La Fiscalía General de la Nación anunció que el 11 de febrero de 2026 presentará cargos contra Augusto Rodríguez, actual director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), por presuntas omisiones en la protección del senador y excandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, asesinado en Bogotá en 2025.
El ente acusador sostiene que existen comunicaciones, solicitudes y documentos que demostrarían que Rodríguez ignoró reiteradas peticiones de refuerzo en el esquema de seguridad del legislador durante los meses previos al ataque.
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La Fiscalía imputará cargos por tentativa de homicidio y prevaricato por omisión, en el desarrollo de una audiencia que marcará un hito en la justicia colombiana: por primera vez un alto funcionario del Gobierno de Gustavo Petro deberá responder ante los tribunales por el asesinato de un opositor.
Peticiones desatendidas y el trasfondo político
De acuerdo con la información divulgada por El Tiempo, la evidencia clave en el expediente incluye decenas de cartas y comunicaciones en las que Miguel Uribe Turbay solicitó formalmente el refuerzo de su esquema de escoltas, especialmente para sus actividades políticas fuera y dentro de Bogotá.
Fuentes de la investigación confirmaron que miembros del equipo del senador habían pedido a la UNP al menos en 12 ocasiones el fortalecimiento de su seguridad antes del atentado ocurrido el 7 de junio de 2025 en el parque El Golfito, en la capital colombiana.
El abogado de la familia Uribe, Víctor Mosquera, ratificó ante organismos internacionales que estas advertencias se elevaron de manera oportuna y reiterada: “Las autoridades conocían el riesgo y aún así no se tomaron medidas suficientes”, sostuvo el representante legal.
El caso trasciende el ámbito judicial y adquiere relevancia política, ya que Augusto Rodríguez es considerado parte del círculo más cercano del presidente Gustavo Petro, pasó por el Congreso y actualmente se encarga de la seguridad de altos dignatarios, expresidentes, congresistas y líderes sociales amenazados.
La imputación de cargos representa un golpe para la imagen del gobierno Petro, que enfrenta cuestionamientos sobre el manejo de la seguridad de figuras de la oposición.
La postura de la defensa y el distanciamiento con la Casa de Nariño
Augusto Rodríguez defendió su actuación y afirmó que el refuerzo solicitado por Uribe Turbay se refería exclusivamente a desplazamientos fuera de Bogotá. Rodríguez argumentó que las decisiones sobre los esquemas de protección se tomaron conforme a los procedimientos internos y negó haber incurrido en omisiones graves.
No obstante, la Fiscalía sostiene que existen elementos materiales probatorios que contradicen esa versión y que justifican la imputación. La presencia de Rodríguez en actos recientes junto al presidente Petro evidenció un aparente acercamiento tras episodios de tensión, como el caso “Papá Pitufo”.
Sin embargo, la decisión de la Fiscalía de apartar a la UNP y a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) del grupo de investigación del magnicidio refuerza las sospechas de posibles irregularidades internas, incluidas eventuales filtraciones de información, según fuentes citadas por El Tiempo.
Reacciones de las víctimas y seguimiento judicial
La firma Víctor Mosquera Marín Abogados, representante de la familia de Miguel Uribe Turbay, celebró el avance en el proceso y emitió un comunicado en el que reiteró su compromiso con la búsqueda de verdad y justicia.
“Este avance constituye un paso relevante en el esclarecimiento de las responsabilidades por el incumplimiento de los deberes de protección del Estado”, expresó la firma.
Los abogados de la parte civil resaltaron la importancia de que los hechos denunciados sean valorados en sede judicial, en un proceso que consideran fundamental para el fortalecimiento de las garantías constitucionales.
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