El aumento del salario mínimo aprobado para 2026 en Colombia, equivalente a un 23%, ha generado debates sobre su impacto en la población pensionada y en la sostenibilidad de los servicios de cuidado en salud. Médicos y profesionales del sector expresaron su preocupación sobre la “desproporción” que existe entre el incremento de las pensiones y el costo de los cuidadores, advirtiendo que esta brecha podría dejar sin acceso a estos servicios a gran parte de la población que lo requiera.
Los expertos enfatizan que la falta de correspondencia entre pensiones y salario mínimo puede tener consecuencias directas sobre la salud y el bienestar de los adultos mayores. Sin los recursos necesarios para pagar cuidadores, muchos jubilados podrían enfrentar dificultades para recibir asistencia en actividades básicas de la vida diaria, monitoreo médico o terapias de rehabilitación.
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En un comunicado difundido a través de X, los médicos señalaron que “el asunto de los cuidadores en salud no es un tema de poca monta. Al existir tal desproporción entre el aumento de las pensiones y el salario mínimo legal, serán miles quienes no podrán pagarlos. La promesa de Gustavo Petro de pagarlos desde el ‘sistema de prevención’ se observa sin fundamentos y sin recursos disponibles”.
El panorama se complica aún más considerando que el ajuste de las pensiones mínimas no cubre automáticamente la totalidad de los costos asociados a los cuidadores, los cuales dependen del tipo de atención requerida y de la frecuencia del servicio. Esto podría derivar en que un número significativo de adultos mayores y población con algún tipo de discapacidad vea limitada su autonomía y calidad de vida, especialmente aquellos con necesidades de cuidado intensivo o continuo.
Por su parte, el presidente Gustavo Petro ha defendido el ajuste del salario mínimo señalando que su cálculo se basa en estudios del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) sobre el costo de la canasta básica familiar y el número promedio de trabajadores por hogar. Según el mandatario, el salario fijado corresponde al “mínimo vital” que ordena el artículo 53 de la Constitución.
Con el aumento del 23%, el salario mínimo pasará de $1’423.500 en 2025 a aproximadamente $1’750.905 en 2026. Este incremento aplica principalmente a quienes reciben pensiones mínimas, que representan cerca del 60% del total de jubilados en Colombia. La normativa pensional establece que ninguna pensión puede ser inferior al salario mínimo legal vigente, por lo que aquellos que actualmente perciben la mesada mínima verán un ajuste directo y proporcional al incremento del salario mínimo.
Sin embargo, el aumento no se refleja de igual manera en todas las pensiones. Quienes reciben mesadas superiores al mínimo dependen de la actualización por inflación para que su ingreso se ajuste, generando disparidades entre los pensionados y su capacidad para cubrir servicios de cuidado en salud.
Según los médicos, la diferencia entre el aumento del salario mínimo y los costos de los cuidadores puede generar un escenario en el que muchos adultos mayores no puedan pagar asistencia domiciliaria o acompañamiento profesional. La preocupación se centra en que el prometido “sistema de prevención” para financiar cuidadores carece de recursos disponibles y fundamentos claros, lo que aumenta la incertidumbre sobre la efectividad de la medida.
Recientemente, el presidente Petro aseguró que el próximo congreso, que será elegido en marzo, será el encargado de estudiar un proyecto de ley para establecer el salario mínimo vital en Colombia. Además, defendió su medida indicando que la Constitución de 1991 establece un sistema tributario progresivo, donde “las personas más ricas deben pagar más impuestos que los demás, para garantizar los derechos fundamentales del pueblo y la persona en el gasto público”.
Mientras el gobierno asegura que el incremento del salario mínimo garantiza un ingreso básico vital, los médicos mantienen la alerta sobre la brecha entre las pensiones y la capacidad de acceso a cuidadores, que podría limitar la atención de miles de adultos mayores y personas con alguna condición especial en salud en Colombia.
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