“Nefasto” y “peligroso”: advierten problemas para los colombianos si Gustavo Petro hace control de precios a las viviendas

El Gobierno de Gustavo Petro informó que no permitirá que el aumento del salario mínimo para 2026, de 23,7%, se traduzca en una escalada de precios al consumidor. El presidente señaló que los empresarios no deben trasladar el incremento salarial a los precios de bienes y servicios e, incluso, dijo que mantener o reducir los precios podría generar mayores ventas y beneficios para las empresas.

Entre las acciones adoptadas, el Gobierno desindexó 225 bienes y servicios del ajuste del salario mínimo, con el fin de evitar efectos inflacionarios automáticos. Entre estos productos se incluyen rubros básicos y servicios esenciales, con lo que se busca proteger el poder adquisitivo de los ciudadanos. Además, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, anunció la expedición de un decreto que establecerá controles de precios y la desindexación de bienes y servicios para prevenir presiones inflacionarias y prácticas especulativas asociadas al incremento del salario mínimo.

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De igual manera, el Gobierno expidió un decreto para que los topes de las viviendas de interés social (VIS) y las viviendas de interés prioritario (VIP) no tengan subida de precio con la remuneración.

Ante esto, hay preocupación en el sector. Por ejemplo, el presidente de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), Guillermo Herrera, afirmó que “el control de precios a la vivienda social planteado en el borrador de decreto del Gobierno no reduce el valor de la vivienda; por el contrario, se traduce en menos oferta y más barreras de acceso para miles de familias que quieren una vivienda digna y formal”.

Según el líder gremial, ese tipo de regulación podría dificultar el acceso a la vivienda social y limitar las opciones habitacionales para los hogares.

Medida peligrosa y nefasta

A estas advertencias se sumaron ahora las del codirector del Banco de la República Mauricio Villamizar. En diálogo con BloombergLínea, calificó la aplicación de estas medidas como “peligrosas e incluso nefastas”, por lo que insistió en que “la estabilidad de precios no se logra mediante decretos”, sino por medio de una política monetaria coherente.

Con esto, deja entrever que la posición del Banco de la República es clara ante la presión para regular los precios en la economía colombiana. Advirtió el experto que ejemplos en países de la región muestran que “las medidas de control de precios pueden ser peligrosas e incluso nefastas, aun cuando sean bien intencionadas”. Considera que apostar por controles administrativos para frenar la inflación equivale a confiar en un “fiscalismo mágico”, lo que, según él, resta efectividad a la política monetaria y expone a la economía a distorsiones significativas.

Y es que el banco central resalta que la autonomía y la credibilidad institucional son fundamentales para preservar la estabilidad de precios frente a presiones externas. Para el codirector, cualquier erosión de estos principios puede comprometer los logros obtenidos por el esquema de inflación objetivo adoptado en el país desde 2001.

Alarmas en las pequeñas empresas

El ajuste del salario mínimo, con un incremento superior al 23% previsto para 2026, encendió las alarmas entre las pequeñas empresas. Villamizar sostuvo que “para muchas pequeñas empresas es casi imposible no trasladar un aumento tan elevado del salario mínimo a los precios”. Explicó que la dinámica tiene impacto transversal: desde la administración de edificios, donde el personal es el principal costo, hasta las microempresas con márgenes mínimos de ganancia.

Asimismo, remarcó al medio que buscar una solución administrativa para contener la inflación puede desincentivar la formalidad laboral y hacer más persistente el aumento de precios. Advirtió que dichas decisiones aumentan el riesgo de informalidad y golpean la sostenibilidad de las empresas más frágiles del tejido productivo.

Entorno exigente para la economía

Mauricio Villamizar, en el análisis para Bloomberg Línea, indicó que la economía colombiana atraviesa un “entorno particularmente exigente para la política monetaria”. La meta de inflación del 3% continúa como el principal ancla institucional del banco central. Sin embargo, el codirector observa que las expectativas de inflación “se sitúan aproximadamente 1,5 puntos porcentuales por encima” de la meta oficial, incluso, antes de tener en cuenta el efecto del nuevo salario mínimo.

Destacó que los beneficios del objetivo de inflación y de un sistema financiero más profundo “suelen ser plenamente apreciados por la mayoría del público solo cuando se deterioran o se pierden”. Por ello, enfatizó en la necesidad de que la próxima Junta Directiva del Banco de la República transmita una señal fuerte para que el proceso de convergencia no se aleje de la meta prevista.

En cuanto al proceso de desindexación salarial y de precios, reconoció su carácter “lento y complejo”. Aclaró que, a pesar de eliminar regulaciones explícitas, “suelen persistir mecanismos de indexación implícitos o informales”. Señaló que “la indexación surge como un mecanismo de protección en economías de alta inflación, pero una vez establecida, tiende a hacer la inflación más persistente”. El Emisor cree que romper esta dinámica requiere tiempo y políticas profundas.

Monitoreo para evitar el costo salarial a los consumidores

Desde el Gobierno, el presidente Gustavo Petro endureció su postura sobre el control de precios luego del aumento del salario mínimo. Solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) un monitoreo estricto para evitar que las empresas trasladen de manera “irracional” el costo salarial a los consumidores. Además, Petro calificó como una “aberración económica” la indexación automática de bienes y servicios al salario mínimo y llamó a la ciudadanía a denunciar prácticas especulativas.

Siguiendo esta política, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, manifestó que el Ejecutivo está “examinando medidas de control de precios” para contener las presiones inflacionarias, trabajando junto a las carteras de Hacienda y Comercio. Señaló el líder de la cartera laboral que el objetivo es “perseguir la especulación” mediante decretos que permitan intervenir en sectores donde haya alzas injustificadas, estrategia que ha despertado inquietudes entre analistas por el riesgo de desabastecimientos.

Acciones en sentido lógico

Por su parte, la SIC, en un comunicado conjunto con el Ministerio de Vivienda, recordó que “nuestro modelo de economía social de mercado exige a los actores económicos que actúen con un sentido lógico y racional en la fijación de las condiciones de comercialización de sus bienes y servicios”. El organismo enfatizó que están prohibidos la concertación de precios, las condiciones abusivas y la influencia indebida de gremios en la determinación de los precios de mercado.

Sobre la regulación en la vivienda, la entidad explicó que mediante la Circular No. 4 de 2024, vigente a partir de febrero de 2025, las constructoras deben establecer los precios en pesos colombianos, conforme a la normativa legal. Para verificar el cumplimiento, la entidad envió requerimientos de información a más de 20 constructoras inmobiliarias.

De igual forma, informó sobre la intensificación de la vigilancia en sectores como medicamentos, donde en la actualidad supervisa el régimen de precios de 36.000 productos. Según la entidad, “la autoridad de competencia estará atenta a evaluar las distintas denuncias y quejas que puedan surgir en el marco de estas funciones”.