Irregularidades en contratos de Ecopetrol hicieron perder una millonaria fortuna a Colombia: “Se demoró para aplicar las multas”

La Contraloría alertó por deficiencias en la gestión y supervisión que impidieron la recuperación de recursos y generaron deterioro en inversiones clave en la isla de Providencia y campos del Meta

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Germán Castro, contralor delegado de Minas y Energía, indicó que $49.592 millones son del convenio para la operación del Ecoparque Solar Providencia y $36.462 millones por la falta de imposición de multas en un contrato con Morelco S.A.S. - crédito Contraloría

La Contraloría General de la República (CGR) detectó hallazgos fiscales que sobrepasan los $86.054 millones en dos contratos firmados por Ecopetrol. De esta cifra, $49.592 millones corresponden al Ecobarque Solar Providencia y $36.462 millones derivan de la ausencia de imposición de multas contractuales en un acuerdo con la empresa Morelco S.A.S. Las auditorías desarrolladas en la vigencia 2024 evidenciaron gestión fiscal irregular en estos proyectos de infraestructura energética, sin beneficios para la comunidad.

Los problemas se originan tanto en la ineficacia operativa como en la omisión de controles contractuales, lo que generó pérdidas millonarias y riesgos de deterioro en bienes públicos.

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El primer contrato implicado, por $49.592 millones, fue constituido para robustecer la infraestructura energética de la isla de Providencia. El convenio interadministrativo, suscrito en 2022 entre el Ministerio de Minas y Energía y Ecopetrol, tenía como objetivo responder a la emergencia provocada por el huracán Iota y avanzar en la transición energética nacional.

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Ecopetrol S.A. es la principal empresa de energía de Colombia, una sociedad de economía mixta y la compañía petrolera más grande del país - crédito Jaime Saldarriaga/Reuters
Ecopetrol S.A. es la principal empresa de energía de Colombia, una sociedad de economía mixta y la compañía petrolera más grande del país - crédito Jaime Saldarriaga/Reuters

No obstante, la Contraloría indicó que el Ecobarque Solar Providencia sigue sin operar de manera integral. La inactividad del parque, sumada a la exposición de equipos a condiciones ambientales adversas y a la falta de integración con el sistema de almacenamiento de energía en baterías, genera alto riesgo de obsolescencia y daño a los activos.

De igual forma, la auditoría constató el incumplimiento en la entrega del sistema de almacenamiento de energía en baterías. El componente dependía de una donación internacional gestionada por el Ministerio de Minas y Energía, pero sin garantías contractuales. A pesar de ello, Ecopetrol decidió continuar con el proyecto sin asegurar la disponibilidad del sistema esencial.

Hallazgos por más de $86.000 millones

Al respecto, el contralor delegado de Minas y Energía, Germán Castro, explicó que al hacer una auditoría de cumplimiento, encontramos dos contratos donde hubo hallazgos fiscales por más de $86.000 millones. También detalló que “ese parque solar que solucionaba todos los asuntos eléctricos, energéticos para la isla no se ha terminado y un proyecto que inició en USD7 millones aproximadamente hoy está costando USD12 millones y no está en servicio y no sabemos cuándo se podrá dar a servicio de los usuarios. Por eso consideramos que allí hay un daño fiscal de $49.000 millones”.

Ricardo Roa es el presidente de Ecopetrol y durante su gestión ha tenido que lidiar con varios escándalos - crédito Luis Jaime Acosta/Reuters
Ricardo Roa es el presidente de Ecopetrol y durante su gestión ha tenido que lidiar con varios escándalos - crédito Luis Jaime Acosta/Reuters

Asimismo, el ente de control estableció que la operación parcial del Ecobarque incumple el contrato, que exige la puesta en funcionamiento integral de la planta fotovoltaica, el sistema de almacenamiento de energía y el sistema de control. Además, se identificó falta de planeación y supervisión, tanto por el Ministerio como por Ecopetrol.

Montos asegurados que no se recuperaron

El segundo hallazgo fiscal se relaciona con el contrato entre Ecopetrol S.A. y Morelco S.A.S., por $36.462 millones. Ese valor corresponde a montos asegurados que no fueron recuperados por la omisión en imponer multas contractuales y la gestión extemporánea de garantías, pese a los incumplimientos recurrentes en campos del departamento del Meta durante 2023 y 2024. El convenio permitía que, ante incumplimientos, Ecopetrol dedujera las multas en la factura siguiente, hiciera efectiva la garantía de cumplimiento o, en caso de persistencia, diera por terminado de forma anticipada el contrato. Las auditorías evidenciaron numerosas alertas al contratista entre 2023 y 2024, las cuales no se tradujeron en sanciones oportunas por parte de Ecopetrol.

La entidad solo inició el proceso para imponer la multa y reclamar a la aseguradora en abril de 2025, meses después de la terminación del contrato y cuando la póliza ya había expirado. Esto imposibilitó la recuperación de los recursos y anuló las medidas mitigadoras a las que daba derecho el contrato.

La falta de operatividad de los activos acarrea un desgaste progresivo y el riesgo real de pérdida por obsolescencia, alertó la Contraloría - Luisa González/Reuters
La falta de operatividad de los activos acarrea un desgaste progresivo y el riesgo real de pérdida por obsolescencia, alertó la Contraloría - Luisa González/Reuters

Sobre este caso, Castro puntualizó que “esta firma le incumplió durante el 2023 a Ecopetrol con el proyecto que tenía que desarrollar en unos campos del Meta. Y Ecopetrol se demoró para aplicar las multas y garantías y por esa razón Ecopetrol dejó de recuperar unas multas equivalentes a $36.000 millones que no aplicó, pero por llegar después de vencidos los plazos para hacerlo”.

Falencias estructurales en la gestión de contratos

En la evaluación institucional, la Contraloría anotó que los hallazgos exponen falencias estructurales en la gestión contractual y supervisión. El ente concluyó que los incumplimientos, la insuficiencia de controles y los retrasos en las acciones comprometieron la recuperación de importantes sumas y el uso adecuado de los bienes públicos.

Además, las conclusiones de la auditoría fueron remitidas al área de responsabilidad fiscal, que deberá adelantar las acciones correspondientes en los contratos auditados entre Ecopetrol y sus contratistas. El proceso busca definir responsabilidades individuales y facilitar la recuperación de los recursos comprometidos.

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