Procuraduría entró al debate del aseo en Bogotá y le puso freno a cambios bruscos para proteger a los recicladores

Mientras Bogotá avanza hacia un eventual rediseño del modelo de aseo, las autoridades optaron por frenar cualquier salto al vacío. En medio de ese proceso, la Procuraduría General de la Nación participó en una mesa de trabajo clave en la que se definieron las reglas de una etapa intermedia pensada para evitar traumatismos en la recolección de residuos y, sobre todo, para no poner en riesgo los derechos de quienes viven del reciclaje en la ciudad.

El encuentro, que reunió a representantes del Distrito, del Gobierno nacional y de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), tuvo como eje la adopción de un régimen transitorio que mantendrá vigente, de manera temporal, el esquema actual del servicio. La decisión apunta a garantizar que la prestación del aseo no sufra interrupciones mientras se avanza hacia un nuevo modelo operativo.

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“La Procuraduría General de la Nación acompañó la adopción de un régimen transitorio para la prestación del servicio público de aseo en Bogotá, con el propósito de mantener de manera temporal el esquema actual de recolección, garantizar la continuidad del servicio y proteger los derechos de la población recicladora”, informó el ente de control en la mañana del miércoles, 21 de enero.

Uno de los puntos centrales del acuerdo fue conservar durante el periodo de transición el sistema de Áreas de Servicio Exclusivo (ASE), una figura que marcó la organización del aseo en la capital. Según explicó la Procuraduría, esta decisión se tomó como parte de una coordinación interinstitucional que busca dar estabilidad al servicio mientras se definen los cambios de fondo.

Más allá de la operación técnica, el enfoque estuvo puesto en el impacto social. Desde el Ministerio Público señalaron que mantener el esquema vigente permite evitar retrocesos en los derechos que la población recicladora ha ido consolidando a lo largo de los años, especialmente en un contexto de ajustes normativos y administrativos. La idea, insistieron, es que la transición no signifique una regresión.

“Este régimen transitorio se fundamenta en el Auto 2059 de 2025 de la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, proferido dentro del seguimiento al cumplimiento de la Sentencia T-724 de 2003, que reconoce a la población recicladora como sujeto de especial protección constitucional”, precisó la Procuraduría General de la Nación. Ese respaldo jurídico, señalaron, es clave para blindar el proceso y asegurar que cualquier modificación respete los estándares fijados por la Corte.

El ente de control también destacó su papel preventivo en este proceso. A través de espacios de diálogo técnico, promovió la construcción de un cronograma que permita ordenar la transición y coordinar a las distintas autoridades involucradas. El objetivo es que los cambios no se hagan de forma abrupta ni improvisada, sino con una hoja de ruta clara y participativa.

“En ejercicio de su función preventiva, la Procuraduría General de la Nación promovió espacios de diálogo técnico que permitieron articular un cronograma de transición con participación de la autoridad regulatoria, orientado a asegurar que cualquier ajuste futuro del esquema de aseo se realice de manera progresiva, coordinada y sin interrupciones en el servicio, garantizando la no regresividad de los derechos de los recicladores”, concluyó la entidad.

Con este régimen transitorio, Bogotá gana tiempo para replantear su modelo de aseo sin poner en juego la continuidad del servicio ni los avances logrados en la protección de una población históricamente vulnerable. La transición, al menos por ahora, será paso a paso, bajo vigilancia institucional, seguimiento ciudadano y decisiones técnicas que definan el rumbo definitivo del sistema en la capital.