La decisión de la Fiscalía General de la Nación de retirar la imputación de cargos contra Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), ha generado preocupación no solo en la defensa de la familia de Miguel Uribe Turbay.
El anuncio que se conoció el lunes 19 de enero de 2026 modifica el curso de la investigación sobre las supuestas fallas en las medidas de protección adoptadas para el senador asesinado en 2025, y provocó la reacción de algunos dirigentes políticos, entre ellos el de la representante a la Cámara por el departamento de Arauca, Lina María Garrido (Cambio Radical).
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La congresista señaló por medio de un mensaje en su cuenta de X la mañana del martes 20 de enero: “¡Esto confirma que a la Fiscal General le toca pedir permiso antes de actuar!“ escribió Garrido para referirse a Luz Adriana Camargo y al mandatario Gustavo Petro.
“El lamentable y patético show de ayer, donde @FiscaliaCol imputa cargos al director de la Unidad Nacional de Protección y horas después los retira, confirma que al caso de #MiguelUribe le están metiendo mano para torpedear la verdad”, añadió la representante a la Cámara en su mensaje.
Más adelante, la congresista recalcó: “Recordemos que en repetidas ocasiones el mismo @petrogustavo ha intentado desviar la investigación, sembrando dudas, confundiendo a la opinión pública frente a las causas y responsables de este magnicidio”, que se perpetró el sábado 7 de junio de 2025 a manos de un sicario de 15 años que llegó hasta el parque El Golfito, ubicado en el barrio Modelia (localidad de Fontibón, occidente de Bogotá), y le disparó en tres ocasiones a Uribe Turbay.
Otras de las reacciones en contra de la decisión fue la del concejal por Bogotá Daniel Briceño.
El cabildante compartió un video acompañado de las palabras “Fiscal de bolsillo”, para calificar a Camargo.
En la grabación, Briceño afirmó: “La señora Luz Adriana Camargo es una, literalmente, fiscal de bolsillo. Miren, ayer anunciaron una Fiscalía Seccional que iban a imputar al señor director de la Unidad Nacional de Protección, el señor Augusto Rodríguez, por sus graves omisiones en el caso del asesinato de Miguel Uribe Turbay. Son evidentes las omisiones. El señor Miguel Uribe Turbay, siendo un candidato de oposición, un candidato presidencial, no recibió como tal la seguridad ni la atención real por parte de la UNP, entidad que tenía la obligación de protegerlo”.
El concejal añadió que la UNP es una “entidad a la que los colombianos les pagamos billones y billones de pesos para que protejan precisamente a esto”.
Como ejemplo, Briceño explicó que “mientras Petro era opositor, todos los gobiernos a los que se opuso lo cuidaron, le dieron toda la seguridad, le daban todo lo que se le daba la gana de pedir (...) el Gobierno lo protegió más porque era líder opositor”.
“Pero en este caso, el señor Augusto Rodríguez realizó omisiones muy graves en la protección de la vida de Miguel Uribe Turbay y por eso ayer anunciaron que lo iban a imputar. Pero lo más llamativo del caso es que a las cuatro horas exactas, la señora fiscal general de la Nación pidió retirar esa imputación porque, según ellos, había un error en la competencia de los fiscales”, argumentó en el video el cabildante distrital.
El concejal recordó la “resolución 0101, que sacó de Bogotá los casos más sonados del Gobierno Petro, como la campaña Petro 2022, el caso de Marelbys (Meza), Laura Sarabia, Benedetti y Ricardo Roa, y hasta el caso de Papá Pitufo lo sacaron de Bogotá con esa resolución de la fiscal de bolsillo de Petro para que los investiguen fiscales, no en Bogotá, no los que tienen las mayores garantías, sino fiscales de otra ciudad”.
Qué dijo el abogado defensor de la familia de Miguel Uribe Turbay luego de que la fiscal Camargo reversó la decisión
Según el abogado Víctor Mosquera, la expectativa ahora está puesta en que “la Fiscalía General de la Nación defina en el corto plazo una nueva fecha para la formulación de imputación, garantizando coherencia, continuidad investigativa y respeto por los derechos de las víctimas”, destaca el comunicado oficial.
En su pronunciamiento, Mosquera transmitió el respaldo de la familia a la labor de la Fiscalía 295 de la Unidad de Administración Pública de Bogotá, y a la fiscal encargada de la investigación.
“Confiamos en la capacidad técnica y la responsabilidad institucional del Grupo de Tareas Especiales conformado para el esclarecimiento integral de los hechos”, señala el comunicado difundido tras la decisión de la Fiscalía.
La Fiscalía había anunciado el 19 de enero de 2026 una audiencia de imputación contra Rodríguez bajo el cargo presunto de prevaricato por omisión, fundamentando la acusación en la falta de respuesta a al menos 23 peticiones realizadas por Uribe Turbay y su círculo cercano para reforzar las medidas de seguridad ante amenazas.
Según la investigación, Uribe Turbay, considerado uno de los políticos más amenazados del país, contaba únicamente con tres escoltas en el momento del atentado del 7 de junio de 2025, en Bogotá, cuando un sicario (alias Tianz) logró acercarse a poca distancia.
La defensa de la familia de Miguel Uribe Turbay, representada por Mosquera, había presentado pruebas respecto a las supuestas omisiones de la UNP en la atención de las solicitudes.
El propio Augusto Rodríguez negó irregularidades y calificó la formulación de cargos como una medida motivada políticamente, asegurando que su gestión se rigió por criterios técnicos.
A su vez y desde la Presidencia se respaldó este punto, afirmando que el proceso judicial debía desarrollarse con rigor y sin influencias externas.
La Fiscalía puntualizó al anunciar el retiro de la imputación que la decisión no implica desestimar las alertas sobre posibles fallas institucionales, sino que obedece a cambios en la organización interna vinculados a la estrategia de investigación y a la labor del Grupo de Tareas Especiales.
Se espera qué nuevas decisiones se puedan tomar a lo largo del mismo martes 20 de enero y/o en días posteriores, en nuevo caso que permea la administración Petro.
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