Sindicatos acusan a Benedetti de poner en riesgo el Acuerdo de Paz al derogar decreto de garantías para exFarc

La reciente decisión del ministro del Interior, Armando Benedetti, de derogar el Decreto 301 de 2017, ha generado fuertes críticas por parte de sindicatos y organizaciones sociales que advierten un posible retroceso en la implementación del Acuerdo de Paz firmado en 2016 con las exFarc.

El Sindicato de Trabajadores de la Seguridad y la Protección por la Paz (Sintrasepaz) denunció que la medida fue adoptada sin el consentimiento de la Alta Parte Contratante ni de los miembros del partido Comunes, responsables de velar por los derechos de los excombatientes en reincorporación.

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“Un grave precedente para la implementación de la paz”, aseguraron desde el sindicato, resaltando que el gobierno actual apoyó las negociaciones en Cuba y utilizó la bandera del acuerdo como promesa de campaña.

Derogación del Decreto 301: impacto en la seguridad de excombatientes

El cambio se formalizó mediante el Decreto 0020 del 15 de enero de 2026, que según Sintrasepaz, “no tuvo en cuenta el espíritu del artículo 88 del Acuerdo Sindical – Resolución 1498 de 2024”.

El decreto afecta directamente a la Subdirección Especializada de la Unidad Nacional de Protección (UNP), encargada de diseñar y ejecutar medidas de seguridad para grupos con riesgos extraordinarios o extremos, incluidos excombatientes de las Farc, líderes sociales y firmantes de paz.

El sindicato y el Observatorio de Paz (PazEs) coinciden en que “desconectar a los firmantes como alta parte contratante de las decisiones desconoce la función consultiva de instancias vitales”, poniendo en riesgo la seguridad de la población protegida por el Decreto 299/2017.

“Recordamos a Armando Benedetti que las medidas de implementación del Acuerdo Final no pueden ser desmanteladas sin una alternativa equivalente o superior. Invitamos a generar un diálogo transparente con la población afectada directamente por sus decisiones”, expresó PazEs.

Nueva estructura de la UNP: empleo y protección

El Decreto 0020 de 2026 también establece la reestructuración de la Unidad Nacional de Protección, con 6.870 nuevos empleos, más del 10% destinados a jóvenes entre 18 y 28 años, buscando fortalecer los esquemas de protección y modernizar la gestión administrativa.

La reestructuración incluye 22 cargos directivos y asesores, 6.000 puestos para personal de protección o escoltas y 848 empleos administrativos.

El costo total supera los 740.000 millones de pesos, pero el documento oficial asegura un ahorro anual promedio de 120.000 millones, equivalente al 13% del gasto de 2025, gracias a la optimización de procesos internos.

“Esta medida busca garantizar la sostenibilidad financiera de la entidad y optimizar el uso de los recursos públicos”, indicó el Ministerio del Interior.

Además, la reestructuración contempla modificaciones en la organización interna, ajustando la planta permanente a las necesidades del servicio y al presupuesto asignado para 2026. Según análisis de El Colombiano, los cambios fortalecerán la toma de decisiones estratégicas y la supervisión de los esquemas de protección, una demanda constante de expertos y organizaciones sociales.

Contexto político y seguridad en elecciones 2026

El rediseño de la UNP llega en un contexto de alta demanda de seguridad ante las elecciones presidenciales y del Congreso de 2026, donde se discuten garantías de protección para candidatos y líderes sociales.

Aunque el decreto dignifica el empleo dentro de la UNP, sindicatos y observatorios alertan que los cambios legales sin consulta a los excombatientes ponen en inminente riesgo la seguridad de quienes firmaron el Acuerdo de Paz, generando preocupación sobre el cumplimiento de los compromisos pactados en La Habana.

“Recibimos los decretos 019 y 020 con sorpresa, ya que ponen en riesgo la seguridad de la población firmante del acuerdo, aunque reconocemos que dignifica el empleo en la UNP”, concluyeron desde Sintrasepaz.

Con esta medida, el país enfrenta un debate crucial sobre la protección de los derechos de los excombatientes y líderes sociales, en paralelo a un proceso electoral que exige garantías efectivas de seguridad y respeto por los compromisos de paz.