Justicia de Estados Unidos absolvió a la multinacional Drummond Co. de acusaciones sobre nexos con paramilitares en Colombia

Un jurado federal en Estados Unidos exoneró a Drummond Company de las acusaciones relativas a presuntos nexos con paramilitares en Colombia, y condenó a los responsables de la campaña judicial en su contra al pago de una suma extraordinaria de 256 millones de dólares por conceptos de difamación y extorsión.

La decisión fue emitida el 15 de enero por un jurado del Distrito Norte de Alabama (EE. UU.), la cual no solo absuelve a la multinacional carbonífera estadounidense, sino que establece la inexistencia de cualquier relación con grupos armados ilegales, reforzando su posición legal tras una serie de demandas que han marcado más de dos décadas de operaciones en el país sudamericano, según reveló el portal digital Notas de Actualidad.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La decisión judicial asignó a Drummond tres partidas de indemnización: 52 millones de dólares por daño moral derivado de la difamación, 68 millones de dólares por el delito de extorsión bajo la Ley RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act.) y una suma total triplicada automáticamente hasta alcanzar los 256 millones de dólares, de acuerdo con las disposiciones de la citada normativa, revelada por el medio citado.

La evidencia presentada ante el tribunal demostró que el abogado Terrence P. Collingsworth y su organización International Rights Advocates (IRAdvocates), denunciantes contra la multinacional, habrían confeccionado varias denuncias deliberadamente falsas, con el objetivo de perjudicar la reputación y los intereses comerciales de Drummond.

Según la investigación, Collingsworth, junto con el abogado colombiano Iván Alfredo Otero Mendoza y el empresario neerlandés Albert van Bilderbeek, fueron catalogados como autores de una estrategia fundamentada en pagos ilícitos que superaron los 400.000 dólares.

Dichos fondos fueron entregados a testigos como Jaime Blanco Maya y Jairo de Jesús Charris —conocido por el alias El Viejo Miguel— con la finalidad de obtener declaraciones falsas sobre la supuesta relación de la empresa con organizaciones armadas al margen de la ley.

No obstante, el jurado concluyó que tanto Collingsworth como sus colaboradores eran conscientes, o actuaron con imprudente desprecio por la verdad, de que las imputaciones carecían de fundamento, al presentarlas en comunicaciones dirigidas a terceros y en campañas mediáticas difundidas en Estados Unidos, Colombia y Europa.

“Este veredicto es una prueba más de que Drummond no tiene ni ha tenido vínculo alguno con organizaciones al margen de la ley. La compañía lleva décadas soportando señalamientos maliciosos y narrativas falsas, que un jurado ahora determinó por unanimidad que eran categóricamente falsas”, abogado defensor de la multinacional minera, bajo la firma Starnes Davis Florie.

Disputa entre Drummond y Gobierno Petro

Por este caso, también hubo una confrontación entre Drummond Company y el Gobierno colombiano, específicamente el ministro de Trabajo Antonio Sanguino, sobre el papel de las empresas multinacionales y su relación con el conflicto armado en el país sudamericano.

“La Drummond no solo financió paramilitares en Colombia: ahora pretende desafiar la soberanía y ponerse por encima de nuestra justicia. Sus dólares manchados de sangre no acallarán la verdad”, indicó en su momento el jefe de cartera en declaraciones a Semana.

Además, Sanguino amplió sus críticas al modelo económico de la compañía y su rol en la minería. “Este es el verdadero rostro del capitalismo salvaje y depredador: una empresa que se cree dueña de vidas, territorios y de las y los trabajadores colombianos”, añadió.

Al respecto, la multinacional respondió de inmediato con un comunicado en el que rechazó de manera categórica los señalamientos del funcionario colombiano.

Según la empresa, “jamás ha hecho ningún tipo de acuerdo con organizaciones al margen de la ley, y así lo demuestran los fallos a la fecha”.

Además, se dirigió directamente al funcionario. “Ministro, no se deje engañar por noticias manipuladas por un cartel de falsos testigos”, insistiendo en que ninguna de las acusaciones previas ha prosperado en tribunales nacionales ni estadounidenses y que, hasta la fecha, las decisiones judiciales respaldan su posición.

Frente al impacto reputacional y legal de estos señalamientos, la empresa ha subrayado reiteradamente su cumplimiento con las legislaciones de Colombia y Estados Unidos, así como su aporte a la generación de empleo, regalías e inversión social.

Drummond Ltd. Colombia, filial de la compañía estadounidense con sede en Birmingham, Alabama, figura entre los principales productores de carbón del país y durante varios años ha sido protagonista de debates judiciales y políticos. Las denuncias de presuntos nexos con grupos armados y cuestionamientos al modelo de explotación de recursos naturales que implementa han estado presentes recurrentemente en la agenda pública.