Gustavo Petro advirtió sobre riesgos fiscales si se anula emergencia económica: “Nos pone en graves aprietos”

El presidente Gustavo Petro alertó que Colombia enfrenta riesgos financieros de gran envergadura ante la posible anulación del decreto de emergencia económica.

La advertencia del mandatario reside en que el hundimiento de esta medida provocaría un aumento significativo en el precio de la deuda del país y obligaría a implementar recortes en sectores prioritarios como salud y educación.

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Petro consideró que el decreto es esencial para sostener el equilibrio fiscal tras la caída en el Congreso de la ley de financiamiento, un hecho que agravó la situación presupuestaria y ocasionó el déficit primario.

“Con la caída de las leyes de financiamiento, pues se encareció mucho más el costo de la deuda y solo hemos podido controlarla con la emergencia económica, que si la tumban, pues dispara completamente el costo de la deuda y nos pone en graves aprietos”, afirmó el presidente Petro durante el consejo de ministros llevado a cabo el lunes 19 de enero.

El mandatario subrayó que, si la Corte Constitucional invalida la emergencia económica, el país entrará en una situación en la que, según sus palabras, “la deuda se vuelve impagable, es insostenible en el tiempo; es la situación en la que estamos”.

Remarcó además que el propósito fundamental de los instrumentos fiscales impulsados por su gobierno —como la ley de reforma tributaria y las leyes de financiamiento— consistía en alcanzar un superávit primario, condición que, de no cumplirse, encarecería aún más la deuda pública y agravaría el panorama para la próxima administración.

“Cada vez que avance el tiempo sin disminuir el déficit primario se agrava la situación fiscal de Colombia, encareciendo la deuda; cada vez será más cara”, afirmó Petro.

En relación con las opciones de ajuste presupuestal, Petro aseguró durante el consejo de ministros que “ya hemos recortado gastos: 16 billones de pesos”.

No obstante, advirtió que realizar nuevos recortes solamente podría aplicarse sobre partidas destinadas a la salud, educación, sueldos de soldados y policía, pensiones o al servicio de la deuda.

El presidente recordó que los pagos de deuda y el gasto social están protegidos constitucionalmente: “En relación a la deuda, la Constitución ordena que es primero que todo; eso está escrito ahí. Y en relación a pensiones, salud, educación, ordena que el gasto social no puede disminuir de año en año”.

Petro también atribuyó al expresidente Iván Duque parte de los actuales problemas económicos, acusando a su gestión de producir la devaluación del peso colombiano, lo que incrementó las obligaciones externas.

Según sus palabras, “Duque produjo la desvalorización del peso colombiano, que llegó a estar en cinco mil pesos por dólar, entonces toda la deuda en dólares se agrandó”. A la vez, insistió en que las críticas sobre un supuesto despilfarro del Estado no se corresponden con la realidad del gasto público actual.

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, aportó su perspectiva sobre la rigidez presupuestal del país, señalando que “hay 512 billones de pesos de gasto inflexible, mientras que solo el 6,3% del gasto es no inflexible para la ejecución de proyectos de inversión”.

Precisó, además, que el Presupuesto General de la Nación para 2026 registra un déficit de 16,3 billones de pesos, cifra que el Gobierno pretende solventar con la declaratoria de emergencia económica.

Ávila defendió el decreto señalando su papel para evitar que la crisis fiscal amenace el cumplimiento de derechos fundamentales: “podría ponerse en riesgo el cumplimiento de derechos fundamentales, y eso conduce a la necesidad de una emergencia económica”.

Durante el mismo consejo de ministros, Petro dirigió críticas a grandes grupos empresariales como el GEA y a banqueros, asegurando que impedirían a sus empleados acceder a salarios dignos.

Reiteró que los mayores impuestos derivados de la emergencia recaerán sobre los “megarricos”, un segmento que, según el mandatario, comprende apenas el 0,5% de la población y empresas como las de Luis Carlos Sarmiento y los Santo Domingo.

El presidente también se refirió al reciente fallo de la Corte Constitucional, que anuló la reforma tributaria que prohibía descontar regalías a las empresas mineras y petroleras. A su juicio, la sentencia favorece a grandes compañías en detrimento del patrimonio nacional: “La Corte Constitucional decidió que el pago de las regalías que hacen las carboneras, mineras y petroleras paguen un porcentaje menor, yo creo que eso es regalar nuestro patrimonio nacional a unas empresas que lo explotan”.

El decreto que establece la emergencia económica, orientado a aplicar mayores cargas impositivas y a corregir el déficit provocado por el hundimiento de las reformas oficiales, continúa en estudio en la Corte Constitucional, bajo la ponencia del magistrado Carlos Camargo.

Petro anticipó su posición ante este tribunal: “Si se cae, el mensaje de la Corte Constitucional sería que no se le puede pagar a los trabajadores el salario suficiente para que puedan vivir”.

El Gobierno sostiene que la negativa a mantener la emergencia económica precipitaría recortes inevitables en áreas como salud y educación, ante la ausencia de márgenes de maniobra sobre el gasto público.

Desde la perspectiva del Ejecutivo, la decisión final de la Corte Constitucional determinará el rumbo fiscal del país y el acceso a derechos fundamentales para millones de ciudadanos.