
La decisión de suspender provisionalmente los efectos del estado de emergencia económica en Colombia, activada por el Decreto 1390 de 2025, ha amplificado la confrontación política y jurídica sobre las facultades del Gobierno de Gustavo Petro para enfrentar el déficit fiscal y sobre la legitimidad de los nuevos impuestos.
Actualmente, la propuesta es liderada por los magistrados Carlos Camargo Assis y Juan Carlos Cortés, considerando que esta medida excepcional no puede utilizarse para establecer disposiciones tributarias previamente rechazadas por el Congreso de la República.
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En paralelo a la solicitud de suspensión, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez presentó un impedimento para participar en la discusión, cuestión que debe ser resuelta en primer término por la Sala Plena antes de abordar de fondo la propuesta de Camargo.
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Mientras se resuelve dicha solicitud en el alto tribunal, diferentes sectores políticos se han pronunciado al respecto. Desde el lado del Ejecutivo cuestionaron la petición de los magistrados, asegurando que estaría en beneficio de la oposición. No obstante, otros sectores aguardan por una decisión de fondo por el tribunal que declare la suspensión de la normativa.
Ese fue el caso del exvicepresidente Germán Vargas Lleras que, por medio de su columna de opinión publicada en El Tiempo, aseguró que esta será una de las decisiones que pondrá a prueba, según él, la democracia colombiana.
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“No se trata simplemente de definir si se van a aplicar durante el 2026 una serie de impuestos confiscatorios y mal diseñados. Lo que está en juego es la posibilidad de que, por medio de un estado de excepción, el gobierno de turno pueda imponer normas que el Legislativo ha negado”, expresó el exministro de Vivienda en su escrito difundido en el diario bogotano.
No obstante, el exsenador advirtió que, en caso de que la Corte decida a favor del decreto del Gobierno Petro, “el Poder Legislativo habrá perdido su sentido y, a partir de ese momento, toda ley que sea negada podrá ser expedida mediante una declaratoria de emergencia económica”.
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Motivos para la suspensión
Desde el análisis del excandidato presidencial, la pretensión del Gobierno no solo choca directamente con la separación de los poderes públicos, sino que amenaza con diluir de facto el papel del Legislativo en la creación de normas.
Según Vargas Lleras, el argumento central de la emergencia—un desfase fiscal de $15,7 billones previsto para 2026—constituye un uso indebido de una herramienta diseñada exclusivamente para situaciones “de anormalidad extrema y sobreviniente”, como “un terremoto devastador”.
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“Ante lo excepcional, repentino e imprevisible del hecho, la Constitución faculta al Gobierno para que de manera excepcional y transitoria expida por fuera del cauce legislativo las normas que se requieran para conjurar la crisis, entre las cuales se incluye la imposición de tributos o su modificación”, explicó.
Sin embargo, Vargas Lleras argumentó que se trata de una “sorprendente” manipulación de los hechos por parte del Gobierno, el cual “aduce que tiene una serie de gastos recurrentes en cuantía de $ 15,7 billones para el 2026, que dice no ser capaz de atender por la negativa de la ley de financiamiento, y los disfraza como hechos extraordinarios, sobrevinientes, atípicos e imprevisibles, para justificar la emergencia”.
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En su opinión, esta hipótesis pierde total credibilidad frente a hechos como el contrato para la compra de aviones de combate en Suecia, cuyo valor supera los $16 billones, el aumento del salario mínimo de un 23,6 %, que implica un faltante adicional de $8 billones anuales, la firma prevista para 2025 de más de 190 mil órdenes de prestación de servicios por $8 billones y la presentación de un presupuesto para el 2026 incrementado en un 4,6 % por encima de la inflación.
“Ninguno de los hechos invocados por el Gobierno como fundamento de una presunta calamidad (...) Por el contrario, son situaciones conocidas y recurrentes, en su mayoría derivadas de problemas estructurales y crónicos que no han sido resueltos y que eran plenamente conocidos por el propio Gobierno. No existe, por tanto, ningún hecho que pueda calificarse como sobreviniente y que resulte idóneo para sustentar esta declaratoria”, indicó.
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Otras herramientas según Vargas Lleras
Así mismo, sostiene que el Ejecutivo dispone de alternativas para manejar el déficit fiscal y cumplir sus compromisos, sin apelar a medidas de excepción.
“La reducción del gasto, el control de la evasión y el contrabando, la reasignación de partidas presupuestales y la adopción de una política de estímulo al sector productivo que promueva la inversión, el crecimiento económico y un mayor recaudo tributario, entre otros, pero nada de esto se está haciendo”, comentó.
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Por último, Germán Vargas Lleras hizo un llamado a la Corte Constitucional para que se considere la suspensión del decreto de emergencia económica, aunque advirtió la posibilidad de que algunos integrantes del alto tribunal estén favoreciendo a los intereses del Ejecutivo.
“Es de esperarse que, ante la protuberante violación de nuestra Constitución, la Corte se pronuncie no solo a la mayor brevedad, sino de forma unánime, aunque ya sabemos el sentir de varios magistrados que reiteradamente vienen acogiendo las tesis de este gobierno sin importar los argumentos y las graves consecuencias para el país”, concluyó.
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