Petro dijo que el aumento del salario mínimo de 2026 no subió los precios de nada: “Intentan enfrentar a pobres con pobres”

El presidente Gustavo Petro defendió el incremento del salario mínimo vital y cuestionó los argumentos que lo vinculan con un aumento de precios en el país. En alocución del 14 de enero, el mandatario expuso cifras oficiales para refutar las críticas y sostuvo que la medida benefició el poder adquisitivo de los trabajadores sin provocar un alza en los costos de producción ni en la inflación.

Durante su declaración, aseguró que “han atacado el salario mínimo vital porque dicen que hace subir los precios. Así intentan enfrentar a pobres con pobres para que los trabajadores sigan ganando mal”. El jefe de Estado enfatizó que, según datos recientes, la relación entre el incremento salarial y la inflación no se corresponde con los señalamientos difundidos en algunos medios, como Caracol y RCN.

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Detalló que, desde el inicio de su gestión, el salario mínimo real creció 18% como resultado de los decretos emitidos durante su gobierno. “En diciembre de 2025, en los tres años transcurridos, creció el salario mínimo real por mis decretos de salario mínimo, 18% real”, explicó. De acuerdo con las cifras presentadas, el Ìndice de Precios al Productor (IPP), que refleja el costo promedio de la producción tanto en zonas rurales como urbanas, mostró una variación anual de -0.3% al cierre de 2024 y una caída de -2,63% en el periodo de 2024 a 2025.

Asimismo, resaltó que “sube el salario real y baja el costo de producir en Colombia y, por tanto, los precios”, con lo que desmintió la relación directa entre el alza salarial y un incremento en la inflación. Además, afirmó que la inflación descendió durante su mandato pese al aumento del salario mínimo.

“Estos son los datos que demuestran lo contrario”, señaló Petro, al reiterar su rechazo a los argumentos que, según él, buscan desinformar a la opinión pública.

Recuperación de los ingresos

Petro afirmó también que los trabajadores colombianos recuperaron parte de la participación en el ingreso nacional que perdieron en las últimas décadas. Según el mandatario, “en 1998 los trabajadores tenían el 44,5% del ingreso nacional y esa cifra descendió hasta el 38% en 2022, último año del Gobierno de Iván Duque. Hemos subido al 42%, al 43%. Estamos apenas recuperando lo que los trabajadores ya tenían y les habían quitado”.

De igual manera, detalló que, de acuerdo con datos oficiales, “en todo este tiempo le han quitado $686 billones a los trabajadores en Colombia”. Remarcó que ese cálculo se hizo “en términos constantes, o sea, en precios de hoy”, lo que representa una significativa pérdida de poder adquisitivo para la clase trabajadora.

El jefe de Estado insistió en que las políticas implementadas por su administración buscan revertir esa tendencia. “Nosotros solo estamos recuperando lo que le quitaron ya a los trabajadores”, afirmó.

Defensa del decreto del aumento del salario mínimo

Además, defendió el decreto sobre el salario mínimo y respondió a las críticas sobre un posible impacto inflacionario.

“El salario vital es una orden de la Constitución, es una orden también de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El decreto ya con 15 días de experiencia demuestra que la crítica hecha sobre que iba a disparar los precios no se demuestra”, aseguró el presidente.

Precios en Corabastos

Petro enfatizó que los precios en Corabastos, uno de los principales mercados mayoristas de alimentos del país, “están estables y durante el año pasado cayeron los precios de producción, a pesar que ya había subido el salario mínimo 18% en tres años”. De acuerdo con el mandatario, estos datos contradicen los argumentos de los que advertían sobre un aumento generalizado de los precios a raíz del alza en el salario mínimo.

“En todo este periodo, los trabajadores no solo perdieron participación en el ingreso nacional, sino también capacidad de compra”, puntualizó.

Reiteró que la recuperación del salario real es uno de los objetivos centrales de su gobierno y que las decisiones recientes apuntan a cumplir con los mandatos constitucionales y los compromisos internacionales en materia laboral.