Procuraduría citó a la Alcaldía de Bogotá por presunto daño urbanístico que ascendería a los dos billones de pesos

La Procuraduría General de la Nación citó para el 21 de enero a la Alcaldía de Bogotá y a la Secretaría Distrital de Planeación a una audiencia de conciliación, en la que se analizará su posible responsabilidad en un presunto daño urbanístico valorado en dos billones de pesos en la localidad de Ciudad Bolívar.

El eje de la discusión será el trámite del plan parcial Ciudad Bolívar 75 - Azoteas, que según los promotores, derivó en un presunto detrimento patrimonial por errores en el procedimiento administrativo.

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El caso

La acción fue promovida por el Grupo Malkenu, desarrollador del proyecto habitacional Tierra de Gracia, que buscaba construir más de 70.000 viviendas de interés social en una de las zonas con mayor déficit habitacional del sur de la ciudad.

El conflicto surgió luego de que Malkenu radicó el 9 de diciembre de 2021 la solicitud para la formulación del citado plan parcial ante la Secretaría Distrital de Planeación. Conforme al Decreto 1077 de 2015, la administración tenía 60 días hábiles para responder, y de no hacerlo, la solicitud se consideraba aprobada mediante la figura del silencio administrativo positivo.

Vencido el plazo sin respuesta, los propietarios habrían formalizado el acto administrativo mediante escritura pública y notificaron a la Secretaría, solicitando continuar el proceso urbanístico.

La entidad respondió que sí había emitido la decisión dentro del plazo, pero los cotejos demostraron que la notificación se envió a un correo electrónico equivocado, lo que impidió a los solicitantes conocer la decisión y ejercer sus derechos de defensa.

Esta situación dejó el trámite en un limbo jurídico. Posteriormente, con la entrada en vigor del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial (POT), el suelo perdió la posibilidad de ser urbanizable para vivienda de interés social, afectando la viabilidad del proyecto y agravando el déficit de vivienda en el sur de la ciudad.

Los propietarios aseguraron, según la información compartida por el Ministerio Público, que el lote perdió más del 80% de su valor y que la ciudad dejó de contar con una solución para al menos el 30% de su déficit habitacional en esa zona.

“No atienden razones, no escuchan el evidente fundamento legal y se niegan a reconocer el hecho objetivo y palmario de que hubo un error en el procedimiento de notificación, por lo cual se le está negando a la ciudad una alternativa de solución del déficit de vivienda y, a nosotros, propietarios legítimos, el derecho a desarrollar libre empresa y al goce de la propiedad privada”, sostuvo Eduardo Romano, representante legal de Malkenu, según el documento de conciliación.

Por su parte, el abogado Rodolfo Correa interpuso una demanda de reparación directa por más de dos billones de pesos, la cual fue admitida en fase de conciliación como requisito previo. Se espera que en la diligencia citada por la Procuraduría 137 Judicial II para Asuntos Administrativos la actual secretaria de Planeación, úrsula Ablanque Mejía, plantee una alternativa legal que evite la judicialización del caso.

Según confirmó la Personería Distrital mediante un informe de advertencia, el error administrativo existió y está a punto de resolverse una solicitud de apertura de investigación. Si no se logra un acuerdo en la audiencia, el proceso podría derivar en consecuencias fiscales, judiciales y presupuestales para la administración distrital.

Según informó El Espectador en 2023, sobre este proyecto también persisten cuestionamientos ambientales, pues aunque la ciudad se regula por el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), el parque ecológico Cerro Seco mantiene un papel relevante como ecosistema. Esta área está además protegida por el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Bogotá (Pomca), bajo la autoridad de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR).