Este 15 de enero de 2026 se cumple un año del asesinato de una familia integrada por un bebé de nueve meses y sus padres en el municipio de Tibú, en la subregión del Catatumbo, departamento de Norte de Santander.
El hecho ocurrió sobre la vía principal que comunica a Tibú con la ciudad de Cúcuta, en el sector rural conocido como la vereda La Valera, según los registros oficiales recopilados por Semana.
De acuerdo con la información disponible, este crimen marcó el inicio de una confrontación armada sostenida entre las disidencias de las Farc y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en esta zona fronteriza del país.
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Desde entonces, el control territorial, las rutas asociadas al narcotráfico y la presencia armada han definido el panorama de seguridad en varios municipios del Catatumbo.
Las autoridades regionales han señalado que, tras ese hecho, se incrementaron los desplazamientos forzados, los confinamientos y los homicidios, afectando de manera directa a comunidades campesinas y poblaciones rurales. A corte del 13 de enero de 2026, el conflicto continúa activo, sin que se haya logrado una desescalada sostenida de la violencia.
Según el balance consolidado del Puesto de Mando Unificado de la Gobernación de Norte de Santander, se han registrado 166 homicidios en el marco de esta confrontación. De ese total, 147 corresponden a ciudadanos particulares, 10 a menores de edad, seis a firmantes del acuerdo de paz y tres a líderes sociales que desarrollaban actividades comunitarias en la región.
El reporte oficial detalla que la mayor cantidad de homicidios se concentró en Tibú, con 92 casos, seguido por Teorama con 23, El Tarra con 19 y Convención con 06. Otros municipios incluidos en el registro son Hacarí (04), San Calixto (01), Ocaña (01), El Carmen (02), Ábrego (03), Sardinata (05) y Bucarasica (01).
Además de las víctimas civiles, 19 integrantes de la Fuerza Pública han sido asesinados durante este periodo. El balance indica que 11 eran militares y ocho policías, con hechos ocurridos en municipios como Convención (01), Playa de Belén (01), Puerto Santander (01), Teorama (05), Tibú (02), Ábrego (01), El Zulia (01), La Floresta (01), Río de Oro, en el Cesar (02), y El Carmen (03).
En paralelo a los homicidios, el desplazamiento forzado se ha convertido en una de las principales consecuencias humanitarias del conflicto. Las cifras oficiales indican que 91.726 personas han sido obligadas a abandonar sus hogares en distintos puntos del Catatumbo y zonas aledañas, ante las amenazas y el control armado ejercido por los grupos ilegales.
Del total de personas desplazadas, 44.835 se encuentran actualmente en Cúcuta, mientras que 18.538 se trasladaron a Ocaña. En Tibú se contabilizan 12.384 personas desplazadas, en El Tarra 6.367, en Convención 2.296 y en San Calixto 1.098, además de otros municipios que también han recibido población proveniente de zonas rurales afectadas.
Fuentes regionales han documentado que miles de campesinos salieron de sus tierras tras recibir amenazas, particularmente en áreas donde el ELN ha consolidado presencia armada. En varios casos, las comunidades denunciaron el abandono forzado de predios productivos, lo que ha impactado la economía local y las dinámicas sociales del territorio.
En respuesta a la persistencia de la violencia, el Gobierno del presidente Gustavo Petro decretó el estado de conmoción interior en el Catatumbo, con el objetivo de adoptar medidas excepcionales en materia de seguridad y orden público. Esta decisión se produjo en medio de los enfrentamientos armados y los reportes de riesgo para la población civil.
A un año del inicio de esta confrontación, la disputa entre el ELN y las disidencias de las Farc continúa en varios corredores estratégicos de Norte de Santander. Las autoridades mantienen operativos y presencia institucional en algunos sectores, mientras el conflicto sigue generando efectos humanitarios y de seguridad en la región.
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