Petro usó polémica frase de “los ricos también lloran” tras desacuerdo de generadoras eléctricas por decreto que les gravará utilidades

El presidente Gustavo Petro lanzó una pulla a los empresarios de la industria energética del país luego de que algunas fuentes de este mercado emitiera contrariedades un potencial decreto del Gobierno que busca gravar a las generadoras eléctricas.

Con el contexto del controversial uso que le dio el ministro de Salud Guillermo Jaramillo a la frase “los ricos también lloran” como respuesta al momento emotivo que protagonizó el gerente del hospital San Rafael de Itagüí por crisis de salud, el presidente Gustavo Petro mandó un mensaje al sector energético.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En sus redes sociales, Petro escribió: “‘Los ricos también lloran’? No, los ricos no quieren ni un plato de sopa caliente en la mesa del pobre. Aquí dicen que es confiscatorio una tasa de un 2.5% de las utilidades de una generadora eléctrica, cuando las utilidades son verdaderas rentas de especulación extraídas de los bolsillos de todas las familias colombianas (sic)”, dijo el mandatario.

El primer dignatario se refirió a un reporte periodístico del medio económico Valora Analitk, en el que se conoció que fuentes del sector no concuerdan con la aprobación de un decreto firmado por Gustavo Petro que introduce nuevos impuestos al sector energético.

Allí, distintas voces indicaron que la medida ha provocado un clima de preocupación y debate. Advirtieron que la decisión “desalienta el interés de los inversionistas de participar en la nueva subasta que el Gobierno ha anunciado para las próximas semanas”.

El paquete de medidas excepcionales incluye gravámenes de dos tipos. El primero exige a las empresas del rubro el pago de un tributo del 2,5% sobre la utilidad antes de impuestos correspondiente al año anterior, con el objetivo de fortalecer el Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos para financiar “la intervención de empresas en crisis”.

La segunda medida establece una “contraprestación tributaria en especie”: según la nueva normativa, las compañías generadoras están obligadas a entregar un 12% de la energía vendida en bolsa durante 2026 a “empresas intervenidas”. Una parte de ese aporte podrá descontarse posteriormente del impuesto de renta.

Fue por eso que, ante la incertidumbre y las críticas, que incluso apuntan que el decreto puede ser “inconstitucional”, el presidente afirmó que “las generadoras confiscan los ingresos de la gente cuando, siendo hídricas, de costo muy barato cobran tarifas como si fueran de gas importado, 10 veces más caros. Eso sí es explotar a las familias de Colombia”.

Qué dicen las generadoras eléctricas

En el reporte del medio especializado figuró la preocupación de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen) criticó con dureza el alcance de la regulación.

En un comunicado, señaló que las disposiciones representan “una forma de expropiación” por parte del Gobierno Nacional, y advirtió que la norma genera “incertidumbre sobre cómo se tomarán las decisiones” en el futuro, lo que podría traducirse en un freno de las inversiones en el mercado local.

Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgen, indicó al medio que este es “un sector que requiere estabilidad jurídica a largo plazo” y que, durante la actual administración, ha enfrentado frecuentes cambios impositivos y varios intentos de intervención estatal, lo cual ha provocado “un deterioro en la confianza inversionista”.

Además, fuentes del sector consultadas por el mismo medio sostuvieron que los nuevos gravámenes fueron una completa sorpresa y advirtieron que sus impactos pueden tener “graves consecuencias para el país”.

Entre sus críticas, destacaron que la decisión “afecta el derecho de propiedad y la libertad de empresa, al imponer una carga económica forzosa en especie, sin base legal alguna, usurpando las funciones del Congreso y atentando contra los principios de libertad económica y neutralidad del mercado”.

Una de las mayores preocupaciones expresadas por el sector apunta al carácter focalizado de las medidas. Estas normas configuran un “salvavidas hecho a la medida para salvar a la empresa Air-e, que opera en la costa Caribe”, empresa que lleva más de dos años intervenida y bajo control directo del Ejecutivo.

Advirtieron, además, que “el problema raíz de la ‘empresa intervenida’ no es nuevo ni imprevisible, tal como lo señalan los requisitos para declarar la emergencia económica. De hecho, la empresa tiene una situación estructural que viene desde hace varios años y se ha agravado bajo la administración del mismo gobierno”.

Estos mismos actores del sector puntualizaron un punto institucional clave: cuestionaron la legalidad de los nuevos impuestos al afirmar que “se están aplicando cargas fiscales permanentes sin pasar por el Congreso, lo cual es condición fundamental para la creación de nuevos impuestos”, y calificaron la medida de una verdadera “expropiación disfrazada”.