El Juzgado Treinta y Siete Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá desestimó la tutela presentada por Plural Comunicaciones S. A. S., operador de Canal 1, contra la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC).
La acción buscaba proteger los derechos fundamentales a la libertad de expresión, de información y de prensa, así como el derecho al debido proceso de la empresa y de sus directivos.
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La disputa se originó a raíz de una investigación de la SIC sobre una supuesta integración entre Canal 1 y Caracol Radio. Según la superintendencia, la operación equivalía a una fusión sin la autorización legal correspondiente, lo que motivó la formulación de cargos el 9 de septiembre de 2025. Por su parte, Plural Comunicaciones argumentó que no requería permiso, dado que no hubo fusión y que inicialmente la misma entidad había indicado que no era necesario; sin embargo, meses después, la SIC cambió su criterio y determinó que sí era obligatoria la autorización.
Alegatos de vulneración de derechos
En la tutela, los accionantes sostuvieron que las investigaciones y el pliego de cargos afectaron su derecho de defensa. Entre los señalamientos se incluyen “restricciones en el acceso al expediente, incorporación progresiva y extemporánea de pruebas, uso de documentos protegidos por secreto profesional, dilaciones injustificadas y divulgación de información reservada”.
Otro punto central fue que la SIC habría influido en decisiones editoriales del canal, más allá de la revisión de aspectos contractuales o financieros. Plural Comunicaciones argumentó que “las actuaciones del Ministerio de las TIC y de la SIC no constituían hechos aislados, sino que hacían parte de un contexto sistemático de hostigamiento institucional que buscaba incidir en la línea editorial y en la operación de un medio de comunicación independiente”, afectando la libertad de expresión, de información y de prensa.
La acción de tutela buscaba también garantizar la independencia del medio y proteger su concesión vigente hasta 2037, evitando que decisiones administrativas afectaran su operación y su línea editorial. La apelación permitirá que el caso sea revisado en segunda instancia, en medio de un debate nacional sobre libertad de prensa y seguridad jurídica de los medios.
Sin embargo, el juzgado señaló que la tutela no era el mecanismo adecuado para resolver este conflicto, ya que los accionantes no demostraron haber agotado los recursos administrativos y judiciales disponibles y tampoco acreditaron la existencia de un “perjuicio irremediable” que justificara la intervención inmediata de un juez.
El caso ha reavivado el debate sobre la libertad de prensa en Colombia y el papel del Estado en la regulación de los medios. Analistas señalan que la incertidumbre sobre la concesión de Canal 1 podría afectar la confianza de inversionistas y la estabilidad del sector. Con la apelación, el Tribunal de Cundinamarca será el encargado de determinar si las actuaciones estatales afectan garantías constitucionales básicas y la seguridad jurídica del medio.
Mientras se resuelve el proceso, Canal 1 aseguró que continuará operando con normalidad y defendiendo el ejercicio libre del periodismo, al tiempo que mantiene la expectativa sobre un fallo que podría sentar precedentes sobre la relación entre el Gobierno y los medios de comunicación en Colombia.
Tras conocer el fallo, Canal 1 anunció que presentará una impugnación ante el Tribunal de Cundinamarca. La compañía calificó la decisión como “un segundo round judicial para defender la continuidad del canal y la libertad de prensa”. Además, aseguró que la sentencia de primera instancia no abordó los derechos fundamentales de Plural Comunicaciones ni los riesgos que enfrenta la operación del canal, dejando abierta la posibilidad de nuevas vulneraciones.
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