
El exrector de la Universidad de Antioquia, John Jairo Arboleda, afirmó que su salida se produjo en medio de una crisis institucional y financiera, y calificó como “ilegal, arbitraria e injusta” la resolución del Ministerio de Educación que ordenó su reemplazo.
Así lo expresó en entrevista con El Colombiano, donde expuso su versión sobre los hechos que rodearon el fin de su gestión al frente de la institución.
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Un proceso bajo presión y vigilancia inédita
De acuerdo con lo narrado por Arboleda a El Colombiano, durante casi un año anticipó que se le solicitaría la renuncia, tras una serie de señalamientos relacionados con presuntos manejos irregulares en la administración financiera de la Universidad de Antioquia. El 19 de diciembre, cuando la comunidad universitaria inició vacaciones, experimentó alivio al pensar que había superado el periodo más complejo de su carrera.
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No obstante, el 30 de diciembre, mientras viajaba con su familia, conoció la resolución del Ministerio de Educación que dispuso su reemplazo temporal por un año, prorrogable por una única vez. Según el Ministerio, Arboleda no logró cumplir un plan de mejoramiento administrativo y financiero, y además habría dificultado la labor de la inspectora in situ, una figura inédita en la historia de la universidad.
Contexto de la crisis y reforma a la Ley 30
La Universidad de Antioquia cerró el año 2025 con un déficit aproximado de $140.000 millones, una situación que, según explicó el exrector, deriva de la Ley 30 de 1992, la cual establecía que las transferencias estatales a las universidades públicas crecerían únicamente al ritmo de la inflación. Este mecanismo, según relató a El Colombiano, resultó insuficiente ante el incremento constante de los costos educativos, el aumento de estudiantes y la expansión de infraestructura.
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El gobierno nacional, presidido por Gustavo Petro, promovió una reforma para modificar este cálculo presupuestal, aunque la medida solo entrará en vigor en 2027. Arboleda sostuvo en su conversación con El Colombiano que los problemas financieros no son exclusivos de su gestión y que la crisis se arrastra desde hace casi dos décadas.

Decisiones del Consejo Superior y ambiente interno
Arboleda fue reelegido en 2024 para un tercer periodo por el Consejo Superior Universitario (CSU), integrado por representantes de los profesores, egresados, gremios, directivas, exrectores, el gobernador de Antioquia, el Ministerio de Educación y la Presidencia de la República. El exrector explicó a El Colombiano que los cambios en la composición del CSU en 2025 influyeron directamente en la evaluación de su gestión, la cual recibió una calificación de 1,75 sobre 5, muy inferior a las anteriores que superaban el 4.
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A raíz de este resultado, Giovani Caro, representante de los egresados, le solicitó la renuncia, y la relación entre Arboleda y el CSU quedó fracturada. El exrector relató que las representaciones profesorales y de egresados asumieron un rol más de auditoría que de consejería, manifestando desconfianza hacia las cifras presentadas desde la rectoría.
La regionalización y los retos presupuestales
El programa de regionalización fue uno de los ejes de la gestión de Arboleda, quien se desempeñó durante nueve años como director de ese programa antes de asumir la rectoría. La universidad amplió su presencia a nueve subregiones, con 12 campus y más de 16.000 graduados fuera de Medellín. Sin embargo, el exrector reconoció que la expansión implicó costos elevados y que “tal vez se le salió de las manos el tamaño de la regionalización”, según declaró a El Colombiano.
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En cuanto a la remuneración de los docentes, Arboleda consideró necesario establecer límites o modificar el sistema actual, regulado por el decreto 1279, que permite aumentos superiores a la inflación. “Hay que ponerles techos o hacer una modificación, o entregar los recursos que se requieren para atender eso, porque es un decreto ley que hace el Legislativo, que tiene que respaldar el Ejecutivo, pero que tiene que financiar también”, explicó en la entrevista.

Acusaciones, denuncias y defensa de su gestión
Durante los últimos meses de 2025, representantes de egresados y estudiantes denunciaron contratos millonarios en la Facultad de Ingeniería, donde se emplearon fondos especiales para programas del Ministerio TIC. Arboleda respondió que estos contratos se ajustaron a lo aprobado por el Ministerio y que los recursos fueron gestionados por la propia facultad, sin irregularidades.
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Sobre la supuesta presencia de grupos armados en la universidad, el exrector negó tener evidencia actual, aunque sí reconoció problemas de microtráfico y ventas informales, de acuerdo con lo manifestado a El Colombiano.
Decisión de renunciar y postura frente al Ministerio
Arboleda entregó su carta de renuncia el 16 de diciembre, argumentando que la resolución del Ministerio no lo destituía sino que lo reemplazaba temporalmente, situación que consideró insostenible. En la misiva, hizo un recuento de su trayectoria desde 1983 y afirmó: “La afectación personal ha llegado a su límite”. Insistió en que la decisión ministerial fue injustificada y que impugnará el acto ante las instancias correspondientes.
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A la pregunta sobre eventuales presiones para renunciar, Arboleda respondió: “No. El año 2025 fue muy difícil para mí en el relacionamiento y los temas con el Consejo Superior. Yo creo, y lo digo en la carta, que hubo una cantidad de estrategias, movimientos, bloqueos y negaciones a mi gestión”, declaración recogida por El Colombiano.
Finalmente, el exrector afirmó que no desea guardar resentimiento hacia nadie y que, en caso de que se le hubiera solicitado directamente, habría facilitado la transición para que la universidad recibiera los recursos necesarios. Mientras tanto, el Consejo Superior Universitario aún no define quién asumirá la rectoría de manera permanente.
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