La Contraloría General de la República alertó que la reparación a las víctimas del conflicto armado en Colombia enfrenta un grave déficit financiero debido al incumplimiento de la antigua guerrilla de las Farc respecto a los bienes y recursos comprometidos en el Acuerdo de Paz firmado en el 2016.
Tras una revisión exhaustiva, el organismo estableció que, de los 722 bienes inmuebles reportados por la extinta organización, únicamente uno ha sido entregado de manera efectiva. Esta situación pone en riesgo la financiación de las indemnizaciones y programas de reparación pactados tras la firma del acuerdo, tal como esta consignado en los documentos de la entidad.
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La investigación de la Contraloría reveló además que el dinero en efectivo entregado por las Farc corresponde apenas al 17% del monto total prometido. Este porcentaje se distancia notablemente de las expectativas establecidas en los compromisos de reparación económica contenidos en el acuerdo, lo que representa un retroceso en los esfuerzos de restitución y justicia para las víctimas.
Según los documentos, el control sobre los recursos aportados ha demostrado cómo el avance en la entrega de propiedades, tierras y otros activos resulta notoriamente lento. A pesar de que se han reportado centenas de bienes, la materialización de estos aportes sigue siendo excepcional.
La cifra de un solo inmueble transferido de manera real es, para la Contraloría, un indicador crítico del rezago en el cumplimiento de lo pactado.
El informe señala que la insuficiencia en la recuperación de estos recursos patrimoniales limita severamente la capacidad de financiar las reparaciones ordenadas por el Acuerdo de Paz.
El componente restaurativo y reparador de las sentencias dictadas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) enfrenta un obstáculo clave para el año 2026: de los $121.858 millones de pesos que se requieren, únicamente habrá disponibles $20 mil millones de pesos.
Así lo estableció la JEP en las decisiones TP-SeRVR-RC-ST-No.001 y TP-SeRVR-RC-STNo.002 de 2025, emitidas por la Sección de Primera Instancia con Reconocimiento.
Esta diferencia presupuestal deja en evidencia la distancia entre las expectativas judiciales y la realidad financiera para el cumplimiento de las órdenes de reparación.
En dichas sentencias, la JEP también impartió instrucciones precisas a entidades públicas, tanto del nivel nacional como territorial. Dichas instituciones son responsables de garantizar las condiciones necesarias para la implementación de las medidas y de gestionar los fondos que permitan cumplirlas.
Sin embargo, hasta el momento, no existen recursos asignados en el presupuesto para ejecutar estas órdenes durante el 2026. Esta carencia de financiación limita de forma directa la posibilidad de poner en práctica las decisiones judiciales en el corto plazo.
Por otra parte, la administración de los bienes entregados por las Farc-EP fue confiada a la SAE S.A.S.. Esta entidad quedó a cargo del patrimonio autónomo destinado a la reparación.
El Gobierno Nacional designó a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) como la beneficiaria principal de estos bienes, lo que apunta a fortalecer los procesos de reparación integral para las víctimas del conflicto armado.
El órgano de control también enfatizó que el desfase financiero afecta tanto a los procesos colectivos como individuales de atención a las personas afectadas.
Las decisiones de la JEP ilustran el reto de convertir las órdenes judiciales en acciones concretas, en un escenario donde la financiación sigue siendo insuficiente frente a las demandas de justicia y reparación.
La Contraloría continuará con el seguimiento de los recursos y bienes vinculados a los compromisos de las Farc en el marco de la implementación del acuerdo, pues la persistencia en el bajo nivel de entregas compromete la credibilidad de los mecanismos diseñados para la reparación de las víctimas del conflicto armado.
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