Exnarcotraficantes denuncian entramado judicial que habría permitido a testaferros quedarse con bienes del narcotráfico en procesos de extinción de dominio

Una presunta red de corrupción dentro de la Fiscalía General de la Nación quedó bajo investigación tras denuncias de exnarcotraficantes que colaboraron con la justicia de Estados Unidos.

Según las acusaciones, varios fiscales e intermediarios habrían permitido que testaferros conservaran y negociaran bienes producto del narcotráfico.

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Los denunciantes aseguran que estas actuaciones ocurrieron pese a la existencia de acuerdos formales de entrega de bienes dentro de procesos de extinción de dominio, lo que abrió nuevas líneas de investigación tanto en Colombia como en el exterior.

El caso, que se tramita tanto en Colombia como en Estados Unidos, reabrió el debate sobre la transparencia en la administración de los bienes incautados y dejó a decenas de personas en un limbo jurídico tras más de una década de procesos inconclusos.

Las acusaciones, respaldadas con abundante material probatorio, derivaron en investigaciones abiertas en ambos países.

En Colombia, varios expedientes están en manos de delegados del Tribunal Superior de Bogotá y de la Dirección Especializada contra la Corrupción. En paralelo, el Departamento de Estado estadounidense recibió formalmente las denuncias y los informes aportados por los exnarcotraficantes.

Uno de los ejes del escándalo son los retrasos injustificados en los procesos de extinción de dominio. La Corte Suprema de Justicia advirtió sobre la dilación prolongada de uno de los casos emblemáticos y ordenó que se resolviera en un plazo máximo de 12 meses.

La advertencia quedó consignada en una sentencia citada por el medio Semana. Tras el pronunciamiento, el fiscal responsable del proceso ofreció disculpas públicas y negó haber actuado con intenciones irregulares.

El caso que detonó las denuncias es el denominado Macrocaso Meyendorff, una extinción de dominio que asciende a 1,2 billones de pesos y comprende cerca de 205 bienes inmuebles.

Su protagonista es Juan Fernando Álvarez Meyendorff, exnarcotraficante extraditado a Estados Unidos, que en 2017 denunció desde una prisión en Nueva York que no todos los bienes que confesó habían sido incorporados al proceso iniciado en 2013.

Según su versión, parte del patrimonio quedó en manos de testaferros con la supuesta complicidad de funcionarios judiciales. La denuncia fue radicada inicialmente ante la Fiscalía colombiana y posteriormente ante autoridades estadounidenses.

En documentos citados por el medio citado, Álvarez Meyendorff aseguró: “Denuncié el lavado de activos por parte de la Fiscalía al permitir que el testigo se quedara con los bienes producto del narcotráfico que yo confesé en Estados Unidos, permitiéndole continuar con la titularidad de estos predios, los cuales fueron vendidos y cuyo dinero fue invertido en Estados Unidos”.

Casi trece años después del gran operativo contra esa red criminal, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) administra una parte significativa de los bienes incautados, muchos de ellos en estado de abandono, deterioro o bajo custodia de depositarios.

Otro segmento del patrimonio, según las denuncias, habría sido objeto de intercambios irregulares entre testaferros y funcionarios encargados de la extinción de dominio, mientras que una tercera parte continúa en litigio.

Las declaraciones juramentadas del excapo en agosto del 2025, recogidas por la revista Cambio, elevaron el tono de las acusaciones.

En ellas, Álvarez Meyendorff afirmó que los fiscales encargados del proceso “están lavando dinero” y sostuvo que, pese a haber confesado ante autoridades de Estados Unidos el origen ilícito de sus activos y los mecanismos de blanqueo, la Fiscalía permitió que los bienes fueran vendidos para financiar testimonios en su contra.

Uno de los nombres centrales en el expediente es Juan Carlos Chalela Botero, que Álvarez Meyendorff identifica como uno de sus principales testaferros. Chalela, que fue empleado del clan entre 2007 y 2010, nunca fue procesado y hoy figura como testigo principal de la Fiscalía.

El excapo asegura que “el testimonio de Chalela fue pagado con el mismo dinero que se entregó a los Estados Unidos, con los mismos bienes”, y sostiene que varias propiedades continúan en manos de allegados suyos.

Dentro del material probatorio figura un informe elaborado por un exagente de la DEA, que identifica a presuntos testaferros que, pese a haber sido testigos de la Fiscalía, habrían terminado apropiándose de inmuebles.

Entre los casos documentados aparece un lote de 18,5 hectáreas, conocido como La Selva, ubicado en Villavicencio, que habría sido vendido por 392 millones de pesos.

El proceso judicial también impacta a varios familiares del excapo. Su hermano mayor, Ignacio Álvarez Meyendorff, fue condenado en Estados Unidos por conspiración para la distribución internacional de cocaína.

Dos sobrinos del clan recibieron sentencias en Argentina por lavado de activos, mientras que en Colombia la Fiscalía ratificó recientemente la extinción de dominio sobre 20 inmuebles y seis negocios e incluyó compulsas de copias para investigar a otros miembros de la familia.

El expediente permaneció estancado durante once años y solo se reactivó entre 2023 y 2024 con la notificación a las partes y la apertura de la fase probatoria. La Corte Suprema cuestionó la inactividad prolongada y ordenó resolver el caso en un plazo perentorio, ante la afectación de decenas de personas con bienes embargados desde 2013.