La visita del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, al Hospital Universitario de Santander (HUS) marcó un punto de quiebre en la relación entre el Gobierno nacional y una de las instituciones médicas más reconocidas del país.
Durante su recorrido, acompañado del ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, Jaramillo lanzó una advertencia directa: amenazó con intervenir el hospital si no se cumplía con el acuerdo de formalización laboral del personal. El hecho provocó reacciones inmediatas y el encendió las alarmas en el sector salud.
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El funcionario sostuvo frente a las directivas del hospital, lideradas por el teniente coronel (r) Ricardo Arturo Hoyos Lanziano, que el Gobierno había girado recursos por más de $33.000 millones para la formalización de empleados y la modernización de áreas críticas como pediatría y ginecología.
“Me pidieron 12.000 millones para arreglar pediatría y ginecología y obstetricia; me pareció un poco exagerado, pero está bien, lo vamos a revisar”, expresó Jaramillo. “Eso fue lo que pidió, eso entonces el acelerador lineal con el búnker, que sumaba $21.000 millones, que eso da $33.000millones”, agregó públicamente.
Sanción económica y advertencias sobre corrupción y politiquería
La tensión escaló cuando el Ministerio de Trabajo anunció una sanción de casi $3.000 millones contra el HUS por incumplir compromisos en materia laboral. En X la entidad confirmó:
“El gobierno del presidente Gustavo Petro llega al Hospital Universitario de Santander para honrar compromisos aplazados desde 2018. Tras años de incumplimientos, MinTrabajo impuso sanción cercana a $3.000 millones y avanza la formalización: 23 cargos ya y ruta para 100 más”.
Durante su intervención, Jaramillo fue enfático al señalar que, de no cumplirse la formalización, exigirá a la institución la devolución de los recursos entregados. “Si me toca intervenir este hospital para que se cumpla el acuerdo, lo haré”, declaró.
Además, criticó lo que describió como prácticas de “corrupción y politiquería” en el manejo de los hospitales públicos: “No puede haber papeles para que lleguen los que tienen que comprometerse con determinados políticos. Los hospitales no pueden seguir siendo el nido de la corrupción y de la politiquería”, afirmó el ministro durante su visita a Bucaramanga.
Las razones del hospital y el trasfondo de la disputa
La administración del Hospital Universitario de Santander sostiene que la formalización de los contratos enfrenta obstáculos legales y financieros difíciles de superar.
Según el hospital, la imposibilidad de avanzar se relaciona directamente con el impacto económico que tendría sobre la sostenibilidad de la entidad, así como con la vigencia de la Ley de Garantías, que impide realizar cambios en la planta de personal en época electoral.
Además, señalan que los recursos mencionados por el ministro corresponden a pagos que el Gobierno debía al hospital por la atención a población migrante, y que el Estado condicionó el uso de ese dinero exclusivamente a la formalización laboral.
La gerencia advierte que el aumento del salario mínimo, el incremento en los recargos por horas nocturnas y la reducción de la jornada laboral elevaron los costos operativos.
Un hospital bajo presión, entre la excelencia y la crisis
El Hospital Universitario de Santander es considerado el hospital público más relevante de la región, con superávit financiero y altos estándares de calidad. Sin embargo, enfrenta un entorno de incertidumbre tras la amenaza de intervención.
Es de mencionar que este episodio se suma a otros recientes en los que el ministro protagonizó controversias públicas, como la frase “los ricos también lloran”, en respuesta al relato de un gerente hospitalario sobre funcionarios que no han recibido salario por deudas de las EPS intervenidas por el Gobierno.
Durante su visita a Santander, Jaramillo reiteró su postura frente a las irregularidades: “No soy el payaso de nadie. Aquí hay 2.000 trabajadores, eso no puede ser así, nos toca actuar, lo primero que debo hacer es que usted me devuelve la plata, la plata es para la formalización laboral”, exclamó.
El ministro Jaramillo cuestionó la actitud del gobernador de Santander, Juvenal Díaz, a quien acusó de ser condescendiente con el problema, aunque no anunció medidas administrativas contra la Gobernación.
Es preciso mencionar que el plazo para que la institución presente un plan sobre la tercerización y la formalización laboral vence en julio, con una multa de $2.900 millones como amenaza latente.
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