El Gobierno nacional liderado por el presidente de la República, Gustavo Petro, fue objeto de fuertes cuestionamientos por parte de Estados Unidos en el seno de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con críticas centradas en la escalada de violencia perpetrada por grupos armados, el aumento del narcotráfico y la persistente inseguridad en Colombia. Estas preocupaciones se intensifican ante la proximidad de los próximos comicios nacionales y la posibilidad de que la inestabilidad interna tenga repercusiones en toda la región.
Durante la exposición presentada en la ONU, en el contexto del más reciente informe sobre la implementación del Acuerdo de Paz, Jennifer Locetta, representante suplente para Asuntos Políticos Especiales de Estados Unidos ante el organismo, advirtió que el incremento de la violencia y el narcotráfico podría extenderse y amenazar la seguridad de los colombianos, de países vecinos y de ciudadanos estadounidenses. La funcionaria instó al Ejecutivo colombiano a atender con prioridad estas amenazas: “Pedimos al gobierno de Colombia que priorice abordar esta amenaza”, reclamó Locetta en su intervención.
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Estados Unidos incidió recientemente para reducir las competencias de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia. Tras la presentación previa del informe el 31 de octubre de 2025, la presión estadounidense derivó en la eliminación de dos atribuciones: la verificación del cumplimiento de las sentencias restaurativas que dicta la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y el monitoreo del capítulo étnico incluido en el acuerdo firmado en 2016.
Jennifer Locetta puso especial énfasis en el aumento del reclutamiento forzado de menores a manos de organizaciones criminales. Según señaló la delegada, el país habría alcanzado en 2024 unas 261.000 hectáreas de cultivos de coca y una producción significativa de cocaína, situación que, a su juicio, se ha visto facilitada por una estrategia de seguridad fallida.

La representante expuso: “El informe del Secretario General de la ONU documenta como una estrategia de seguridad fallida, caracterizada por una detención prácticamente de la erradicación, ha llevado a un incremento de la producción de cocaína y del cultivo de la planta. Esto, precisamente, le permite a estos grupos también extender el reino del terror en buena parte del país”.
En su intervención, Locetta insistió en la importancia de que el Gobierno colombiano no eluda su deber de protección: “Los Estados Unidos están preocupados por el incremento del reclutamiento forzoso de los niños por organizaciones narcoterroristas y pide al gobierno de Colombia que cumpla con su responsabilidad bajo la protección de la infancia y la seguridad para todos sus ciudadanos”.
Cabe recordar que el informe presentado cubre el periodo comprendido entre finales de septiembre y diciembre de 2025 e identifica el impacto que la violencia de los grupos armados podría tener sobre el desarrollo de las próximas elecciones. Locetta remarcó: “No puede haber impunidad para actos terroristas o violencia por parte de estos grupos armados ilegales. Ahora que Colombia se acerca a los comicios nacionales, subrayamos una vez más que la violencia política no puede tener lugar en una sociedad democrática”.
A este contexto se suma una crisis humanitaria agudizada por los desplazamientos forzados. La representante estadounidense expresó que “las políticas del gobierno de Colombia no han fomentado la seguridad; por el contrario, parecen haber facilitado lo contrario”.

La presión diplomática estadounidense también coincidió con dos acontecimientos. Por un lado, el anuncio del presidente Petro de que el país dejará de utilizar la metodología de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) para medir el área de cultivos ilícitos en Colombia. Por otro, el contacto reciente entre la canciller Rosa Villavicencio y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, previo al encuentro previsto para el 3 de febrero de 2026 entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump, cita que busca definir la futura agenda bilateral en medio de crecientes tensiones sobre la estrategia antidrogas.
Locetta resumió la posición de Washington: “El presidente Trump y el presidente Petro tienen conversaciones muy productivas, pero estamos preocupados por la falta de estabilidad, por la violencia, por el cultivo de estupefacientes y el tráfico de droga. El enfoque de la administración Petro con algunos grupos puede generar muchas preocupaciones y plantea también dudas sobre la impunidad para el terrorismo y otros crímenes graves”.
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