La representante a la Cámara Jennifer Pedraza presentó un proyecto de ley orientado a prohibir el ingreso a eventos masivos, como conciertos y partidos de fútbol, a padres y madres deudores morosos de cuota alimentaria en Colombia.
La congresista resaltó que la iniciativa parte del principio constitucional que privilegia los derechos de los niños en Colombia.
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Así mismo, la candidata al Senado también indicó que su propuesta no se limita a espectáculos deportivos y conciertos; también contempla restricciones para otros eventos con grandes concentraciones de público, y agregó que su iniciativa busca enviar un mensaje contundente sobre la coherencia entre las prioridades económicas de los padres y el bienestar de sus hijos.
“Si tiene plata para comprar una boleta para ver a su equipo del alma o a su artista favorito, también tiene plata para pagar por la alimentación de sus hijos”, afirmó la congresista en declaraciones a los medios de comunicación.
Adicionalmente, Pedraza recalcó: “No podemos permitir que padres y madres irresponsables dejen en su casa a sus hijos aguantando hambre mientras ellos se van a pasarla bueno”.
Igualmente, Jennifer Pedraza sostuvo que este mecanismo ha sido viable en otros países de la región. “Este mecanismo se ha utilizado en países como México, Argentina y Perú, y lejos de evitar que las personas vayan a los eventos, lo que ha generado es que ahora sí paguen las cuotas alimentarias. Estamos hablando además de cuotas de 200.000 pesos que en este país, lamentablemente, no se pagan”, puntualizó.
De acuerdo con la Ley 2097 de 2021, que creó el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam), el valor de la cuota oscila entre el 20% y el 35% del salario mínimo mensual, pudiendo alcanzar hasta el 50%, dependiendo del número de hijos a cargo. Con el salario mínimo de 2026, que fue de $1.750.905, este monto oscilaría entre $350.000 y $875.000.
Denuncias en Colombia
Según indicó la representante a la Cámara, la magnitud del problema es notable. De acuerdo con los reportes de la Fiscalía General de la Nación, se han registrado más de 130.000 denuncias por incumplimiento de cuota alimentaria cada año, lo que refleja un impacto nacional que afecta directamente a miles de niños, niñas y adolescentes.
Así mismo, la congresista recalcó que la iniciativa responde a lo estipulado en el artículo 44 de la Constitución Política de Colombia, el cual establece la prevalencia de los derechos de los niños y niñas.
Además, Pedraza subraya que permitir a los deudores alimentarios ocupar cargos públicos, firmar contratos estatales o gastar dinero en entretenimiento mientras incumplen sus obligaciones parentales contradice el mandato constitucional.
De acuerdo con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), citado por El Colombiano, la cuota alimentaria cubre aspectos esenciales para el desarrollo de un menor como alimentación, vivienda, vestuario, educación, salud, recreación y atención médica. También se incluyen los gastos relacionados con el embarazo y el parto cuando el menor aún no ha nacido.
Líneas generales del proyecto
El mecanismo previsto en la iniciativa obliga a los organizadores de eventos a verificar a los asistentes en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam).
Según indicó la congresista Jennifer Pedraza, los sistemas de venta de boletos deberán cruzar la base de datos del Redam con los compradores, de modo que quienes estén registrados como deudores morosos no puedan adquirir ni utilizar entradas para estos eventos.
Las sanciones contempladas van más allá de la restricción a actividades recreativas. La propuesta también prevé limitar el acceso a cargos públicos e incluye la posibilidad de afectar el historial crediticio de los deudores.
Estas medidas, según la representante, pretenden aumentar la presión social y financiera para fomentar el pago puntual de la cuota alimentaria y evitar que los morosos eludan sus responsabilidades por vías administrativas. “Los derechos de los niños y adolescentes deben prevalecer”, defendió la congresista a la prensa nacional.
De este modo, la propuesta legislativa interpelaría directamente la relación entre las prioridades individuales y la obligación de velar por la infancia, subrayando que el bienestar y los derechos básicos de los hijos no pueden subordinarse al gasto en actividades recreativas.
El proyecto de ley iniciará su trámite desde el 16 de febrero de 2026, fecha en la que se reanudarán las actividades legislativas en el Congreso.
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