Un año después del aumento de la violencia en el Catatumbo, la región afronta afectaciones profundas sobre la vida civil a raíz de la persistencia del conflicto armado y el accionar de grupos ilegales.
Al respecto, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se refirió desde su cuenta de X la mañana del sábado 17 de enero de 2026 sobre las problemáticas que la población civil ha atravesado por cuenta de los atentados en contra de la fuerza pública, y que en su mayoría recaen sobre el ELN (Ejército de Liberación Nacional).
Este mismo grupo armado ilegal fue señalado como el responsable del ataque con drones en jurisdicción del municipio de Tibú que dejó un militar muerto y cuatro heridos durante operaciones del Ejército en el Catatumbo, subregión ubicada en el departamento de Norte de Santander.
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“Estamos a un año de un delito de lesa humanidad: la muerte sistemática de campesinos en el Catatumbo solo por controlar campos de hoja de coca”, escribió Petro.
Asimismo, el jefe de Estado agregó: “Sangre del pueblo derramada por simple codicia y poder cuando se hablaba de amor eficaz, vida y paz”.
Al final, el presidente Colombiano afirmó que “los destinos diferentes de la humanidad en cierta forma se anuncian en el Catatumbo”.
“La revolución es Vida y punto”, concluyó el mandatario colombiano.
Las posibilidades de que la situación mejore en el Catatumbo: esto explicó la Defensoría del Pueblo
A pesar de la multiplicidad de testimonios y el clamor de las comunidades recogidos en los dos informes de la Defensoría del Pueblo, la solución se vislumbra lejana mientras el territorio sigue sujeto a dinámicas de desplazamientos, reclutamiento de menores y economías ilícitas que alimentan la espiral de violencia.
El ente instó al Estado colombiano a aplicar medidas estructurales con enfoque integral y sostenido para la protección de la población en el Catatumbo, según el informe Catatumbo: persistencia de la guerra y anhelos de paz, presentado en Tibú.
La Defensoría en cabeza de Iris Marín recalcó la necesidad de que las estrategias vayan más allá de la gestión de crisis urgente, para abordar las causas del conflicto y garantizar derechos básicos como acceso a salud, educación y justicia, así como condiciones para la recuperación y la paz.
Al cierre de 2025, los impactos humanitarios del conflicto se reflejaron en cifras alarmantes
Según la Unidad para las Víctimas, entre el 16 de enero y el 7 de diciembre del año pasado, 105.203 personas fueron incluidas en el Registro Único de Víctimas por desplazamiento forzado (101.587), amenazas (7.777), confinamiento (3.772) y despojo de tierras (2.948).
En palabras de la defensora del Pueblo: “Quisimos darle voz a la gente que vive en el Catatumbo, la que ha enfrentado los daños, los dolores. Los hechos narrados por la gente son crímenes internacionales”.
Los informes también detallan que, sólo en 2025, la comisión humanitaria facilitó la liberación de 121 personas secuestradas, aunque 59 permanecían en cautiverio al terminar el año.
El secuestro, según la Defensoría, afecta indistintamente a todas las capas sociales, cuyas familias viven en constante angustia.
Otro dato relevante revelado en los reportes: entre 1990 y el 31 de julio de 2025 se contabilizaron 12.610 víctimas por minas antipersonal y municiones sin explosionar en Colombia.
Norte de Santander sumó 978 víctimas, mientras que el año pasado, en municipios como Tibú, Hacarí, San Calixto y Lourdes, ocurrieron 20 eventos asociados a estos artefactos, con 22 víctimas, al menos una de ellas mortal.
La expansión de las economías ilegales, especialmente los cultivos ilícitos y las prácticas de extorsión y contrabando en Tibú, potencia el conflicto al dotar de recursos a los actores armados.
Comerciantes denunciaron la imposición de mecanismos como la carnetización obligatoria y la restricción de movimientos mediante chalecos identificativos, estrategias empleadas por los grupos para consolidar su control y financiar poblaciones a través de actividades ilegales, como la trata de personas y el tráfico de migrantes.
El reclutamiento forzado de menores de edad
Un fenómeno persistente es la utilización de niños, niñas y adolescentes por los grupos armados.
Entre enero y noviembre de 2025, el Icbf (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar) reportó la desvinculación de 49 menores de estas estructuras.
De igual forma, la Defensoría del Pueblo y la Iglesia católica colaboraron en la recuperación de adolescentes reclutados por el ELN y el Frente 33 de las disidencias de las Farc.
Los menores son reclutados mediante engaños, regalos y promesas de futuro; y trunca proyectos de vida, además de profundizar la crisis social en la zona.
La violencia basada en género también presentó cifras alarmantes.
Durante los primeros once meses de 2025 se documentaron 634 casos en Norte de Santander, incluidas situaciones de trata y violencia sexual. Mujeres y niñas enfrentan obstáculos en el acceso a la salud reproductiva y reportaron casos de explotación sexual.
El uso de drones y artefactos explosivos improvisados ha modificado el curso de la guerra
De esta forma se están transformando amplias zonas rurales en campos minados y restringiendo la movilidad y productividad de comunidades campesinas e indígenas, particularmente el pueblo Barí.
Las autoridades locales señalaron que la amenaza permanente de explosiones perpetúa el miedo entre la población y deteriora sus prácticas culturales y su bienestar emocional.
A su vez, en el ámbito político la persistencia del conflicto ha puesto en riesgo los procesos electorales de 2025 y 2026.
Tanto la Defensoría como la Misión de Observación Electoral (MOE) advirtieron que la disputa por el control territorial amenaza la seguridad de candidatos y la infraestructura electoral, en una región clave para los comicios nacionales y locales.
Las comunidades del Catatumbo exigen procesos de paz inclusivos, acceso real a derechos fundamentales y el fortalecimiento de una presencia estatal legítima e integral.
“Persisten respuestas fragmentadas, centradas en la atención básica, que dejan de lado la posibilidad real de construir soluciones duraderas desde el primer día de la crisis. Esta desconexión entre la fase de la acción humanitaria inmediata y la construcción de paz, el desarrollo, el retorno, la reubicación y las soluciones duraderas para los desplazados, pues es necesaria abordarla desde el principio para evitar que se perpetúen las causas estructurales de la vulnerabilidad”, explicó Marín.
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