
El Estado colombiano tendría conocimiento detallado, desde 2022, sobre las operaciones de narcotráfico del Ejército de Liberación Nacional (ELN), aunque los documentos habrían quedado en el olvido y el Gobierno Petro decidió suspender capturas y otorgó estatus político al grupo armado.
De hecho, una investigación realizada por la revista Cambio, basada en documentos inéditos de inteligencia, dejó ver cómo se habría estructurado el brazo narcotraficante del ELN con presunta ayuda de gobiernos extranjeros.
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Sin embargo, la decisión del presidente en medio de su estrategia de paz total facilitó el fortalecimiento de las redes ilícitas y estructuras criminales del grupo armado, mientras que Gustavo Petro ahora concentra sus críticas en la supuesta lentitud judicial y en la Fiscalía General.
El diario nacional accedió a informes del Batallón de Inteligencia Militar 8 en Yopal, Casanare, enviados a la Fiscalía entre febrero y marzo de 2022. Estos documentos exponen cómo el ELN se habría transformado en una estructura internacional de narcotráfico, con laboratorios de cocaína en una isla de Brasil y actividades en Venezuela, especialmente en los estados de Anzoátegui y Bolívar.

De acuerdo con estos informes, la coordinación recaía en Gustavo Aníbal Giraldo, alias Pablito, líder y negociador clave del ELN. Junto a él operaban Arturo Archila Rincón (“Raúl” o “Nacho”), encargado del procesamiento de clorhidrato de cocaína y pasta base en Arauca y Venezuela, así como Gerly Sánchez Villamizar, alias Mono Gerly, responsable de los laboratorios y el almacenamiento de drogas en pistas clandestinas del sector de Puerto Páez, Venezuela.
Los archivos también mencionan el presunto respaldo de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) de Venezuela, que habría colaborado en la expansión de laboratorios y en el tránsito de cargamentos hacia el extranjero. Desde Puerto Páez, la droga salía en vehículos de lujo rumbo a Venezuela, donde habría recibido el apoyo del Cartel de los Soles, antes de continuar hacia Surinam, Brasil y México. El Cártel de Sinaloa figuraba como uno de los aliados internacionales más destacados.
En la estructura revelada, además de “Pablito” y “Mono Gerly”, destaca “El Piloto”, cuya identidad sigue sin hacerse pública y que sería familiar de Sánchez Villamizar. “El Piloto” coordinaba los envíos hacia Centroamérica y facilitaba el ingreso de dinero ilícito a Colombia utilizando casas de cambio en Bogotá y Cúcuta, con la colaboración de un contador, sobrino del principal operador.
La circulación de esta información no se limitó a un reducido círculo. Diego Molano, exministro de Defensa durante el gobierno de Iván Duque, afirmó a Cambio que siempre estuvo informado por inteligencia militar sobre la estructura narco del ELN y la consideró prioridad.
En contraste, Iván Velásquez, que lo sucedió en la cartera después de la llegada de Gustavo Petro, y actualmente embajador ante la Santa Sede, aseguró que nunca recibió esos informes ni reportes de inteligencia sobre el brazo narcotraficante del ELN. Sostuvo además que ignora en qué punto de la cadena se detuvo el flujo de información.
En agosto de 2022, al asumir la presidencia, Petro ordenó la suspensión de órdenes de captura contra los líderes del ELN y reanudó los diálogos de paz, promoviendo el reconocimiento del grupo como organización política armada rebelde.
Este cambio legal, señaló el abogado Francisco Bernate, transformó el trato judicial hacia los integrantes del ELN, permitiendo indultos, amnistías y desactivando acciones militares como los bombardeos.
La negociadora Vera Grabe defendió ante el medio nacional la caracterización política del ELN y argumentó que, más allá de sus medios de financiación, el grupo mantiene motivaciones políticas propias. Consideró que etiquetarlos solo como narcotraficantes impide que los diálogos de paz avancen hacia una solución real al conflicto.
“Etiquetarlos así puede ser popular, pero no resuelve un conflicto que requiere diferenciar las motivaciones para obtener resultados reales en los diálogos. Nuestra labor en la delegación es recuperar la negociación para abordar temas humanitarios urgentes y evitar que el proceso quede en el limbo”, comentó Grave a Cambio.
A pesar de los argumentos oficiales, los hechos documentados muestran que la suspensión de acciones y el estatus político habrían funcionado como escudo para el fortalecimiento del grupo.
La Fiscalía General de la Nación reactivó las órdenes de captura solo hasta 2025, lo que permitió la salida de dirigentes clave como “Raúl” o “Nacho” y “Mono Gerly” y el libre funcionamiento de estructuras dedicadas al lavado de activos y el tráfico de estupefacientes.
En este contexto, el señalamiento de Petro hacia la Fiscalía se contradice con la protección jurídica que su propio Gobierno otorgó, una situación, según expuso Cambio, que favoreció el fortalecimiento reciente del ELN.
Como resultado, el brazo narcotraficante del ELN expandió sus operaciones, consolidó alianzas con fuerzas y organizaciones extranjeras y canalizó recursos ilegales bajo la apariencia de una paz formal, sin que los cambios jurídicos se tradujeran en una transformación real sobre el terreno.
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