá abusos ni prácticas especulativas.

Las autoridades han habilitado canales de denuncia, como el número 301 604 44 44 y el correo atencion.ciudadana@medellin.gov.co, para que los afectados reporten irregularidades. Paralelamente, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) recordó que los prestadores de servicios turísticos deben respetar los acuerdos pactados: “Las cancelaciones unilaterales pueden dar lugar a sanciones de hasta 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, además de la obligación de compensar o reembolsar a los consumidores afectados, conforme a la Ley General de Turismo”.

En la práctica, la situación dejó en evidencia una brecha entre la legislación colombiana y las tácticas de algunos anfitriones, quienes aprovecharon el fenómeno de alta demanda para lucrar con el entusiasmo de los fanáticos. Las plataformas digitales, por su parte, enfrentan el reto de controlar prácticas abusivas y de responder a la presión de las autoridades y los consumidores.

La Ley General de Turismo en Colombia exige que todos los prestadores de alojamiento estén inscritos en el Registro Nacional de Turismo y respondan ante posibles incumplimientos. Este marco legal permite que la SIC investigue, sancione y ordene compensaciones cuando se identifican abusos, sobre todo en contextos como el de los conciertos masivos, en los que la demanda supera ampliamente la oferta.