El Centro de Estudios de Energía Renovable y el Agua (CEERA) expresó su preocupación por el impacto que podría tener el Decreto 0044, emitido por el Gobierno nacional para responder a la crisis del sistema eléctrico, sobre la inversión, la confiabilidad y la sostenibilidad del sector, en especial en lo referido a las Pequeñas Centrales Hidroeléctricas (PCH).
El gremio advirtió que, aunque entiende la urgencia de garantizar la continuidad del servicio eléctrico ante los retos actuales, las medidas adoptadas podrían desalentar el desarrollo de nuevos proyectos y aumentar la incertidumbre regulatoria.
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Según el análisis del gremio, el Decreto 0044 reconoce problemas persistentes del sistema eléctrico, como altas pérdidas técnicas y no técnicas, bajos niveles de recaudación, falta de inversión en infraestructura y la concentración de usuarios en condición de vulnerabilidad. Sin embargo, advirtió que el diseño del decreto traslada el peso financiero de la solución a los generadores de energía, imponiendo “aportes solidarios de energía” de carácter homogéneo a todos los actores del sector.
El Ceera puntualizó que este tipo de obligaciones ignora las diferencias entre tecnologías, tamaños y capacidad financiera de los productores. Señaló que quienes operan Pequeñas Centrales Hidroelé cuentan con márgenes operativos estrictos y esquemas financieros muy sensibles a los cambios regulatorios, lo que los hace particularmente vulnerables a esta clase de regulaciones.
El gremio recordó que la generación eléctrica requiere inversiones de alto capital y depende de la estabilidad regulatoria y la seguridad jurídica. Al imponer sobre el sector la responsabilidad de cubrir financieramente las deficiencias estructurales del sistema, el gobierno aumenta el riesgo asociado para los inversionistas y compromete la salud financiera de los proyectos en marcha. A criterio del CEERA, “desincentiva la inversión, afecta la bancabilidad de los proyectos y eleva el riesgo regulatorio”.
La organización insistió, según el comunicado, en la necesidad de que cualquier estrategia orientada a resolver la coyuntura preserve la capacidad de atraer inversión y mantenga tanto la confiabilidad como la seguridad energética del país.
En la parte final de su comunicado, el Ceera reiteró que está dispuesto a colaborar con las autoridades en la búsqueda de soluciones que permitan superar la crisis, pero subrayó que “resolver la emergencia del presente no puede implicar sembrar los riesgos del futuro”. Enfatizó que es fundamental que las decisiones políticas aseguren la inversión, la confiabilidad y la seguridad energética a largo plazo.
Efectos del Decreto 0044 en la sostenibilidad del sector energético
La Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), bajo la misma línea, expresó su preocupación por el impacto de nuevas obligaciones tributarias sobre la viabilidad financiera y la continuidad del servicio.
De acuerdo con Andeg, una de las principales medidas establecidas es una contribución parafiscal destinada a fortalecer el Fondo Empresarial, cuyo recaudo podría alcanzar aproximadamente $300.000.000.000. Esta obligación recae sobre las utilidades antes de impuestos de las empresas generadoras, lo que tendría un efecto inmediato en las finanzas del sector.
El gremio sostiene que esta carga adicional se suma a los pasivos vigentes, entre ellos $1,2 billones que los generadores, especialmente plantas térmicas, tienen pendientes con la empresa intervenida Air-e, y otros $500.000.000.000 adeudados en el resto de la cadena productiva.
En palabras de Alejandro Castañeda, presidente de la entidad, la política implementada en “el Decreto obliga a los generadores a contribuir al pago de su propia deuda”, situación que, según el sector, afecta la suficiencia financiera del sistema y desincentiva la inversión. Así las cosas, Castañeda calificó la norma como “confiscatoria” y señaló que “presenta serios vicios de ilegalidad, toda vez que compromete la suficiencia financiera de los agentes generadores y les traslada la carga de asumir deudas que no les corresponden”.
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