
La reciente escalada comercial entre Colombia y Ecuador ha sido calificada por expertos como un “partido de autogoles”, donde las medidas adoptadas por ambos gobiernos podrían terminar afectando principalmente a los ciudadanos.
María Claudia Lacouture, presidenta de AmCham Colombia, advirtió que las decisiones adoptadas hasta ahora reflejan retaliaciones contraproducentes y urgió a las autoridades a priorizar la vía institucional para evitar un impacto económico mayor.
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“La tensión entre Colombia y Ecuador ya parece un partido de autogoles: Ecuador sube 30% y se encarece sus propios insumos; Colombia responde con aranceles a 20 productos y aprieta la energía. Lo sensato es menos retaliación y más cabeza fría. El comercio es una cadena, y aquí la estamos jalando del eslabón equivocado. Y como siempre, quienes terminan pagando la cuenta son los ciudadanos”, escribió Lacouture en su cuenta de X.
La dirigente gremial agregó que “la salida más sensata y responsable es una vía institucional rápida: consultas inmediatas entre los gobiernos y, si Ecuador alega una situación excepcional, que la gestione dentro de los mecanismos de la CAN”, sugiriendo que el diálogo y los canales regionales son la mejor opción para evitar una escalada de consecuencias negativas.
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La crisis comercial se intensificó luego de que el gobierno de Daniel Noboa aplicara un arancel del 30% a productos colombianos, alegando falta de cooperación en la lucha contra el narcotráfico y la minería ilegal.
La respuesta inmediata del Gobierno colombiano fue suspender la venta de energía eléctrica a Ecuador y aplicar un gravamen equivalente del 30% a 20 productos ecuatorianos, medidas calificadas por las autoridades como proporcionales y transitorias.
El impacto económico es considerable. Colombia provee aproximadamente el 12% de la demanda eléctrica de Ecuador, y las exportaciones gravadas del país vecino suman cerca de USD 250 millones anuales.
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El Ministerio de Minas y Energía explicó que la suspensión temporal de las transacciones de electricidad busca garantizar el abastecimiento interno frente a la variabilidad climática y la disminución proyectada de energía firme en el Sistema Interconectado Nacional.
El ministro Edwin Palma sostuvo que la medida es flexible y podrá ajustarse según las condiciones climáticas y energéticas.
“Cuando se restablezcan las condiciones de seguridad energética y se reconstruya un marco de confianza y buena fe entre ambos países, Colombia estará dispuesta a retomar los intercambios eléctricos. La integración no puede construirse a costa de la soberanía ni del bienestar de nuestro pueblo”, afirmó Palma según El Colombiano.
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En el ámbito comercial, la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales Rojas, indicó que el gravamen del 30% se aplicará inicialmente a 20 productos ecuatorianos, incluyendo alimentos y materias primas de gran valor para el mercado colombiano: grasas y aceites vegetales (USD 102 millones), conservas de atún (USD 97 millones), tableros de madera (USD 75 millones) y camarón (USD 63 millones), además de minerales, metales, plásticos, cereales, papel, cartón y aparatos eléctricos.
Morales recalcó que la medida “no constituye una sanción ni una confrontación, sino una acción correctiva orientada a restablecer el equilibrio del intercambio y a proteger el aparato productivo nacional frente a distorsiones externas”.
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Lacouture enfatizó que la escalada arancelaria refleja un problema de coordinación y recordó que el comercio funciona como una cadena, donde cualquier ruptura genera efectos negativos en los eslabones menos protegidos: los ciudadanos.
El gobierno colombiano expresó su rechazo a la medida ecuatoriana, considerándola contraria a la normativa de la Comunidad Andina (CAN). Entre 2023 y 2025, la cooperación binacional produjo un aumento del 36,7% en las incautaciones de clorhidrato de cocaína en municipios fronterizos, alcanzando 195.862 kilogramos en 2025.
Además, se realizaron 91 coordinaciones conjuntas que derivaron en 26 operativos, 39 deportaciones y 25 capturas judiciales, y Colombia capacitó a 3.891 policías ecuatorianos en lucha antidrogas.
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No obstante, el presidente Noboa insistió en que el arancel busca exigir reciprocidad y acciones firmes de Colombia contra el narcotráfico y la minería ilegal. “El gravamen se mantendrá hasta que exista un compromiso real de cooperación fronteriza”, señaló en redes sociales.
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