
Con un mensaje en sus redes sociales, el presidente de la República, Gustavo Petro, defendió el martes 20 de enero de 2026 la eliminación de la prima especial de servicios para los congresistas: determinación que empezará a regir el próximo 20 de julio; es decir, cuando se posesionen los nuevos miembros del Legislativo y que no afectaría, por ahora, a varios de sus simpatizantes en el órgano, aunque desde los sectores progresistas están de acuerdo con la medida.
“Se la pasan aprobando reformas tributarias contra los pobres y hunden las que le ponen impuestos a los ricos. Por eso creo que es muy justo reducir el salario a los congresistas”, afirmó Petro en su publicación en X, frente a la decisión que quedó formalizada en el Decreto 0030 del 20 de enero de 2026, y que representa -sin duda- un giro significativo en la política de remuneración para los miembros del Congreso, pues hará una significativa reducción en sus emolumentos.
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Con sus afirmaciones, Petro alimentó las versiones que insisten en que esto se trataría de una venganza política de su parte ante un órgano legislativo que se negó a darle vía libre a lo que desde el Ejecutivo se llamó la Ley de Financiamiento, pero que en realidad era la reforma tributaria 3.0. Una serie de tributos que el jefe de Estado sacará por vía administrativa, con la promulgación del decreto de emergencia económica, o el 1390 de 2025.
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La defensa del Estado a decisión de suprimir prima de servicios a los congresistas, a partir del 20 de julio
Por su parte, en su argumentación ante la opinión pública, el Departamento Administrativo de la Función Pública justificó la decisión al remarcar que el nivel salarial para los congresistas no corresponde a las condiciones que atraviesa Colombia. A esto agregó que, según la Corte Constitucional, este tipo de pagos no son obligatorios para el Ejecutivo, por lo que se optó por suprimirlo del ordenamiento fiscal para la próxima legislatura.

“La remuneración percibida por los congresistas resulta desproporcionada en relación con el ingreso promedio de la población y con la realidad económica del país, haciendo imposible el cierre de brechas propuesto en la Ley 2294 de 2023, ‘por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 Colombia, potencia mundial de la vida’, fue otro de los motivos con los que se procedió con el anunciado recorte, que había sido anticipado a finales del 2025.
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Este recorte implica la derogación del Decreto 2170 de 2013, que otorgaba a los congresistas una prima mensual adicional, que fue concebida inicialmente para gastos de salud y vivienda, de alrededor de $16.914.540 mensuales en 2025. De acuerdo con los nuevos cálculos, el ingreso mensual bruto pasará de más de $52 millones a unos $36 millones para los futuros congresistas, en una disminución que recibió fuertes críticas por parte de los miembros del legislativo.

“La evolución del marco constitucional, fiscal y administrativo del Estado hace necesario revisar y ajustar los componentes del régimen remuneratorio, con el fin de asegurar su coherencia con los principios de sostenibilidad fiscal, racionalidad del gasto público, transparencia y equidad”, se leyó en el decreto con el que se precisó la decisión, y que fue firmado por Mariela del Socorro Barragán, como directora de Función Pública, y el ministro de Hacienda, Germán Ávila.
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Según estimaciones oficiales, la eliminación de este pago supondrá un ahorro de más de $56.000 millones al año para las finanzas del Estado. Así pues, mientras Petro sostiene que la supresión de la prima responde a principios de equidad y responsabilidad fiscal, desde sectores contrarios se considera una medida que marca un precedente en la relación entre el poder Ejecutivo y el Legislativo, y abre la discusión sobre los privilegios de los funcionarios.
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